En el segundo trimestre de 2022, el régimen desencadenó cacerías contra diversos grupos sociales que llevan denunciando sus crímenes desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018. Como resultado de esta escalada de represión, varias personas resultaron detenidas arbitrariamente y algunas llevan más de 300 días en las cárceles de Nicaragua.
De la escalada represiva contra la Iglesia católica, donde más de diez religiosos y feligreses fueron detenidos, solo el obispo de la Curia de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos, permanece en una celda de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro.
Monseñor Álvarez se encuentra privado de libertad desde hace 453 días; condenado a 26 años de prisión por supuestos delitos de traición a la patria y despojado de su nacionalidad como nicaragüense.
El preso político Beyker Enrique Ferreti Hernández fue acusado por el asesinato del bebé Teyler Lorío y lleva privado de libertad 391 días. Fue detenido el 20 de octubre de 2022, luego de regresar de Costa Rica, donde estuvo exiliado. No obstante, el padre del bebé asesinado afirmó que un “paramilitar armado me le disparó a mi hijo”.
En octubre de 2022, Wilmer Duarte Murillo y Wilmer Duarte Duarte (padre e hijo) fueron detenidos violentamente por autoridades policiales al servicio del régimen. Condenados a cinco años por delitos comunes. Cumplen 382 días en las celdas del régimen.
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Persisten torturas a presos políticos
El colectivo Sé Humano ha denunciado que el trato contra los presos políticos de parte de los carcelarios es tortura. “El aislamiento es tortura. No olvidemos que en Nicaragua aún hay presas políticas en condiciones de aislamiento”, compartió el colectivo.
El régimen mantiene a 15 presas en aislamiento total en las nuevas celdas del Sistema Penitenciario de Mujeres, La Esperanza. Estas mujeres no tienen contacto con las reas comunes, se les ha negado el derecho a patio sol y se les vulneran las normas básicas carcelarias.
Sé Humano también ha denunciado que el régimen prohíbe la lectura a los presos políticos, lo que también es considerado tortura. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha implementado políticas de terror psicológico y aburrimiento para vulnerar aún más a quienes considera críticos de su gobierno.