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La llegada de Laura Fernández a la Presidencia de Costa Rica incrementa la incertidumbre entre los nicaragüenses sobre el futuro de un país que durante décadas ha sido su refugio y también un lugar de oportunidades para miles de ellos. La preocupación crece ante un gobierno que promete dar continuidad al legado de Rodrigo Chaves Robles.
Según el politólogo y académico de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Araya Martínez, la relación del gobierno costarricense con el régimen de Nicaragua ha estado marcada por señales de cercanía política y silencio frente a la crisis de derechos humanos en Nicaragua.
Araya recordó que el expresidente Chaves Robles evitó llamar “dictador” a Daniel Ortega y reconoció mantener conversaciones habituales con él. Para el politólogo, esta situación podría profundizarse en la administración de Fernández.
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El académico considera que Fernández deberá tomar medidas claras para recuperar la confianza de costarricenses, nicaragüenses y otros extranjeros radicados en Costa Rica, especialmente tras las denuncias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre redes transnacionales vinculadas al régimen de Daniel Ortega. Algunas de estas operarían en suelo tico contra opositores nicaragüenses.
Explicó que “la apertura de brazos, la apertura del pecho que Costa Rica ha tenido por años con el pueblo nicaragüense, a pesar de desencuentros, ha sido permanente”, y afirmó que eso “tiene que reiterarse tantas veces sea necesario” por parte de la nueva administración.
Araya reiteró que el gobierno debe “dejar clara cuál es la relación con el pueblo y no necesariamente con el gobierno” y demostrar que “Costa Rica sabe separarlo”.
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El académico afirmó que “no podemos seguir llamando gobierno a un régimen dictatorial. No se le puede llamar presidente a quien en realidad no ha dejado de estar en el poder durante tantísimos años”, sostuvo en referencia a la tiranía de Ortega.
Sobre asesinato de Samcam y el atentado a Maldonado
Sobre las denuncias realizadas por la ONU, Araya calificó como “gravísimo” el señalamiento de operaciones contra opositores nicaragüenses en territorio costarricense y mencionó específicamente los casos de Joao Maldonado y Roberto Samcam, los cuales consideró “absolutamente deplorables” y con “responsabilidad del gobierno costarricense”.
En ese sentido, el experto afirmó que Costa Rica debería “obligatoriamente realizar investigaciones”, mediante coordinación entre la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. También propuso impulsar legislación y fortalecer a la Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que cuenten con herramientas suficientes para esclarecer ambos casos y establecer responsabilidades.
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“El objetivo tiene que ser que Costa Rica siga siendo un lugar seguro para la disidencia nicaragüense”, afirmó Araya y advirtió que, de lo contrario, solo existiría “la parte narrativa y ninguna acción real” para seguir ofreciendo a los nicaragüenses “un espacio seguro” en Costa Rica.
Una alerta sobre deterioro democrático y concentración de poder
Sobre la actuación del expresidente Chaves Robles, Araya destaca que durante su administración comenzaron a surgir prácticas que, aunque no contradicen directamente la Constitución ni el marco legal, representan señales de deterioro democrático.
“Por primera vez suceden elementos de facto en Costa Rica que, sin contravenir los parámetros impuestos por el marco normativo, por la Constitución y por las leyes, empiezan a tomar un camino que desde la teoría política se conoce como golpear los guardarraíles de la democracia”, afirmó Araya, quien considera que las principales características de ese gobierno continuarán en la próxima administración.
El politólogo describió un gobierno que “desde el día número uno hasta su salida” mantuvo una “campaña política permanente” y una presencia mediática constante que, aseguró, no terminó después de las elecciones. Araya explicó que, a diferencia de otras administraciones, el gobierno de Chaves se mantuvo de forma continua en la agenda noticiosa, “para bien o para mal”.
