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Los nicaragüenses democráticos que se mantienen bien informados sobre los asuntos de interés público, nacionales e internacionales, conocieron con sorpresa e indignación a la vez que el Estado de Nicaragua ha sido reelegido por cuatro años más como miembro del Comité de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de las Naciones Unidas (ONU).
Esa decisión no tiene una explicación política racional. Pero, además, es inmoral permitir que en un organismo internacional que supuestamente es para promover y proteger a las ONG participe un Estado autoritario como el de Nicaragua que desde 2018 ha cancelado casi seis (6) mil organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las religiosas caritativas. El que además ha confiscado sus bienes, perseguido a sus representantes y activistas, y eliminado la representación y participación de la sociedad civil en la vida pública, que en el mundo moderno y civilizado es indispensable para la buena gobernanza.
El Comité de ONG de la ONU es parte del Consejo Económico y Social (Esococ, por sus siglas en inglés), una de las agencias principales de las Naciones Unidas que esta semana eligió (o reeligió) a los 19 integrantes con una mayoría de Estados, entre ellos el de Nicaragua, “con graves antecedentes de represión u obstrucción a la sociedad civil tanto en sus países como en las Naciones Unidas”.
Esto fue denunciado por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR por sus siglas en inglés), cuya oficial superior de programas, Maithili Pai, declaró que “una vez más, numerosos cargos electos de la ONU con gran poder e influencia se repartan entre unos pocos tras elecciones poco competitivas”. Lo cual es lamentable, precisó la defensora internacional de derechos humanos, porque si “los Estados con una intención genuina de cumplir los mandatos de la ONU invierten en estos organismos, pueden contribuir a evitar que actores más problemáticos accedan al poder en funciones cruciales de la ONU”.
Por su parte, analistas nicaragüenses democráticos dijeron a LA PRENSA que “por estas cosas es que las Naciones Unidas no sirve, y Trump tiene toda la razón en eso”.
En realidad, es comprensible que decisiones de la ONU como esta, que carecen de racionalidad política y sentido moral, causen indignación en la gente democrática. Pero, también es entendible que ocurra eso en la ONU, porque no es una organización internacional de pueblos sino de Estados, y más bien de gobiernos, que en su mayoría son autoritarios y violadores de los derechos humanos de sus propios pueblos.
Además, aunque en principio la ONU tiene el compromiso de velar por la paz internacional, así como defender los derechos humanos y promover los valores democráticos, en la realidad carece de autoridad y fuerza para obligar a los Estados miembros.
De manera que la participación del Estado de Nicaragua en el Comité de ONG de la ONU pone en evidencia la tensión entre la legitimidad formal que surge de las dinámicas diplomáticas multilaterales y la grave situación de derechos humanos que atraviesa el país.
Particularmente resulta contradictorio que el régimen de Nicaragua invoque un compromiso con la participación de las organizaciones no gubernamentales, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) han documentado de forma consistente el cierre sistemático del espacio cívico, incluyendo la cancelación de miles de organizaciones, la persecución de personas defensoras de derechos humanos y el exilio forzado de actores de la sociedad civil.
Este contraste no solo cuestiona la coherencia del discurso oficial, también pone en evidencia las limitaciones del sistema internacional para asegurar que la representación en sus órganos esté verdaderamente alineada con estándares mínimos de vigencia y respeto de derechos y libertades fundamentales.
