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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzó a permitir el ingreso a algunos nicaragüenses a quienes previamente se les había prohibido regresar al país, en una medida selectiva que ocurre en medio de presión de Estados Unidos.
A medida que pasan los días se conocen más historias de nicaragüenses a los que el régimen Ortega Murillo, después de meses o años de haberles prohibido el ingreso, ahora les avisa que pueden volver. Algunos ya regresaron y aseguran que no hubo incidentes al momento de su ingreso. Otros ya estaban en el país, porque entraron por puntos ciegos para reencontrarse con sus familias y han permanecido escondidos. Pero hay algunos que sienten temor y prefieren «esperar a que los dictadores se vayan».
Esta es la decisión que tomó Roberto, un leonés de 33 años que todavía no sale de su asombro. Él le cuenta a LA PRENSA que lo primero que recibió no fue un correo electrónico ni una notificación formal, sino una llamada que lo dejó atónito. Al otro lado de la línea, una voz masculina, firme y sin rodeos, le informó que su solicitud de ingreso a Nicaragua fue respondida. Él reaccionó incrédulo, pensó que se trataba de una broma o incluso de un intento de engaño. Sin ocultar su desconfianza preguntó quién hablaba.
La respuesta fue igual de directa: «Llamamos desde Nicaragua y hemos enviado un correo electrónico confirmando la autorización». No había espacio para dudas, insistieron. “Aquí nadie anda jugando”, le dijeron, marcando un tono que mezclaba formalidad y advertencia. Minutos después, revisó su bandeja de entrada. Ahí estaba el mensaje. Breve, sin mayores detalles, sin membrete, pero suficiente para confirmar lo que hasta ese momento parecía improbable: puede regresar a Nicaragua, donde el año pasado le negaron la entrada.
Las notificaciones de ingreso están llegando desde un correo de: [email protected]
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¿Qué cambió en la política migratoria?
Su historia aunque parezca insólita, en los últimos años se volvió común en Nicaragua. En 2025 Roberto salió rumbo a Miami en un viaje familiar, cuando intentó volver, no se lo permitieron. “Para mi fue que el mundo se viniera abajo, mi esposa, mi hijo, ellos dos salieron también, no nos podían destruir como familia”, relató y añade que desde entonces intentó rehacer su vida en Canadá, allí ha enfrentado un proceso complejo, marcado por la adaptación económica, el clima, las enfermedades, y otras dificultades.
Cuando le preguntamos ¿Qué sintió al leer el correo? respondió con voz quebrada: “Lloré… rogué tanto por volver, llamé donde me dijeron que llamara, (le pedí) al secretario político que hablara por mi, algunos te mandaban a que llamaras a diputados, repitiendo la historia, pidiendo que revisaran bien mis redes, (para que confirmaran) que nunca publiqué nada contra ellos (contra el gobierno)”, señala.
La llamada que recibió le abrió una puerta que él ya daba por clausurada. Sin embargo, más que alivio, lo que siente es temor. “Aquí ya conseguí trabajo, voy a esperar a que se vayan ellos y después me regreso yo”, asegura.
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¿Por qué el régimen está permitiendo algunos ingresos?
Como Roberto, en los últimos días varios nicaragüenses recibieron autorización de la Dirección de Migración y Extranjería (DGME) para entrar al país. Según dirigentes empresariales, muchos de los «beneficiados» con la decisión, son personas «acomodadas y conocidas».
Pero también hay otros, que todavía se preguntan qué provocó que el régimen Ortega Murillo, les violara su derecho a entrar y salir del país, ya que no estaban vinculados a ninguna organización política, social ni empresarial. Porque aunque eso no es delito, en la mayoría de los casos provocó que los dictadores impusieran la prohibición de ingreso a algunos nicaragüenses.
Para un exdiplomático opositor que por temor a represalias pide omitir su nombre, levantar la prohibición de ingreso a algunos nicaragüenses es «una confesión del abuso, de la violación de un derecho que cometieron y que es parte de una política de Estado». Además, es igual de arbitrario que la prohibición, porque es una política selectiva, la aplican a quien se les da la gana.
