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La cooperación externa dirigida a derechos humanos, restablecimiento de la democracia y mejora de la calidad de vida en Nicaragua colapsó por diversos factores, uno de ellos el cierre del espacio cívico impuesto por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La sociedad civil resiste desde el exilio frente a la falta de fondos, así lo revela un reciente estudio de la Fundación Sin Límites, una de las organizaciones que labora en esas condiciones, debido a la persecución política.
¿Cómo ocurrió el tránsito desde una cooperación estratégica hacia un modelo de asistencia humanitaria de emergencia que es administrado desde el destierro?
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El estudio exploratorio se basa en documentos y entrevistas con agencias donantes, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y activistas, quienes refirieron que la reducción del flujo de la cooperación responde en parte a la erosión política y la deriva autoritaria que experimenta el país.
“Entre 2017 y 2025, la cooperación internacional hacia Nicaragua atravesó una transformación estructural. Donantes con presencia de largo plazo ajustaron o retiraron sus programas; el cierre progresivo del espacio cívico a partir de 2018 impuso nuevas condiciones a la acción civil organizada”, advierte la investigación.
Señales del colapso de la cooperación desde 2008
Según el estudio, las fisuras entre los cooperantes y el Estado nicaragüense son muy anteriores a la crisis social de 2018. La revisión documental identifica señales tempranas de advertencia ya en 2008.
El colapso de la cooperación externa no ocurrió de la noche a la mañana ni comenzó con las protestas cívicas de 2018. El proceso de demolición de la cooperación externa fue controlado y paulatino, e inició diez años antes, en el 2008, solo dos años después del retorno al poder de Daniel Ortega, cuando ocurrió el fraude electoral municipal.
Desde el 2010 hasta el año 2015 inició el maltrato diplomático a embajadores, cooperantes y las restricciones legales.
Entre el 2018 —año de las protestas contra el régimen sandinista- y el 2020, el estudio demuestra que hubo una especie de quiebre cívico con la aprobación de leyes restrictivas como las Leyes 1040 y 1055.
En el caso de la Ley 1040, también conocida como de Regulación de Agentes Extranjeros, obligó a toda persona natural o jurídica, nicaragüense o extranjera, que reciba fondos, bienes o activos del exterior a inscribirse como «agente extranjero» ante el Ministerio de Gobernación.
Mientras la Ley 1055 en Nicaragua significó la criminalización de la cooperación llamando «traidores a la patria» a cualquiera que desarrollara actividades que contravinieran los intereses de la dictadura.
Al respecto, la investigación “Cooperación en Tensión” destaca que el régimen Ortega-Murillo “identificó con precisión cuáles eran los elementos de la cooperación que más amenazaban su proyecto de control: los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, las agendas de derechos humanos y gobernanza, y las organizaciones con capacidad de articular demandas desde la sociedad civil”.
El documento apunta que bajo la narrativa del resguardo de la soberanía nacional, el régimen ejecutó una política deliberada de exclusión de los socios internacionales, pero se subordinó “a esquemas de cooperación con China, Rusia y Venezuela que no contemplaban ninguna condicionalidad democrática».
Un experto en cooperación internacional aplicada para Nicaragua refirió que en términos prácticos, temáticas como la lucha contra la pobreza, la protección de las mujeres en temas de salud o contra la violencia, programas ambientales, son solo algunas de las materias relegadas.
“La Policía en 1995 fundó la Comisaría de la Mujer y fue con fondos de la cooperación sueca, luego con la cooperación española. Era un modelo de protección a las mujeres en términos de sus derechos y principalmente ante la violencia de género. (Esta iniciativa) fue castrada por parte de los Ortega Murillo… al desarticular el tipo y calidad de atención que brindaban las comisarías, aun con las limitaciones que había, es la población la afectada”, ejemplificó el experto.
Persecución y el exilio de las organizaciones
Según el estudio de Fundación Sin Límites, el punto de no retorno se alcanzó en 2021 con la cancelación masiva de personerías jurídicas, la detención de líderes opositores y las oleadas de despatriación forzada que empujaron a las organizaciones civiles al exilio.
“La mayor parte de las organizaciones con mandato democrático, de derechos o de incidencia traslada sus operaciones a Costa Rica, México o España. La cooperación, por su parte, responde mayoritariamente con una lógica humanitaria de atención a las consecuencias del desplazamiento. Una de las tendencias más visibles en el período reciente es el mayor énfasis de la cooperación en enfoques de carácter humanitario”, se lee en el documento.
Ante la imposibilidad de incidir en reformas estructurales internas, la respuesta de la cooperación internacional también mutó. El financiamiento se desvió hacia una lógica asistencial para mitigar el impacto del desplazamiento forzado.
2025: Año de la asfixia financiera a las ONG
Si la sociedad civil en el exilio ya operaba al límite, la cancelación abrupta de programas provenientes de Estados Unidos en febrero de 2025 resultó fatal.
El cierre de operaciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( (USAID, por sus siglas en inglés), el mayor distribuidor de ayuda humanitaria del mundo, llevó a muchas organizaciones nicaragüenses exiliadas a una asfixia financiera.
El impacto humano y operativo de recorte se describe en los testimonios recopilados durante el estudio como una verdadera catástrofe institucional.
«Tengo que ser muy transparente, aquí estamos en modo supervivencia. No tenemos dinero para pagar rentas, *staff*, teléfonos, luz y mucho menos cesantías y prestaciones… todo se tuvo que liquidar en todos los países», indica una integrante de una organización de sociedad civil que trabaja desde el exilio en Costa Rica.
Al liquidar equipos humanos enteros y centrar los esfuerzos únicamente en la ejecución mínima diaria, se genera un daño colateral intangible pero profundo: se destruye la capacidad de pensar a largo plazo.
El informe advierte que la urgencia del día a día anula la planificación que requieren las causas de fondo que estas organizaciones defienden.
Estrategia fue tejer redes y solidaridad
Pese a la precariedad de fondos y la fragmentación territorial, Nicaragua sigue apareciendo formalmente en las agendas internacionales. La incidencia sigue en pie.
“La incidencia no desaparece principalmente por la voluntad de la gente comprometida en la recopilación, sistematización y estructuración de comunicación… se tejen redes internacionales solidarias para suplir esa falta de recursos”, destaca la fundación.
Las organizaciones de sociedad civil han recurrido a reducir presupuestos y salarios: “Hay gente que está trabajando por mucho menos de lo que estaba haciendo en un país muy costoso como es Costa Rica, por ejemplo. Entonces, les queda básicamente incrementar los esfuerzos con menos recursos para tratar de suplir esos vacíos”, reconocen.
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Como último recurso de resistencia frente a la asfixia económica y la persecución transnacional, las organizaciones han tenido que diseñar nodos o plataformas compartidas (hubs), para descentralizar los riesgos y abaratar los costos fijos de la administración fuera del país.
El espíritu actual de la sociedad civil organizada queda resumido en el testimonio final de uno de sus liderazgos.
«Nicaragua sigue siendo una prioridad… pero ante la situación que estamos viviendo, los hubs es lo que hemos podido diseñar para poder sobrevivir», dijeron las fuentes consultadas.
