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En Nicaragua, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos, a marzo 2026 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantenía a 47 personas detenidas por motivos políticos. De acuerdo con información en internet, Venezuela mantiene a 922 presos políticos y Cuba a más de mil. Otro punto en común entre estos países amigos.
En el caso nicaragüense destaca el uso de la desaparición forzada como una forma de represión. Las leyes de Nicaragua decían que una persona podía estar detenida por 48 horas, tiempo en que debían acusarle formalmente de un delito, luego se modificó para subirlo a 90 días y aún así el régimen ha mostrado a personas que llevaban más de 30 meses sin ver a sus familiares.
De acuerdo con la Ley 473, que establece las normativas para el funcionamiento del Sistema Penitenciario nicaragüense, el tiempo máximo que una persona detenida puede pasar sin ver a un familiar son 30 días.
Desde el momento de la detención el incumplimiento de las leyes de parte de la policía y la llamada policía voluntaria es evidente. Se detienen personas sin una orden de captura, se allanan casas sin una orden correspondiente y se retiran objetos que no son devueltos.
Una persona detenida pierde su libertad, pero no sus demás derechos, tienen derecho a la salud, a la alimentación, pero las historias contadas por quienes pasaron por las cárceles son de terror: un tiempo de comida, carne muy esporádicamente, incluso hay relatos de personas que encontraron patas de cucaracha en sus alimentos; las medicinas les son entregadas en pocas ocasiones y lo peor es si tienen padecimiento, o como en muchos casos de los presos políticos nicaragüenses si son personas adultas mayores.
Recientemente se mostró imágenes de Brooklyn Rivera, líder indígena detenido en 2023, con un reporte indicando que está en estado delicado por múltiples enfermedades.
El detalle de los padecimientos confirma que las condiciones carcelarias son inhumanas, hongos, bacterias, que se desarrollan en cuerpos debilitados. Querer decir que mostraste a una persona de 73 años en una cama de hospital cuando la última foto es de él en una ambulancia y salió caminando, es querer tapar el son con un dedo.
Para los familiares de las personas en desaparición forzada es una angustia cada día saber si su ser querido se encuentra con vida y en qué condiciones. Para los familiares de presos políticos es ver el deterioro de su salud y en ambos casos saber que la detención no es un tema de pagar un delito, es un castigo porque a la pareja, familia, partido y gobierno que dirige el país le pareció que no pensar de la misma manera era razón para violar las leyes nacionales, internacionales y los derechos humanos.
Así que es importante preguntarnos en el caso de los presos políticos ¿quién es el que violó la ley? Y sobre todo ¿quién es el que debería ser castigado?
La autora es licenciada en Ciencias de la Comunicación.
