El Estado de Nicaragua desaparece hasta por meses a privados de libertad por motivos políticos. Defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado su preocupación sobre este actuar del Gobierno. En los últimos meses esto ha sido más constante.
Braulio Abarca, abogado y defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca +, explicó que la desaparición forzada es cuando hay una omisión del Estado de no dar la ubicación de una persona.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza esta estrategia para causar temor y un daño grave a la integridad y dignidad de los opositores que han denunciado los crímenes que ha cometido su administración.
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Las implicaciones de esta situación es la vulneración a «varios derechos humanos incluyendo el derecho a la vida, la integridad física, moral y psicológica. También la dignidad humana, el derecho a no ser sometido a tortura, así como el derecho de tener garantías judiciales del debido proceso. Además, la familia se encuentra en una total preocupación o un estado de alerta porque no conoce el paradero de las personas que la última vez ha sido a manos del Estado», agregó el abogado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la desaparición forzada como una violación continua de los derechos humanos. El abogado indicó que esto es «un claro mensaje» contra las personas que pretenden alzar su voz contra el gobierno sandinista. Por la intimidación de estas y otras estrategias las personas desisten de cualquier intento de continuar «tratando de cambiar la situación».
Exigen prueba de vida de líderes indígenas
La especialista Anexa Cunningham, especialista en los derechos de los pueblos indígenas ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó que “lo que se exige es una prueba de vida, sin embargo, el Estado de Nicaragua no ha dado mayor información ni al sistema interamericano ni tampoco a los familiares”.
Cunningham mencionó que luego de medio mes del secuestro del diputado sandinista no se conoce cuál es la condición física en que se encuentra, tampoco se sabe dónde lo mantiene detenido la dictadura, por lo que está en condición de desaparición. «Él está desaparecido porque no ha sido puesto ante un juez competente que le diga las razones por las cuales lo han detenido”, indicó la especialista.
Brooklyn Rivera fue detenido el 29 de septiembre, los agentes policiales de manera arbitraria e ilegal lo sustrajeron de su casa de habitación. Días atrás había cumplido 71 años.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas manifestó en su informe del mes de octubre que «se registra la detención de un diputado y líder indígena en la Región Autónoma del Atlántico Norte, el cual hasta el momento se encuentra en estado de desaparición forzada por ocultamiento de paradero, una vez fue arrestado por la Policía Nacional».
Casos registrados por Naciones Unidas
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) ha documentado 27 casos de desapariciones forzadas (22 hombres y 5 mujeres).
«Esto también viola el derecho a ser reconocido como persona ante la ley, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a la libertad y seguridad personales», aseveró en su último informe sobre la actualización de los derechos humanos en Nicaragua.
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También explicó que las autoridades carcelarias al servicio del régimen se niegan a reconocer las detenciones y ocultan el paradero de los detenidos, que tiene como consecuencia su sustracción de hecho a la protección y poniendo su vida en peligro. «Las personas detenidas solo eran registradas o reconocidas oficialmente como privadas de la libertad varios días después de la detención, lo que las situaba fuera de la protección de la ley durante periodos que oscilaban entre unas horas y tres o cuatro semanas», puntualizó Oacnudh.
