Las activistas digitales Hazel Martínez Ulloa y Martha Lorena Centeno Marín fueron condenadas a 10 años de prisión por los supuestos delitos de «traición a la patria» y «ciberdelitos». Estas presas políticas se convirtieron en un blanco para la dictadura de Daniel Ortega por ser integrantes de la organización Mentes Libres.
Fueron condenadas bajo las leyes represivas creadas por el régimen para criminalizar las acciones de las personas que considera críticas a su administración. Esto incluyó el mundo digital y las tecnologías de la información.
Martínez Ulloa y Centeno Marín se encargaban de realizar flyers por medio del diseñador Canva para denunciar las diversas vulneraciones que ha cometido el régimen. También se sumaron activamente en la campaña para demandar la liberación de Yoel Ibzan Sandino, fundador de Mentes Libres, quien fue detenido el 5 de noviembre de 2021, durante la víspera de las elecciones presidenciales.
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Ambas presas políticas se encuentran en el Sistema Penitenciario de Mujeres Cárcel La Esperanza, ubicada en el municipio de Tipitapa. Defensores de derechos humanos han denunciado que las reas políticas se encuentran en celdas con características de máxima seguridad, permanecen aisladas, con visitas vigiladas y breves.
Líder estudiantil cumple 225 días detenido
Jasson Salazar fue encarcelado de manera arbitraria el 4 de abril, en el contexto represivo de Semana Santa, durante la escalada contra la Iglesia católica. La ciudadana Anielka García también cumple 225 días detenida de manera ilegal, no se conoce mucho sobre su caso y esta joven no era integrante de movimientos estudiantiles.
El caso de Salazar marcó un precedente y un nuevo patrón que la dictadura ha implementado en los últimos meses. Fue condenado a 8 años de prisión a través de una videollamada, acusado por menoscabo a la integridad nacional.
Esto imposibilita la participación efectiva de los presos políticos y la garantía a una defensa justa, ha denunciado el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
