Bayardo Arce, comandante sandinista. Foto: Archivo.

Bayardo Arce, comandante sandinista. Foto: Archivo.

CIDH otorga medidas cautelares a Bayardo Arce y su familia

Exasesor del dictador Daniel Ortega se encuentra detenido desde 2025. Fue cómplice hasta que cayó en desgracia. Es víctima ahora del sistema totalitario

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Bayardo Arce Castaño y su núcleo familiar, después de considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia” en la que “sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua”.

Arce Castaño, otrora asesor presidencial y amigo del dictador Daniel Ortega, fue detenido el 30 de julio de 2025 y condenado desde finales de enero por «lavado de activos y defraudación al Estado» por un monto cercano a los 5 mil millones de dólares. Desde su captura, la CIDH advirtió que él “estaría recluido bajo régimen de aislamiento, sin acceso a atención médica para sus padecimientos crónicos y en condiciones inadecuadas de reclusión”.

Así puede leerse en la resolución 23/2026, emitida el domingo 5 de abril, la que publicaron este lunes 6 en el sitio web de la CIDH. Además de las preocupaciones expresadas por Arce, la institución explica que “su núcleo familiar estaría siendo objeto de vigilancia, intimidaciones y actos de persecución por parte de agentes estatales”.

El caso de Arce ha causado polémica en la opinión pública, después que a finales de febrero fue reconocido como reo de conciencia por el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Aunque lo ponen como un ejemplo «de persecución política y aplicación selectiva de la ley», las razones de su encarcelamiento no corresponderían con las asociadas históricamente al término preso político. En realidad, Arce y otros exfuncionarios como Álvaro Baltodano Cantarero, se enmarcan en los llamados «presos kármicos».

«Este es alguien que, habiendo formado parte del aparato represivo, administrativo o de propaganda de una dictadura, o habiendo colaborado activamente con ella, mediante el oportunismo político, como por ejemplo el transfuguismo, termina siendo encarcelado por el sistema que ayudó a sostener», sostuvo un editorial de este Diario el 17 de marzo.

Ambos exfuncionarios fueron procesados por la Procuraduría General de Justicia, al mando de Wendy Morales, obedeciendo una supuesta campaña contra la corrupción que otras fuentes políticas asocian a una purga en las estructuras del Estado para lograr la acumulación de más poder a favor de la dictadora Rosario Murillo.

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En su resolución, la CIDH reitera que Arce está en “situación de riesgo y podría estar expuesto a una mayor afectación de sus derechos, dada su condición de persona mayor y privada de libertad”. Agrega que se encuentra recluido en aislamiento, sin acceso a atención médica, sin información sobre su estado actual, en condiciones de detención inadecuadas y con contacto limitado con sus familiares.

El exasesor presidencial, Bayardo Arce Castaño (der.) y su hermano Gerardo Arce, en un sala de la cárcel La Modelo, el 20 de marzo de 2026. Foto/medios oficialistas.

Arce, prisionero de la dictadura, recibió la visita de su hermano, el exmagistrado Gerardo Arce Castaño, el pasado 20 de marzo. Esto ocurrió por las presiones de sus familiares que denunciaron, desde el anonimato, que el exasesor presidencial estaba en una situación delicada de salud, sin derecho a visitas, ni atención médica adecuada.

Solicitan ampliar medidas a otros cinco prisioneros

Por otro lado, la CIDH también solicitó el 2 de abril a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales para cinco personas privadas de libertad o con paradero desconocido en Nicaragua, tras identificar que “se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad”.

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Se trata del coronel en retiro Carlos Ramón Brenes Sánchez y su esposa Salvadora del Socorro Martínez Aburto, el general en retiro Álvaro Antonio Baltodano Cantarero y su hijo Álvaro Baltodano Monroy, además de Larry Javier Martínez Romero. Para la CIDH, estas personas “se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos”, se lee en la nota de prensa emitida el 30 de marzo.

¿Desde cuándo están detenidos?

Carlos Ramón Brenes Sánchez, de 70 años, y coronel en retiro del Ejército de Nicaragua, fue detenido junto a su esposa Salvadora del Socorro Martínez Aburto el 15 de agosto de 2025. Ese día oficiales de la Policía llegaron, sin una orden judicial, a su finca ubicada entre Masatepe y Jinotepe y los detuvieron en el marco de una ola de arrestos que el régimen desató en Carazo, Masaya, Granada y Rivas. Desde entonces se desconoce su paradero.

Jinotepe, Nicaragua. 02/08/2019. Coronel en retiro Carlos Brenes . LA PRENSA.

Bajo acusaciones de corrupción de parte del Estado, el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero fue detenido el 14 de mayo de 2025 en su finca Los Milagros, ubicada en la comarca El Guapotal, en el municipio de El Tuma-La Dalia, Matagalpa. Durante la detención le confiscaron su computadora personal y su teléfono celular. El 9 de junio de ese mismo año fue condenado a 20 años de prisión por “traición a la patria”.

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La noche del 21 de julio, Álvaro Baltodano Monroy, hijo de Álvaro Baltodano Cantarero, fue detenido en un retén de la Policía ubicado en la carretera Nandaime-Rivas, en el sector de Ochomogo, cuando se dirigía a Managua. En ese mismo momento, otros agentes policiales allanaron violentamente su residencia en Las Colinas, en Managua, de donde sustrajeron computadoras y dispositivos electrónicos. En octubre de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares para él y su padre.

No se conoce hasta ahora una condena de los Baltodano. Sin embargo, investigaciones de LA PRENSA revelaron que sus nombres están asociados a la Momotombo Power Company, una generadora de energía que creció a la sombra de Daniel Ortega. Hasta su captura, Baltodano Cantarero se desempeñó como asesor del dictador sandinista. Su caso demuestra cómo funciona el sistema de corrupción autorizada, según los expertos.

Larry Javier Martínez Romero es albañil. En su caso, él participó activamente en las protestas cívicas de Masaya en 2018, donde la Policía lo capturó y lo torturó. Después de su liberación, las autoridades lo mantuvieron bajo vigilancia y le exigieron presentarse periódicamente a firmar en una estación policial. El 13 de agosto de 2025, alrededor de las 3:00 de la tarde, diez agentes policiales irrumpieron en su casa y lo detuvieron sin presentar orden judicial, bajo el pretexto de realizar una “entrevista policial”, desde entonces se desconoce su paradero.

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