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Se conoció que delegados gubernamentales de 71 países y 18 organismos internacionales, entre ellos algunos jefes de Estado o de gobierno, participarán en la toma de posesión de la presidenta electa de Costa Rica, doña Laura Fernández, el próximo viernes 8 de mayo. También se ha sabido que la mayoría de las representaciones extranjeras será de gobiernos democráticos de derecha.
Eso es lógico y comprensible, pues tanto el presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, como la presidenta entrante, Laura Fernández Delgado, pertenecen a esa línea política de derecha democrática que se ha venido fortaleciendo en las Américas.
Costa Rica fue uno de los primeros países de la región que se alineó en el Escudo de las Américas, como es llamada la alianza estratégica hemisférica propuesta y liderada por Estados Unidos (EE. UU.). Esta alianza intergubernamental de derecha democrática tiene el objetivo de combatir drásticamente el narcotráfico y el crimen organizado en la región.
Tal vez por eso es que algunas personas se han extrañado de que el Gobierno de Costa Rica, estando claramente alineado con la derecha democrática hemisférica, haya invitado a la toma de posesión presidencial del 8 de mayo a la dictadura de Nicaragua, que se identifica como de izquierda revolucionaria y socialista. Y sobre todo, porque ha suprimido todas las libertades y derechos democráticos de los nicaragüenses.
Según informó LA PRENSA el lunes 27 de abril, el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, declaró que uno de los cocancilleres de Nicaragua participará en la toma de posesión de la presidenta electa, “sin precisar si será Waldrack Jaentschke o Denis Moncada”. Además, el canciller tico no dejó claro si Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron invitados y ellos decidieron enviar a uno de sus cocancilleres, pero en todo caso el hecho es que la dictadura de Nicaragua estará representada en el magno evento oficial de Costa Rica.
Esta invitación ha causado molestias en la comunidad de exiliados políticos nicaragüenses en Costa Rica. Incluso algunos protestaron públicamente, razonando que no es coherente con la democracia de Costa Rica y su tradición de defensa de los derechos humanos.
Pero la invitación a la dictadura de Nicaragua es solo una decisión diplomática, un acto protocolario y políticamente pragmático de Costa Rica. La realidad ineludible es que independientemente del régimen político de Nicaragua, se trata de un país vecino de Costa Rica con el que tiene importantes intereses en común en el marco del sistema de integración económica centroamericana y del DR-Cafta, o sea el tratado de libre comercio de Centroamérica con EE. UU. y República Dominicana.
Además, la invitación a la toma de posesión de la presidenta Fernández no es una validación del Gobierno de Costa Rica a la dictadura de Nicaragua. La posición del gobierno costarricense sobre la falta de democracia y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua la ha expresado claramente en los escenarios correspondientes, como la OEA.
Por otra parte, aunque no guste a los nicaragüenses democráticos la verdad es que el gobierno de Ortega y Murillo es reconocido internacionalmente, inclusive por EE. UU. La situación tal vez sería diferente si la OEA hubiera declarado ilegítimo al Gobierno de Nicaragua, porque fue el resultado de unas elecciones que sí fueron declaradas carentes de legitimidad por la misma organización hemisférica.
Precisamente ahora que se acerca la reunión de la 56ª Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar en Panamá del 22 al 24 de junio próximo, las organizaciones políticas de los nicaragüenses en el exilio están pidiendo que se declare la ilegitimidad del régimen de Ortega y Murillo. Se considera que eso podría facilitar la posibilidad de una pronta transición democrática en Nicaragua.