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¿A quiénes beneficia la medida?
«Lo lógico y correcto sería una resolución de efecto general, que permita el retorno de todas aquellas personas a las que se le había impedido el ingreso. Pero con esa política selectiva están excluyendo a las personas de alto o medio perfil político», explica el exdioplomático.
Añade que el levantamiento de la prohibición no está beneficiando a personas que tuvieron una participación destacada en expresiones de disidencia o oposición ni a las que no tienen vinculación cercana con opositores destacados. Además, advierte que la disposición implica cierto riesgo, ya que no están ofreciendo garantías de seguridad para el retorno, ya que le decisión no incluye compromisos de respeto a los derechos y de no persecución para los que regresen.
Para el exdiplomático la decisión de suspender la violación al derecho nacional e internacional que implica convertir en apátridas de facto a miles de nicaragüenses, es «una pincelada con la que quieren maquillar su imagen frente a las presiones de Estados Unidos… para mejorar la percepción de la administración de Donald Trump sin llegar a cambios profundos… Porque es un cambio de actitud no de modelo de persecución y demuestra que siguen sin mostrar voluntad de cambio», asegura el exdiplomático.
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Reacción a las presiones de Estados Unidos
Para el exreo político desterrado Juan Sebastián Chamorro la decisión de devolverle a los afectados su derecho a entrar al país es una reacción de los Ortega Murillo a las presiones del Departamento de Estado de los Estados Unidos por varios temas, la persecución religiosa, los abusos cometidos en el sector minero y el uso de la migración como arma política contra ese país, y que ayudó a más de 650 mil personas de distintos países del mundo a acortar su viaje hacia Estados Unidos.
«Me imagino que la dictadura está tratando de congraciarse, dejando entrar selectivamente a aquellas personas que bajo el criterio de ellos, están en una categoría no tan política», supone Chamorro.
Por su parte un dirigente del sector privado que también pide omitir su nombre, confirma que varias de las personas que han recibido la autorización de ingreso, son personas «acomodadas» y «reconocidas». Considera positivo que quienes enfrentaron ese experiencia cruel, por el simple hecho de que a los Ortega Murillo les dio gana impedirles el ingreso ahora puedan volver.
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«En cualquier momento vuelven a cambiar la medida»
Sin embargo, advierte que así como ahora revierten la prohibición de ingreso a algunas personas, igual que hicieron con los 128 países a los que les les cambiaron la categoría de visa A (libre visado) a visa C (visa consultada), en cualquier momento la pueden revertir esas decisiones y volver al estado anterior.
«Mientras sean Daniel Ortega y Rosario Murillo los que tengan a cargo el gobierno, en cualquier momento vuelven a pasar esos 128 países a visa A y en cualquier momento vuelve a salir esta gente y no la dejar entrar. O simplemente la vuelven a expulsar. Es decir, no existe ninguna garantía de que este es un tema que está cambiando el fondo», señala el empresario.
Otro aspecto importante que considera se debe tomar en cuenta es que esta y otras medidas anunciadas recientemente lo que pretenden, según ellos, es evitar convertirse en blanco de la administración Trump. «Entonces, están queriendo simplemente ganar simpatías, entre comillas, para que no haya ningún tipo de acciones como las que estamos viendo en Venezuela y en Cuba… Simplemente están tratando de evitar que el huracán pase encima de ellos», sostiene el empresario.
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Suspensión de prohibición es discrecional y sin trasnsparencia
Defensores de derechos humanos coinciden con dirigentes políticos y empresariales en que la suspensión de la prohibición de ingreso sigue marcada por la discrecionalidad y la falta de transparencia.
El defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión cuestionó la forma en que se han manejado estas autorizaciones, porque se han entregado con absoluta arbitrariedad, cuando «las políticas de Estado deben caracterizarse por la publicidad. Pero en este caso no fue público cuando atropellaron el derecho a ingresar al país, ni tampoco lo es ahora que lo autorizan”.
