La dictadura pone a Nicaragua en la línea de fuego de Estados Unidos

El de Nicaragua ya no es un gobierno autoritario convencional con simples diferencias políticas con Washington. El régimen se ha consolidado como una autocracia represiva en la que el Estado, el partido y la familia gobernante operan como una sola entidad diseñada para preservar el poder absoluto.

Al frente de esta estructura están Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han convertido el poder judicial, las fuerzas de seguridad, las autoridades migratorias, los registros de propiedad, las agencias tributarias y sectores estratégicos de la economía en instrumentos de control y enriquecimiento. La represión ya no se financia únicamente mediante coerción, sino también mediante captura económica.

La supervivencia del régimen descansa sobre remesas familiares, inversión extranjera directa, sectores como el oro, la energía y las zonas francas, así como el acceso al financiamiento multilateral. Las remesas —provenientes principalmente de Estados Unidos— representan más de una cuarta parte del producto interno bruto, y junto con la inversión extranjera ayudan a sostener un sistema económico donde el Estado y la familia gobernante son inseparables. Además, el régimen utiliza el acceso al Sistema Financiero estadounidense para legitimar capitales vinculados a sectores capturados por el poder político.

Consternados por la deriva autoritaria y represiva del régimen, miembros de la Cámara de Representantes introdujeron la iniciativa H.R. 7055, conocida como Ley para el Restablecimiento de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2026, que reautorizaría y fortalecería las leyes conocidas como NICA Act y RENACER Act. La propuesta ampliaría criterios de sanción, endurecería penalidades económicas, restringiría asistencia financiera e inversión estadounidense y aumentaría la presión sobre los abusos a los derechos humanos y la destrucción institucional.

Algunos sostienen que la H.R. 7055 es principalmente simbólica de cara a las elecciones de medio término. Sin embargo, si el Senado impulsa legislación acompañante, podría convertirse en parte de una estrategia bipartidista más amplia destinada a restringir las fuentes de financiamiento del régimen. En este contexto, la pareja gobernante continúa colocando irresponsablemente al país en la línea de fuego de las sanciones estadounidenses.

El régimen Ortega-Murillo ha eliminado controles y contrapesos, criminalizado la disidencia, despojado de ciudadanía a opositores, confiscado propiedades, expulsado a medios independientes, cancelado miles de organizaciones de la sociedad civil y perseguido a la Iglesia católica y otros actores religiosos. Pero la represión también ha evolucionado. Además de denuncias de asesinatos y represión transnacional, el régimen ha capturado una economía política donde el control de sectores generadores de divisas le permite financiar aparatos represivos, recompensar lealtades, intimidar actores privados y castigar la disidencia.

El sector minero aurífero es un ejemplo evidente. Las recientes sanciones contra actores y empresas vinculadas al régimen involucradas en confiscaciones de propiedades demuestran que el oro ya no es simplemente un asunto comercial, sino un sector político y estratégico. Las medidas del Departamento del Tesoro reflejan preocupación de que los tentáculos del régimen alcancen la extracción, procesamiento, transporte y exportación del mineral. Por ello, el Congreso tiene razón en proponer un examen integral de la cadena de suministro y un marco de sanciones que aísle actividades vinculadas al régimen mientras protege a actores legítimos capaces de demostrar transparencia e independencia.

La misma lógica aplica al financiamiento multilateral. Bajo la dirección de Dante Mossi, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó financiamiento sustancial al régimen, generando espacio fiscal que permitió continuar la represión. Esto provocó críticas de que el BCIE se había convertido en una importante fuente de oxígeno financiero para la dictadura.

Aunque la nueva administración del BCIE ha intentado mejorar la transparencia, fortalecer estándares de gobernanza e incluso promover litigios contra Mossi en tribunales estadounidenses, el financiamiento hacia Nicaragua seguirá bajo escrutinio reforzado para evitar que recursos multilaterales liberen fondos internos que permitan sostener el aparato represivo y consolidar el control autoritario.

La legislación propuesta también podría convertir los derechos de propiedad estadounidenses en un eje central de política pública. Casos relacionados con Riverside Coffee, Mountain Gateway, BHMB Mining y otras entidades vinculadas a Estados Unidos no deben verse como simples disputas comerciales privadas. Son evidencia de que la confiscación y la expropiación forman parte del modelo de gobierno del régimen. Esto coincide además con la determinación de la Sección 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que concluyó que las prácticas discriminatorias e irrazonables de Nicaragua perjudican y restringen el comercio estadounidense.

La apresurada devolución de la empresa estadounidense BHMB Mining, que la dictadura hizo recientemente para tratar de engañar y aplacar a EE. UU., ha sido una maniobra inútil con la que no han podido engañar a nadie.

En el ámbito de interés de la próxima audiencia en el Congreso de EE. UU. existe además una dimensión de seguridad nacional. Nicaragua se ha alineado crecientemente con Rusia, China, Irán y otros actores antiestadounidenses. Esto genera preocupaciones sobre cooperación de inteligencia, evasión de sanciones, actividades cibernéticas, tecnologías de vigilancia, influencia militar e infraestructura estratégica, así como el uso de Nicaragua como plataforma de influencia extrahemisférica en Centroamérica.

La migración también forma parte de la ecuación. Durante años, el régimen facilitó el papel de Nicaragua como centro de tránsito para migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos. Esa política permitió ejercer presión sobre la frontera estadounidense y generar ingresos para redes vinculadas al poder. Cuando un gobierno instrumentaliza la migración y se beneficia de ella mientras destruye sus instituciones internas, deja de ser únicamente un problema de derechos humanos y se convierte también en un problema de crimen transnacional.

La próxima audiencia probablemente girará alrededor de una pregunta esencial: ¿cuál es el objetivo estratégico de la política estadounidense hacia Nicaragua? Claramente, la legislación propuesta complementa demandas que Washington ya ha formulado: liberación de presos políticos, restitución de ciudadanía, protección de la libertad religiosa, restablecimiento de la libertad de expresión y de prensa, compensación por propiedades confiscadas, rendición de cuentas para actores económicos vinculados al régimen, elecciones libres y creíbles, reducción de la influencia extranjera hostil y fin de la represión transnacional.

El régimen Ortega-Murillo ha sobrevivido porque aprendió a utilizar remesas, inversión, exportaciones, financiamiento multilateral y sectores estratégicos para sostener un sistema autoritario. Pero la próxima audiencia no trata únicamente sobre abusos internos, sino sobre cómo enfrentar a un régimen que se sostiene mediante represión, sistemas financieros, canales comerciales y alianzas con actores extranjeros hostiles.

Y las medidas que se aprueben o recomienden afectarían a todos los nicaragüenses, por la irresponsabilidad de una dictadura que es tan represiva, codiciosa e irracional.