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El Gobierno de Perú se sumó este viernes 24 de julio a la condena latinoamericana por el anuncio de Daniel Ortega de abolir las elecciones y le hizo un llamado para que desista de sus acciones que atenten contra las libertades y la institucionalidad democrática en Nicaragua.
El país suramericano, gobernado por José María Balcázar, mostró su preocupación por las declaraciones de Ortega en el acto del 19 de julio por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista. De este modo, Perú se sumó a los cuestionamientos realizados de manera bilateral por Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Chile, Bolivia, Brasil y República Dominicana.
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También se ha pronunciado el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, y el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, lo que evidencia el aislamiento del régimen Ortega Murillo en el continente.
Los principios de la OEA
«El gobierno peruano ratifica su firme compromiso con la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos, de conformidad con la Constitución vigente y con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana», dice el pronunciamiento.
Este país suramericano es donde se aprobó la Carta Democrática Interamericana de la OEA el 11 de septiembre de 2001.
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Balcázar entregará el poder este mes a su sucesora Keiko Fujimori. En la última década, Perú ha vivido una crisis. Ha tenido nueve presidentes.
Aunque son casi una decena los países críticos de la declaración de Ortega, todavía no se han pronunciado algunos de sus vecinos como Honduras, El Salvador y Belice. Tampoco el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
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La dictadura de Ortega tiene 19 años en el ejercicio del poder totalitario, subordinó a todos los poderes del Estado, fortaleció su aparato represivo y elevó a nivel de copresidenta a Rosario Murillo para igualarla jerárquicamente en el poder. No obstante, el silencio de México, Uruguay y Colombia, liderados por políticos de izquierda, ha sido notable hasta el momento.
Además de Lula, en Brasil, el Grupo de Puebla criticó a Ortega en un pronunciamiento firmado por el expresidente Alberto Fernández (Argentina) y Rafael Correa (Ecuador). Acorralada por las críticas, la dictadora Rosario Murillo dijo que «sí habrán elecciones, pero soberanas». Y ordenó a sus troles atribuir a una manipulación de los medios independientes lo que todo mundo pudo ver y escuchar en video: el dictador anunciando el fin de los comicios.
