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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza la desaparición forzada como “máximo castigo” contra sus prisioneros, exponen defensores de derechos humanos que se han referido a la reciente excarcelación de Nancy Henríquez y las imágenes publicadas en medios oficialistas en las que se ve a Bayardo Arce, un antiguo cómplice de la dictadura caído en desgracia, mientras se reunía con su hermano.
“La desaparición forzada en Nicaragua es utilizada como el máximo castigo que puede recibir una persona”, señala el abogado Danny Ramírez-Ayérdiz, del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh).
El sábado 21 de marzo se conoció la excarcelación de la exdiputada indígena y dirigente del partido Yatama, Nancy Henríquez, quien estuvo detenida desde el 1 de octubre de 2023, pasando casi 30 meses en prisión bajo condiciones de aislamiento y con su estado de salud deteriorado.
Excarcelaciones no son “gratuitas”
Para Ramírez-Ayérdiz, esta, al igual que otras excarcelaciones que la dictadura ha hecho, no es “gratuita” ni porque se haya “vuelto humanitaria ni consciente ni bueno”. Resalta que “el régimen sabe que tiene que ceder. Y lo hace lamentablemente con los presos políticos, los utiliza como moneda de cambio, es un trato deshumanizante”, agrega.
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La opositora y defensora de derechos humanos, Haydée Castillo, dice que con las excarcelaciones “lo que hicieron fue únicamente un cambio de régimen carcelario” en el caso de Henríquez. Es decir, sacarla de las cárceles para llevarla a prisión domiciliaria, una modalidad que se ha vuelto costumbre por parte del régimen con muchos de sus prisioneros. La defensora de derechos humanos exige la libertad total de la exdiputada y de todos los demás.
“Esto lo que deja de manifiesto una vez más es que este es un régimen y un Estado totalmente delincuencial y que actúa al libre albedrío al margen de todo el derecho internacional y la Constitución de la República”, afirma Castillo.
Las imágenes de Bayardo Arce
El régimen mostró recientemente imágenes de Bayardo Arce, de quien sus familiares demandaron una prueba de vida, porque no sabían nada de su estado desde que lo capturaron en julio de 2025. Al exasesor presidencial se le ve mientras comparte un momento con su hermano Gerardo Arce Castaño, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Esta acción ocurre luego de que los hijos de Arce publicaron una carta preguntando por él. Arce fue acusado por lavado de dinero por la dictadura a la que antes sirvió, incluso en los momentos de crisis en 2018 cuando el Estado masacró a centenares de jóvenes.
Previo a la demanda de los hijos de Arce, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas lo reconoció como un preso político y denunciaron la “falta del debido proceso” en su caso frente a la justicia del régimen. Esta decisión ha causado debate, incluso, en la misma comunidad de defensores de derechos humanos, entre ellos Danny Ramírez-Ayérdiz, quien refuta que el exasesor presidencial “no está detenido a causa de haber sostenido alguna idea contraria al Gobierno”.
LA PRENSA ha explicado en un editorial que Arce o Álvaro Baltodano entrarían en la categoría de presos kármicos, es decir alguien «que habiendo formado parte del aparato represivo, o de propaganda de una dictadura (…) termina siendo encarcelado por el sistema que ayudó a sostener».
«Se les denomina kármico porque están pagando las consecuencias de sus acciones de distinta clase en favor de la instalación, el mantenimiento y las operaciones de la dictadura que ahora les paga con represión sus buenos servicios», amplió el comentario editorial.
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Dictadura cede ante presión
La excarcelación de Nancy Henríquez y la presentación de Arce obedecen a una “presión interna y particularmente externa”, entre esta la de Estados Unidos, explicó el abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
“Cada vez que el régimen Ortega Murillo tiene presión concreta sobre determinada temática, y en particular sobre las personas presas políticas, hace maniobras calculadas a ese contexto por conveniencia y entonces los muestra en esa demanda de fe de vida, los exhibe”, agrega Carrión.
Según el informe del Mecanismo, citado anteriormente, al menos diez personas se encuentran en situación de desaparición forzada. Esto provoca una enorme incertidumbre en sus familias.
«Desde el momento de su detención se conoció que las familias no han recibido información oficial sobre su paradero, no han podido verlas ni conocer su estado de salud. Esta situación configura una desaparición forzada, considerada una de las más graves violaciones a los derechos humanos conforme a los estándares desarrollados tanto por el Sistema Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias», explicaron en un informe reciente.
El Mecanismo señala que se encuentran en la misma situación el exdiputado y líder indígena Brooklyn Rivera Bryan; el mayor en retiro del Ejército, Eddie González Valdivia; el coronel (R) Víctor Boitano; el coronel (R) Carlos Brenes Sánchez y su esposa Salvadora Martínez; el exasesor presidencial Steadman Fagoth, Angélica Chavarría Altamirano (expareja sentimental de Humberto Ortega), Larry Javier Romero Martínez y Douglas Gamaliel Álvarez Morales.
También incluyen a una décima persona cuyo nombre permanece en el anonimato. El tema llamó la atención en la reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos, realizada en Ginebra, Suiza.
Rivera y González son también del grupo de 14 “adultos mayores en riesgo” (sin incluir a Nancy, recientemente excarcelada,) de entre 45 presos políticos, reconocidos por el Mecanismo.
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Preocupación por deterioro de salud
A los defensores de derechos humanos les preocupa la situación de todos los prisioneros, pero particularmente de los que se encuentran en condición de vulnerabilidad. “No liberan a Brooklyn (Rivera) porque debe estar demasiado enfermo para que se lo entreguen a sus familiares o simplemente continúa el capricho de estos dos señores (Ortega y Murillo) de no liberarlo”, opina Danny Ramírez-Ayérdiz.
Carrión respalda su preocupación en experiencias anteriores. Carlos Cárdenas Zepeda y Mauricio Alonso murieron en prisión el 29 y 25 de agosto de 2025, respectivamente. Sus cuerpos fueron entregados a sus familiares bajo órdenes de ser enterrados inmediatamente. Otros muertos bajo custodia del régimen fueron Eddy Montes, Santos Flores, Hugo Torres y Humberto Ortega.
“Recordemos que ellos (el régimen), el año pasado a dos de las personas que estaban desaparecidas las entregaron hecho cadáver… bajo su custodia han acelerado la muerte de varias personas privadas de la libertad”, expone Carrión, y destaca que la desaparición forzada y la tortura “han sido una política de Estado” y una de las “peores formas de maldad” de los Ortega Murillo.
Para evitar que el régimen continúe violando los derechos fundamentales de los nicaragüenses, Haydée Castillo llama a continuar la presión, organización a la brevedad, exigir la libertad de todos los presos políticos y apurar la transición política, para que luego “las personas implicadas en crímenes de lesa humanidad rindan cuentas ante la justicia”.