Asimismo, comparó estos casos con la situación de los 452 apátridas, señalando que, aunque también fue un proceso irregular, al menos tuvo carácter público. “Aunque fue absolutamente arbitrario cuando a los 222 y luego a los 94 nos declararon en apatridia, en esa ocasión un tipo que hace las veces de presidente del tribunal de justicia, con un procedimiento de lo más indigno, leyó un papel y al menos eso fue público”, recordó Carrión.
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Notificaciones reflejan prácticas abusivas
Además, insistió en que las notificaciones enviadas por correo electrónico reflejan prácticas abusivas. “Una medida arbitraria con procedimientos completamente atropellados, carente de publicidad, es una exhibición de abuso de poder”, dijo Carrión y añadió que ellos deciden la muerte cívica de las personas y violan su derecho a la libertad de circulación para entrar y salir del país y eso no existe ley que permita abusar de esos derechos.
Carrión agregó que el régimen debería dirigirse a todos los nicaragüenses. “El mensaje debe ser en primer lugar al pueblo de Nicaragua, a quien ellos le han violado en general el proyecto de vida, la mayoría del pueblo. El mensaje debe ser que comienzan a “corregir””. Además, instó a los Ortega Murillo a asumir públicamente estas decisiones.
“A ellos que les encanta darse un baño de pueblo y tienen rato de no hacerlo, que den la cara y hablen abiertamente. Que anuncien que comienzan a rectificar sobre la base de abusos, que incluso muchos son irreparables”.
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¿Por qué opositores dicen que no repara el daño?
Por su parte, el también defensor de derechos humanos Lulio Salvador Marenco, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señaló que permitir el regreso no compensa el daño causado. “Autorizar el ingreso un año después no corrige todo el daño causado a la víctima, hay afectaciones causadas. Afectaciones laborales, familiares, psicológicas, de gastos de procesos de regularización en otros países, y situaciones de vulnerabilidad causadas entre otras graves condiciones por perderlo todo de un momento”, asegura Marenco.
Marenco también subrayó la necesidad de una reparación integral: “Es además un proceso de justicia y de reparación que se tiene que dar, pero que en muchos casos se tiene que devolver también lo confiscado. Porque a muchas de esas personas les confiscaron sus propiedades, les impidieron el acceso a cuentas, debe ser una reparación integral a las víctimas”, sostiene.
Asimismo, cuestionó la falta de claridad en el proceso: “No sé cuál habrá sido el procedimiento interno que han utilizado, si el Ministerio del Interior ha revisado caso por caso, si las presiones externas han comenzado a hacer que el régimen ceda o cuál habrá sido el detonante como tal. Lo cierto es que estamos hablando de centenares de vidas que fueron arruinadas por el régimen y que ahora, al menos algunos, pueden regresar a su patria”.
Nicaragua sigue secuestrada
El defensor también advirtió que el contexto del país sigue siendo adverso: “Nicaragua sigue siendo un país secuestrado que no goza de libertad, no es un país donde te puedas desarrollar plenamente. Regresar a Nicaragua, es regresar a un país bajo control y posiblemente bajo una inseguridad económica absoluta. Porque muchas de las personas que pudieron ingresar fue a través de pedirle altas sumas de dinero o altas cantidades de dinero”.
Además, no descartó que estas prácticas continúen: “No descartamos pues que las personas que ingresen en este momento también se les pida plata (dinero). En general el régimen ha venido excarcelando a personas presas políticas de manera puntual. Ahora está dejando ingresar a personas en Nicaragua, al parecer la presión internacional “ha hecho mella en el Carmen”, afirma Marenco.
Todas las personas consultadas insisten en que a pesar de que algunas personas están recibiendo autorización para regresar al país, el proceso continúa rodeado de opacidad y no representa, por sí solo, una solución a las violaciones denunciadas durante los últimos años.
