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Una de las características históricas de la Revolución Sandinista de 1979, que este domingo 19 de julio cumple 47 años, fue la de que no hubo una transición democrática.
No hubo ni siquiera una transferencia de gobierno. La dictadura somocista fue abatida por la guerra revolucionaria, de manera que cuando el 20 de julio de 1979 la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) creada y encabezada por el FSLN asumió formalmente el poder político, ya no había gobierno porque el dictador Anastasio Somoza Debayle y sus ministros, magistrados y altos mandos militares habían huido de Nicaragua.
Lo que ocurrió fue que a la dictadura somocista la reemplazó otra dictadura (la sandinista) que muchos creyeron que sería democrática. Pero menos de un año después, cuando doña Violeta Barrios de Chamorro y Alfonso Robelo renunciaron a la JGRN por la deriva dictatorial de la Revolución Sandinista, se frustró la esperanza de quienes creían que sería una transformación revolucionaria diferente a la cubana totalitaria.
La transición democrática en Nicaragua fue hasta en 1990, a partir del 25 de abril de ese mismo año cuando terminó la primera dictadura sandinista como consecuencia de la guerra civil y las elecciones del 25 de febrero de ese año. Doña Violeta Barrios de Chamorro ganó aquellas elecciones como candidata presidencial propuesta por la Unión Nacional Opositora (UNO), con el compromiso de promover la reconciliación nacional y establecer la democracia republicana, el Estado de derecho y reconstruir la economía de libre iniciativa y mercado.
Pero fue una transición difícil, como la llamó Antonio Lacayo Oyanguren (q.e.p.d.), ministro de la Presidencia en el gobierno de doña Violeta. Pero también rica en experiencias que los líderes políticos opositores de ahora podrán aprovecharlas —si quieren—, para facilitar la nueva transición democrática que inevitablemente habrá otra vez cuando termine la nueva dictadura sandinista. La que también de manera ineludible terminará, aunque por ahora no sea posible saber cuándo ni cómo.
A la transición democrática de los años 1990 a 2006 se le critica mucho y duramente por los errores que se cometieron en aquel proceso inédito, pero también por fallas y omisiones graves que se le atribuyen injustamente.
Al respecto uno de los principales representantes del exilio opositor ha asegurado que “la actual concentración de poder (dictadura sandinista de Ortega y Murillo) tiene raíces en la transición de 1990. Una transición democrática auténtica —sentenció— no puede dejar intactos los residuos operativos del aparato dictatorial, especialmente dentro de las fuerzas armadas, los cuerpos policiales y los sistemas de inteligencia, pues permitir la permanencia de estructuras de poder autoritarias incuba una restauración futura del autoritarismo”.
Se refiere a que el gobierno de doña Violeta conservó el Ejército Sandinista (que pasó a llamarse Nacional), la Policía Sandinista (que también cambió de nombre e igualmente se comenzó a llamar Nacional) así como los poderes del Estado civiles, judicial y electoral.
Pero doña Violeta no los conservó por su gusto ni porque quería gobernar con las estructuras dictatoriales. Lo hizo, pero comenzó a reformarlos y democratizarlos paulatinamente, porque no podía actuar de otra manera pues el sandinismo no había sido derrocado violentamente ni aplastado, como lo fue el somocismo.
La dictadura sandinista fue derrotada y sustituida como consecuencia de un proceso político cívico, pacífico y electoral, previamente pactado, auspiciado y garantizado por la comunidad internacional, para que se pudiera poner fin a la sangrienta guerra civil que había provocada la dictadura.
De manera que aquella transición democrática solo se podía realizar mediante un proceso de reformas, lento y difícil, que además fue saboteado por el FSLN con la apropiación masiva de propiedades de particulares y estatales, y con una campaña sistemática de violencia callejera y crímenes políticos que llamó “gobernar desde abajo”. Violando así Ortega y el FSLN su compromiso de no impedir sino más bien contribuir a la reconstrucción nacional por medio de reformas pacíficas.
Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, sabotajes y errores por falta de experiencia, la transición democrática de Nicaragua pudo avanzar exitosamente. Hasta que Ortega y el Frente Sandinista pactaron con Arnoldo Alemán y el PLC para recuperar el poder. Y entonces comenzaron a restaurar la dictadura sandinista, que ahora, en su segunda versión encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, es peor que todas las dictaduras anteriores.
Los líderes de la oposición actual que dirigirán la nueva y próxima transición democrática en Nicaragua deberían aprender de la experiencia transicional de 1990 en adelante, para no cometer los mismos errores que se cometieron, pero sin hacer interpretaciones falsas que lastiman el honor de la gran heroína de aquella primera transición a la democracia, que fue la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
