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La Policía y funcionarios del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) desalojaron a centenares de personas que desde inicios de julio excavaban de forma artesanal en una veta de oro descubierta en el río Amayón, también conocido como Sinecapa, en Santa Rosa del Peñón, León.
El operativo puso fin a la denominada «fiebre del oro», un fenómeno que atrajo a buscadores desde distintos departamentos del país y que ahora genera opiniones encontradas en redes sociales.
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El desalojo ocurrió luego de varias semanas en que cientos de personas llegaron al cauce del río para extraer material aurífero de manera improvisada. Según testigos, los agentes advirtieron que cualquier persona que reingresara para extraer material sería arrestada.
En horas de la mañana del martes 28 de julio, oficiales con chalecos que decían Auxilio Judicial y antimotines recorrieron el lugar y ordenaron a la gente retirarse.
La fiebre minera comenzó a principios de julio, cuando el hallazgo de una veta de oro se viralizó en redes sociales y provocó la llegada de personas desde Managua, Chinandega, Bonanza y otras zonas del país, con la esperanza de encontrar oro y obtener ingresos rápidos.
Uno de los usuarios de TikTok relató que incluso tenía organizado un viaje con decenas de personas: «Mañana yo iba a salir de aquí de Managua con un camión con unas 50 personas para allá».
Reacciones a favor
Aunque el desalojo generó inconformidad entre algunos mineros artesanales, en redes sociales también surgieron voces que respaldaron la actuación de las autoridades.
Un usuario aseguró que el sitio había dejado de beneficiar a quienes realmente buscaban trabajar: «Está bueno que lo hayan cerrado, viejo, porque ahí solo ya se habían adueñado de ahí, no tenían por qué adueñarse… Ya solo era beneficio entre los mismos». El mismo participante añadió: «Ahorita vengo de allá, está cerrado. Ahí no hay qué hacer», concluyó.
Otros defendieron el procedimiento policial al considerar que existían riesgos para las personas debido a que las excavaciones se realizaban dentro del cauce del río: «La Policía llegó tranquila y le dijo: ‘Bueno, hasta hoy, desalojen todo tranquilo'».
Otro de los participantes afirmó: «Hay que ser claros, la Policía llegó a actuar como se debe… desalojó tranquilamente, con respeto a la gente… Es un río y ahí podía haber una mortandad… Ahí está protegido por la ley».
También hubo quienes señalaron que el lugar se había convertido en un foco de desorden: «Llegaron un montón de alagartados de otras comunidades, abrieron una cantina y todo se maleó».
Tampoco faltaron reacciones en contra, internautas que lamentaron que el desorden creado en la zona fuese el argumento principal para cerrar la veta: «Con toda el hambre que hay allí, hubo gente que estaba resolviendo».
Otro usuario dijo: «Ya sabíamos lo que iba a pasar, el Gobierno cree que el oro le pertenece, no están interesados en salvar ningún río, solo van a entregar a las mismas empresas de la zona», criticó. En el lugar quedaron sacos apilados y la advertencia de no volver.
Una fiebre que duró semanas
De acuerdo con testimonios recogidos por LA PRENSA anteriormente, el descubrimiento de la veta provocó una auténtica fiebre del oro en Santa Rosa del Peñón.
En cuestión de días llegaron centenares de personas para cavar túneles improvisados en la ribera del río, muchos de ellos sin experiencia minera y sin medidas de seguridad, impulsados por el alto precio internacional del oro y la esperanza de encontrar una piedra con suficiente mineral para cambiar su situación económica.
El crecimiento acelerado de la actividad generó preocupación por el riesgo de derrumbes, accidentes y daños ambientales en el cauce del río, factores que finalmente derivaron en la intervención de las autoridades.
Antecedentes ambientales
La zona del río Amayón o Sinecapa no es ajena a conflictos ambientales. Desde hace más de dos décadas, LA PRENSA documentó denuncias sobre la contaminación provocada por actividades extractivas cerca del afluente.
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En reportajes publicados en el año 2000, autoridades municipales advirtieron que los sedimentos y minerales provenientes de una mina de yeso amenazaban la biodiversidad y afectaban a comunidades que dependen del río como fuente de agua, por lo que solicitaron la intervención del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales de Nicaragua.
