Con esas palabras, certeras y contundentes, tituló LA PRENSA la información acerca de que la diplomática costarricense Lina Eugenia Ajoy Rojas, fue electa secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Se le eligió este miércoles 10 de junio en una reunión de representantes de alto nivel de los gobiernos centroamericanos, incluyendo a los presidentes de Guatemala, Honduras y República Dominicana
Los codictadores de Nicaragua reclamaban un supuesto “derecho” sobre la Secretaría General del SICA, y mantuvieron bloqueada la elección porque sus candidatos a ocupar el alto cargo eran rechazados. Al final tuvieron que entender que habían sido derrotados, pero por astucia y para no agravar su aislamiento político en Centroamérica, participaron en la reunión que eligió a la diplomática costarricense, con la presencia de sus dos cocancilleres.
El secretario —o la secretaria— general del SICA tiene el deber institucional de velar por los intereses de Centroamérica en general, y de cada uno de los países centroamericanos en particular. Por lo tanto, ese cargo no puede ser ejercido por un cuadro político al servicio de un régimen autoritario, como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han convertido a Nicaragua en plataforma para la expansión en la región de potencias extracontinentales enemigas del mundo libre al que pertenece Centroamérica. Nos referimos a Rusia, Irán y China.
Ya lo hemos mencionado antes, pero es necesario repetirlo, que el Protocolo de Tegucigalpa que determina el sustento y marco jurídico de la Integración Centroamericana, establece taxativamente en su artículo 4 que esta se debe sustentar en principios y valores fundamentales inexcusables, como son la tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos, la paz, la democracia, el desarrollo y la libertad.
Pero la dictadura de Nicaragua no cree en esos principios fundamentales de la integración centroamericana. Y por lo tanto no los practica ni los respeta, sino que los viola de manera deliberada y sistemática. Por eso ha sido acusada por organismos internacionales de derechos humanos, incluso de las Naciones Unidas como el GHREN, de cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüenses, que a su vez es parte del pueblo centroamericano.
De manera que no es por casualidad que la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE. UU.), al felicitar a la embajadora costarricense Lina Ajoy Rojas por su elección como la próxima secretaria general del SICA, expresó de manera significativa: “Esperamos con interés trabajar con ella para garantizar la seguridad, fortaleza y prosperidad de EE. UU., así como para exigirle responsabilidades al régimen represivo de Nicaragua”.
Cabe recordar al respecto que los expresidentes de Costa Rica, junto con todos los expresidentes democráticos de España y las Américas, han demandado a la comunidad internacional que acuse a los dictadores de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido, hasta ahora impunemente. El más reciente, la muerte en custodia del Estado del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, después de que por más de dos años y medio estuvo en condición de preso político desaparecido.
Como es sabido, la acusación contra Ortega y Murillo ante la justicia penal internacional la puede hacer cualquier país democrático que tenga incorporado en su legislación nacional el principio de la jurisdicción universal.
Y por cierto que Costa Rica es el único país centroamericano que lo tiene. Lo adoptó en mayo de 2002 por medio de la Ley 8272, que autoriza a los tribunales costarricenses a “juzgar ciertos crímenes internacionales graves, sin importar dónde se cometieron ni la nacionalidad de la persona autora o de las víctimas”. Sin embargo, su aplicación no es expedita ni fácil, más bien es complicada de manera que no se puede esperar que la pueda utilizar contra los dictadores nicaragüenses.
Pero Costa Rica sí podría, y debería, pedir a la OEA que declare ilegítimo al régimen de Nicaragua, o sumarse a otros países que lo pidan. De esa manera podría mejorar notablemente la posibilidad de lograr un cambio político en Nicaragua que abra el camino a la recuperación de la libertad y a una transición democrática.
