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Seis días después de que el dictador Daniel Ortega declaró que no habrá elecciones en Nicaragua, la presidenta de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum, sigue sin pronunciarse. El silencio de la mandataria contrasta con la posición del coordinador de su partido Ricardo Monreal, quien calificó ante medios mexicanos como un despropósito lo dicho por el dictador nicaragüense.
Monreal es el coordinador del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados de México. El 22 de julio indicó al diario mexicano La Crónica que “no se le puede privar a ningún ciudadano del mundo de elegir a sus gobernantes”.
Sin embargo, el silencio de Sheinbaum es llamativo. Mariana Gómez del Campo, secretaria de asuntos internacionales en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), dijo sentirse indignada y acusó de complicidad al oficialismo mexicano.
«Son cómplices de la dictadura nicaragüense. Basta con revisar al personaje que tienen colocado en la Embajada de México en Nicaragua. Cuando una dictadura elimina las elecciones deja de ser un asunto exclusivamente interno. Se convierte en una preocupación para toda la comunidad internacional. México debe estar al lado del pueblo nicaragüense y de su derecho a recuperar la libertad y la democracia», dijo Gómez del Campo a LA PRENSA.
La OCDA es una entidad fundada en 1947. En su declaración, la opositora mexicana hizo referencia al embajador de su país en Nicaragua, Guillermo Zamora Villa. El funcionario envió una carta a Ortega y Murillo transmitiendo su «cariño y admiración». La misiva está fechada tres días antes de la celebración del 19 de julio en Managua, donde Ortega precisamente pronunció sus cuestionadas afirmaciones.
Zamora Villa evitó mencionar en su carta que el régimen Ortega-Murillo es señalado por organismos internacionales y la misma comunidad internacional por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Nueve países, incluido Estados Unidos, han manifestado su rechazo al planteamiento de Ortega. Este 24 de julio también lo hizo la Unión Europea y antes lo había hecho la Organización de Estados Americanos (OEA) y el alto comisionado de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Incluso, el presidente brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva, histórico aliado ideológico de Ortega, “recibió con preocupación” el anuncio. Pero Sheinbaum no ha dicho nada hasta ahora.
¿Doctrina Estrada, miedo a Trump o complicidad?
Un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Nicaragua, que pidió el anonimato, expuso que el silencio de Claudia Sheinbaum se debe al “principio de no intervención” (Doctrina Estrada) que alegó el exmandatario Andrés Manuel López Obrador para evitar hacer críticas frontales en su momento.
Gómez del Campo agregó que la no intervención en los asuntos de los países no tiene que ser indiferencia. «La Doctrina Estrada nunca puede ser utilizada como un pretexto para callar frente a violaciones sistemáticas de los derechos humanos», dijo la política mexicana.
En ese sentido, la fuente nicaragüense cree que Sheinbaum “se considera guardiana de esa tradición”, pero deja claro que ella “no puede estar de acuerdo” en la violación al derecho ciudadano de “elegir y ser electo”.
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Según el exfuncionario de Nicaragua, la presidenta de México “teme que su pronunciamiento tenga consecuencias no deseadas”, principalmente porque cualquier crítica o señalamiento sobre la conducta totalitaria de los Ortega Murillo, por leve que sea, “pudiera ser usado por el presidente Trump como un aval implícito para desarrollar acciones unilaterales”.
Respecto a las declaraciones del coordinador de Morena, él sostiene que “obedece a una división calculada de roles”. Si Sheinbaum habla “compromete a la república”, pero si lo hace un diputado no. “El partido se pronuncia pero salva la figura de la presidenta”, añade el exfuncionario.
Opinó que la presidenta mexicana estaría “calculando la conveniencia de que la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie en la OEA” y que ahí “tímidamente podrán expresar su rechazo al régimen nicaragüense sin mayor compromiso”.
Más críticas en México y piden pronunciamiento
Axel Juárez, licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas y editorialista del medio de comunicación mexicano El Congresista, refiere que el silencio de Sheinbaum podría residir en el enfoque impulsado por López Obrador, y que se liga a la conocida doctrina Estrada promulgada en 1930, que básicamente menciona que México no se pronunciaría sobre la legitimidad de los gobiernos de otros países ni los calificara.
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Sheimbaun, tal como lo hizo su antecesor, se ampara en dicha doctrina para evitar referirse frontalmente a los regímenes autoritarios como el de Ortega y Murillo en Nicaragua. Se escudan en los principios de libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países.
“Sin embargo, este principio se torna cuestionable cuando se traduce en guardar silencio ante la erosión de la democracia. Históricamente, las democracias no se desmoronan de la noche a la mañana. La acumulación de poder aplicado por actores políticos puede culminar en un escenario donde las elecciones sean vistas como obstáculos a la autoridad. Así ha sucedido en Nicaragua, y es una alerta que no se debe ignorar”, expone Juárez en un artículo publicado el jueves en El Congresista.
Para Juárez, la “inacción” de Sheinbaum ante la represión en Nicaragua “puede ser interpretado como una señal de que la democracia (en su gobierno) no es valorada uniformemente”, por lo que alentó a que emita un pronunciamiento «para reafirmar el compromiso de México con la democracia en toda la región».
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Su antecesor, López Obrador, se cuidó de criticar a Ortega, aunque es justo decir que ofreció asilo a los nicaragüenses perseguidos. Sheinbaum no es el único caso de un gobernante de izquierda que no se ha pronunciado sobre el anuncio de Ortega. Tampoco lo ha hecho el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Eso, a pesar de que el político uruguayo mostró su rechazo en octubre de 2018 por la brutalidad del régimen de Ortega.
