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Angélica Chavarría Altamirano no era una opositora ni una crítica a la dictadura Ortega-Murillo cuando fue detenida hace dos años el 19 de mayo por ser la pareja del exjefe del Ejército Humberto Ortega Saavedra (q.e.p.d.) y hasta el momento el régimen no ha presentado prueba de vida, ni acusación judicial, ni detalles sobre las condiciones de su detención.
Según información publicada en el medio Confidencial, citando al abogado Yader Valdivia del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Policía más bien les recomienda a los familiares que a menudo preguntan por ella “que la dejen de buscar, que dejen de preguntar por ella”.
Según Valdivia, “ninguna de las mujeres excarceladas ha podido ver o constatar dónde está Angélica Chavarría; a pesar de que han estado en diversas celdas y en distintos pabellones, no han podido verla”.
Chavarría es una de las 3 mujeres de los 47 presos políticos reconocidos en Nicaragua por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas y a pesar de que en junio de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas provisionales a su favor por considerar que ella, como otros presos políticos estaban en grave riesgo ante sus desapariciones forzadas, ni siquiera ha sido presentada ni acusada formalmente de nada.
De las 47 personas reconocidas como presas políticas, 14 son adultos mayores y 11 están en condición de desaparecidos.
Según denunció Valdivia, Chavarría es la mujer que lleva más tiempo en condición de desaparición forzada entre las que han sido detenidas desde la represión desde el 2018 hasta la fecha. El ensañamiento que hay contra ella, por solo el hecho de haber sido la pareja de Humberto Ortega es preocupante para la familia, aparte de ser un caso de extrema injusticia y arbitrariedad.
El otro caso de desaparición forzada es el caso del dirigente miskito de Yatama, exaliado del Frente Sandinista y diputado, Brooklin Rivera, quien fue detenido desde el 28 de abril de 2023 sin que hasta el momento haya sido presentado públicamente por lo que Amnistía Internacional teme por su estado de salud y ha pedido a las autoridades nicaragüenses “que tienen la obligación de demostrar sin demora que se encuentra con vida y garantizar que se respeten plenamente sus derechos”.
Ni Chavarría ni Rivera eran connotados opositores a la dictadura, sin embargo, están pagando el precio más alto de la injusticia que es permanecer en condición de desaparecido en el primer caso por dos años y en el caso de Rivera por tres años y un mes, sin que hasta el momento se hayan presentado cargos en su contra.
El período tan prolongado de aislamiento e invisibilidad de ambos prisioneros políticos da lugar a una justa preocupación, nacional e internacional, por su estado de salud e inclusive, por sus vidas que a como la de otros prisioneros políticos que han fallecido, se podría estar extinguiendo tras barrotes de acero.
Habiendo sido prisionero político, me duele especialmente la denuncia de estos dos casos, cuyos familiares viven lo indecible. También me solidarizo y exijo la liberación de todos los presos políticos, reconocidos y no reconocidos, que aún languidecen en las prisiones de la dictadura.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos heredados” y “Un cauce hacia la democracia”. Fue codirector de LA PRENSA de 1981 a 1984.
