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Mientras la propaganda oficial asegura que en Nicaragua cada año se construyen miles de casas, el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) no ha logrado construir las 18,660 viviendas de interés social que desde 2020 le financia el BCIE. Incluso, ahora el Instituto de Previsión Social Militar del Ejército (IPSM) se sumó a la Alcaldía de Managua para ejecutar el proyecto.
El IPSM ejecuta recursos de un préstamo otorgado por el BCIE y, aunque tiene empresas constructoras, subcontrató a otra para que construya las casas.
Antes del inicio de la crisis sociopolítica que aún afecta al país, la construcción de viviendas de interés social era un negocio del sector privado. Lo realizaban mayoritariamente las empresas aglutinadas en la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR), que también institucionalizó una feria que tenía varias ediciones anuales. En ella los desarrolladores presentaban sus proyectos y la banca la oferta crediticia.
El Estado también se apoderó de esta feria, en los últimos años ha tratado de celebrarla regularmente, para promover mayoritariamente las viviendas que ofrece la Alcaldía de Managua.
Solo Franchini Palacios S.A. presentó oferta
Hace pocos días, el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) le entregó a la empresa Franchini Palacios S.A. la construcción de 27 viviendas de interés social en la Urbanización Andrés Castro, de Granada. Esta empresa, al parecer, se creó recientemente, ya que la única referencia de ella que existe en internet es su inscripción como contratista o beneficiaria del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Además, fue la única que presentó ofertas en el proceso de Licitación Pública Nacional número 02-2026 que publicó el IPSM a finales de marzo y terminó el 16 de abril.
En la licitación, el IPSM se identificó como «una entidad auxiliar que gestiona recursos para llevar a cabo proyectos de construcción o mejoramiento de viviendas a familias receptoras de subsidios». Y como responsable del proceso de adquisición estableció que la elección de la empresa que construiría las viviendas se realizaría «de acuerdo con los procedimientos del BCIE».
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Según el acuerdo administrativo de adjudicación, además de ser la única oferta que recibieron, «se ajustó sustancialmente al documento base de licitación» y a las normas para la aplicación de la política para la obtención de bienes, obras, servicios y consultorías con recursos del BCIE.
Invur ha ejecutado menos de la mitad del crédito
El monto del contrato adjudicado a Franchini Palacios S.A. es de 243,000 dólares, es decir, que el valor de la construcción de cada vivienda de interés social es de 9,000 dólares. La empresa tiene un plazo de 150 días calendario (unos cinco meses) para entregar las casas que, según las especificaciones del contrato, tienen un área de construcción de 42 metros cuadrados. El monto del contrato no incluye los 36,450 dólares que tendrían que pagarse en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que el Estado de Nicaragua exonerará esa obligación fiscal.
Se desconoce el valor de venta que tendrán las casas de la Urbanización Andrés Castro de Granada y el mecanismo de elección de los beneficiarios. El proyecto incluye un total de 54 casas, pero en esta primera fase el IPSM solo licitó la construcción de la mitad de las viviendas.
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En el documento, el IPSM detalla que para desarrollar este proyecto suscribió un contrato con el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), que es el órgano ejecutor del préstamo número 2245 por 171.65 millones de dólares que el BCIE le aprobó a Nicaragua en 2020.
Dicho crédito, según su ficha técnica, es para financiar «soluciones habitacionales dignas y seguras» para 18,660 familias. De ese total, 7,000 familias provendrían de la extrema pobreza y recibirían un subsidio completo a las casas con un costo no mayor de 7,000 dólares por vivienda. Las otras 11,600 familias serán beneficiadas con una combinación de crédito y subsidio en condiciones favorables.
Otros gastos del proyecto
El BCIE aprobó ese crédito en abril de 2020, en plena pandemia de covid-19 y el plazo para el primer desembolso se venció el 8 de septiembre de 2021, pero antes del vencimiento el BCIE lo amplió por un año. En julio de 2022, realizó el primer desembolso y al 22 de julio de 2026, es decir cuatro años después, según información divulgada en el sitio web del banco, todavía están pendientes de desembolsar 16.05 millones de dólares.
Además, según el plan de adquisiciones, entre 2022 y 2025 se licitaron 543 obras, de las cuales 13 se declararon fracasadas y 32 desiertas. Al cierre del año pasado, 384 obras estaban en ejecución, veinte en evaluación, 25 en curso y se tenía previsto iniciar 69 obras. En total, habían invertido 72.09 millones de dólares en la construcción de las casas.
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El Invur también destinó 1.92 millones de dólares en un fideicomiso que administre, formalice y recupere los créditos otorgados a los beneficiarios de las viviendas. En consultorías a firmas pagó 3.60 millones de dólares y en consultorías individuales 1.04 millones; en gastos administrativos y adquisición de bienes 402,028 dólares; y en logística para talleres de capacitación y divulgación de la política de vivienda de interés social invirtió 90,640 dólares.
Estos gastos, junto a los de las obras de construcción, totalizaron 79.17 millones de dólares. Es decir, que pese al amplio déficit habitacional del país que ronda un millón de viviendas, entre nuevas y mejoradas, en cuatro años el Invur ejecutó menos de la mitad del crédito, que es de 171.65 millones de dólares.
