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Para el miércoles de esta semana, 20 de mayo, estaba prevista una audiencia pública de un subcomité del Congreso de Estados Unidos (EE. UU.) sobre el tema “Enfrentando al régimen totalitario de Ortega y Murillo”.
Pero la audiencia fue suspendida y reprogramada para el martes 2 de junio próximo. La explicación es que el 20 de mayo se anunciará la acusación judicial contra Raúl Castro Ruz, el exdictador comunista de Cuba, de 94 años de edad.
Raúl Castro dejó oficialmente el poder del Estado en el año 2021, lo mismo que la jefatura del Partido Comunista que es el verdadero poder en ese país. Sin embargo, sigue figurando en los grandes actos oficiales y es bien conocido que en Cuba no se toma ninguna decisión importante de Estado, si no es previamente aprobada por él.
La acusación judicial que se prepara contra Raúl Castro es por un hecho ocurrido hace treinta años, cuando él era jefe del Ejército y segundo en el poder del Partido Comunista y del Estado, solo detrás de su hermano Fidel.
El 23 de febrero de 1996, dos avionetas civiles con matrículas de Estados Unidos (EE. UU.) fueron derribadas por aviones de combate de la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba, matando a los cuatro tripulantes que eran ciudadanos estadounidenses de origen cubano. Las avionetas pertenecían a la organización civil humanitaria Hermanos al Rescate, que se dedicaba a auxiliar en alta mar a personas que huían de Cuba en rústicas embarcaciones improvisadas que por su fragilidad naufragaban a menudo.
Una investigación de la OEA, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y respaldada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), concluyó que las avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas en espacio aéreo exterior a Cuba y que por lo tanto fue un crimen internacional.
De inicio se puede decir que la iniciativa de acusar judicialmente en EE. UU. al retirado exdictador comunista de Cuba, Raúl Castro, además de tener un poderoso simbolismo político significa en la práctica una mayor escalada en la presión estadounidense contra el régimen cubano, al que quiere sacar del poder u obligarlo a realizar reformas profundas dirigidas a desmontar el sistema económico y político comunista.
Con la acusación judicial contra Raúl Castro en una corte federal de EE. UU., según los analistas recrudecerían las sanciones financieras contra el régimen de La Habana. Y, sobre todo, se podría calificar al gobierno comunista de Cuba como una entidad criminal, contra la cual las autoridades estadounidenses estarían legitimadas para realizar una acción de fuerza. Como hicieron contra el exdictador Nicolás Maduro de Venezuela, el 3 de enero de este año, y contra el antiguo dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, en 1989, aunque no necesariamente igual.
Los analistas advierten que puede parecer paradójico que se anuncie la probable acusación judicial contra Raúl Castro, en EE. UU., cuando apenas la semana pasada el director de la Central de Inteligencia Americana (CIA) fue a La Habana a sostener conversaciones con autoridades cubanas. Y después de que EE. UU. ha ofrecido a Cuba ayuda humanitaria por valor de 100 millones de dólares, que al parecer el régimen cubano está dispuesto a aceptar.
Pero, en realidad, no hay nada paradójico ni contradictorio en lo que está ocurriendo. Lo que está haciendo EE. UU. es combinar la diplomacia y la política con la amenaza de hacer uso de la fuerza para persuadir a los líderes cubanos de que les conviene ceder en vez de perderlo todo.
Pero en todo caso, y en cuanto a lo que más interesa a los nicaragüenses, la posposición de la audiencia en el Congreso de EE. UU., sobre el régimen totalitario de Ortega y Murillo, no significa que este tema haya perdido importancia para las autoridades estadounidenses. Solo confirma lo que ya se sabía, o sea que el problema de Cuba es prioritario y que lo de Nicaragua tendría que venir después, como sea que el Gobierno de EE. UU. decida finalmente manejarlo.