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Agregó que, además, se estableció “la persecución política directa o indirecta”. Según explicó, esta se expresó tanto en la salida de decenas de personas del propio gobierno como en ataques personales y señalamientos públicos “que rozaron las acusaciones mucho más serias” y terminaron afectando la reputación de distintas personas.
Aseguró que existen “casos ya judicializados” relacionados con denuncias de persecución política contra diputaciones, periodistas, empresarios y otros sectores.
“Estructuras digitales” para apoyar a Rodrigo Chaves
Otro de los elementos que destacó fue el crecimiento de estructuras digitales utilizadas para respaldar la imagen del gobierno. “Costa Rica por primera vez en la historia ha visto una cantidad impresionante de entidades digitales”, afirmó, señalando que, según cálculos del Observatorio de la Comunicación Digital, podrían existir hasta “960 mil entidades digitales” participando en redes sociales para favorecer al oficialismo.
Araya también señaló “la instrumentación del poder de las instituciones”. Como ejemplo mencionó el uso del Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos y otras entidades para afectar al diario La Nación. También dijo que el Ministerio de Hacienda actuó “con base en un TikTok” al afirmar que existía un caso de evasión fiscal relacionado con un banco, cuyo propietario está vinculado al medio CRHoy.
Citó el despido de un bombero con 28 años de experiencia “por ser el esposo de la exministra de Comunicación”, así como denuncias sobre el supuesto uso de la Dirección de Inteligencia y Seguridad para persecución, levantamiento de fotografías, acusaciones sobre vínculos empresariales y seguimiento a miembros de la propia fracción legislativa oficialista.
En materia de comunicación, Araya explicó que el gobierno de Chaves Robles creó “su propio ecosistema de medios” y utilizó la pauta publicitaria estatal para “premiar” a medios afines y “penalizar” a aquellos que no respaldaban al Ejecutivo.
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El politólogo considera que el gobierno saliente “no trabajó los problemas nacionales, más bien los empeoró todos”. Entre los principales retrocesos mencionó la reducción del presupuesto para educación y becas estudiantiles, el deterioro del sistema de salud, la deuda histórica con la Caja Costarricense de Seguro Social, la baja inversión en infraestructura y las afectaciones ambientales.
También señaló casos judicializados relacionados con parques nacionales y espacios públicos, retrocesos en derechos humanos y la falta de acciones efectivas frente a la criminalidad y el narcotráfico.
Rodrigo Chaves seguirá mandando
Para el especialista, la permanencia de Chaves Robles dentro del nuevo gabinete de Laura Fernández tendrá totalmente repercusiones políticas, ya que advierte sobre una concentración de poder inédita durante la nueva administración. “Esto va a ser una diarquía, no una monarquía”, afirmó Araya.
Según explicó, el nombramiento del exmandatario costarricense como ministro de la Presidencia le permitiría mantener influencia directa en la coordinación y ejecución del plan de gobierno, tanto en la relación con la Asamblea Legislativa como en la dinámica interna del gabinete.
Araya recordó además que el propio Chaves dejó clara su intención de ampliar el control institucional del oficialismo. “Ya hizo la mención de que tienen el Poder Ejecutivo, tienen el Poder Legislativo, solamente les falta conquistar el Poder Judicial y le dijo a Laura Fernández: ‘Espero que usted siga en esta labor’”, recordó.
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A juicio del politólogo, las repercusiones no se limitarían al ámbito político, sino que también alcanzarían el manejo económico y presupuestario del Estado, debido a que “Chaves no solamente tiene la concentración del poder político a través del Ministerio de la Presidencia, sino también la concentración del poder monetario o de recursos porque también ha quedado nombrado como ministro de Hacienda”, afirmó.
Araya considera que esto podría traducirse en la continuidad de decisiones presupuestarias que ya marcaron la actual administración, especialmente en áreas vinculadas a seguridad, justicia y educación superior. “Que los presupuestos, por ejemplo, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a quien este gobierno sistemáticamente le negó la posibilidad de tener incrementos importantes para el combate del crimen y el narcotráfico, vaya a seguir; o la negativa de darle mayor cantidad de presupuesto al Poder Judicial o a las universidades”, advirtió.
Costa Rica podría encaminarse a una dictadura
Asimismo, Araya advirtió que el deterioro de la democracia costarricense podría derivar en una crisis política e institucional con impacto regional, siguiendo patrones similares a los observados en otros gobiernos autoritarios de Centroamérica.
“Empezamos a ver las acciones típicas de toda dictadura que se pone ropajes democráticos, solidarios, cristianos, socialistas o libertarios, pero que terminan siendo todas dictaduras”, afirmó.
El politólogo señaló que uno de los puntos más delicados es la cantidad de denuncias judiciales que enfrenta Chaves Robles. Según indicó, el exmandatario acumula más de 60 denuncias por presuntas irregularidades, aunque insistió en que debe mantenerse “la ventaja de la duda”. Aun así, subrayó que se trata de “decenas de casos”, lo que, a su juicio, configura “una crisis política importante”.
De igual modo, Araya remarcó que el “doble nombramiento” de Chaves en la nueva Administración no solo concentra poder político, sino que podría “estrangular o amenazar con estrangular” instituciones como la Contraloría, Fiscalía y el Poder Judicial mediante presiones políticas y fiscales. Advirtió que “podríamos ver una dictadura” con jueces y magistrados alineados al poder político “para garantizarse impunidad”, afirmó.
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De igual modo, Araya vinculó este escenario con las relaciones regionales de Costa Rica y dijo que la cercanía política de Chaves Robles con mandatarios de Centroamérica, una línea que considera podría mantenerse en la nueva Administración, tendría influencia en organismos regionales como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Estamos hablando de que organismos como el SICA y el Banco Centroamericano de Integración Económica podrían estar tomados” por sectores alineados con esa deriva política, sostuvo Araya, quien considera que en varios países de la región existe “una intención de perpetuar regímenes autoritarios”.
Más retórica que soluciones en estrategia de seguridad
En materia de seguridad ciudadana y avance del narcotráfico en Costa Rica, Araya considera que el nuevo gobierno debería tomar medidas inmediatas y concretas para recuperar la seguridad y enfrentar el crimen organizado, frente a lo que calificó como señales de inacción durante la administración de Chaves.
“El gobierno sembró este nivel de incertidumbre y este nivel de duda de que efectivamente está combatiendo el narcotráfico”, afirmó.
Araya también mencionó advertencias realizadas por el ahora exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) sobre reuniones del presidente con personas “señaladas por narcotráfico”, así como declaraciones de un extraditado en Estados Unidos que aseguró en 2023 que el gobierno “le permitía trasegar droga por el territorio nacional”. Además, señaló cuestionamientos sobre funcionarios y nombramientos presuntamente vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero.
¿Qué debe hacer el nuevo gobierno?
Para el politólogo, las medidas urgentes para enfrentar la inseguridad y el avance del narcotráfico pasan por “regresar a guardacostas a costas”, reinstalar la Policía de Control de Drogas en fronteras y puertos, colocar escáneres y fortalecer a la Policía y al Organismo de Investigación Judicial. También planteó la necesidad de dejar de confrontar al Poder Judicial e impulsar reformas legales desde la Asamblea Legislativa para enfrentar al crimen organizado.
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“Todas esas son acciones que pueden hacerse rápidamente en los primeros tres meses”, sostuvo Araya. Sin embargo, lamentó que “no hay una mención sobre el tema” de seguridad nacional dentro de las prioridades del nuevo gobierno, pese a que considera que se trata del principal problema del país.
Finalmente, cuestionó el anuncio de una supuesta megacárcel “al estilo Nayib Bukele”, al asegurar que en realidad se trata únicamente de “una ampliación de 700 metros a una cárcel ya existente”. “Es retórica y no solución de los problemas nacionales”, concluyó.
