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Mientras en Estados Unidos un allegado a Donald Trump sigue presionando para que se impongan sanciones contra el régimen de Daniel Ortega por la confiscación de una empresa minera de capital estadounidense, una delegación de la mayor minera de Nicaragua, Equinox Gold, se reunió este lunes con tres sancionados por el Departamento del Tesoro, según dieron a conocer medios de propaganda de la dictadura.
A través de sus redes sociales, el enviado especial de Donald Trump a Caracas y quien ha estado a cargo del Trump-Kennedy Center, Richard Grenell reclamó al Congreso que «actúe» no solo para aprobar una ley que busca reducir la dependencia de EE. UU. del suministro de minerales críticos de China, sino que también aplique medidas por la confiscación de una empresa minera en Nicaragua.
«¡Hagámoslo! Acabamos de enterarnos de que el gobierno nicaragüense le quitó una planta procesadora de oro a una empresa estadounidense y se la entregó a una empresa china. ¡Sin consecuencias! El Congreso debe actuar», expresó Grenell.
Ya en días anteriores, el también el influyente político en el Partido Republicano, dijo: «Confiscar la mina de un empresario estadounidense y entregársela a los chinos es inaceptable. Esto debe rectificarse, o de lo contrario se enfrentarán a sanciones contra toda la industria aurífera de Nicaragua», que aporta unos 2,000 millones de dólares en exportaciones.
En septiembre del 2025, LA PRENSA informó que la dictadura de Ortega confiscó el plantel procesador de oro de BHMB Mining Nicaragua, para luego transferir todas sus operaciones a la empresa china Zhong Fu Development. Estos activos estaban valorados en más de 80 millones de dólares; además, LA PRENSA publicó el sábado 14 de marzo que una concesión de 2,500 hectáreas en San Juan de Río Coco también le fue cancelada a la empresa estadounidense y esta vez le fue entregada a la empresa Palacagüina Mining, igualmente relacionada con supuestos inversionistas chinos.
En medio de esa confiscación y la persecución fiscal que la dictadura ha emprendido contra empresas ya establecidas desde hace varios años, en las últimas semanas altos cargos de esas empresas han llegado al país para reunirse con el hijo de los dictadores, Laureano Ortega Murillo, un desfile de ejecutivos sin precedente.
Este lunes le tocó el turno a David Chester Schummer, director Ejecutivo de Operaciones de Equinox Gold Canadá; Jesús Rivera García, vicepresidente Senior de Equinox Gold Nicaragua; y Omar Vega Sevilla, vicepresidente y Gerente de País Equinox Gold.
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A la reunión y cuyas conversaciones se desconocen, asistieron también los sancionados por Estados Unidos, Wendy Morales, Procuradora General de Justicia y Salvador Mansell, presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y Ministro de Energía y Minas.
El 22 de marzo del 2024, el Departamento del Tesoro sancionó a Morales señalándola de orquestar acciones para confiscar bienes. «La Procuradora General de Nicaragua, en sintonía con el régimen Ortega-Murillo, ha abusado de su cargo para facilitar una campaña coordinada con el fin de reprimir a la disidencia confiscando propiedades de opositores políticos del gobierno sin base legal», afirmó en ese momento Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, citado en un comunicado.
Además el Tesoro dijo que Ortega confirió a la procuradora general «un gran poder» para «determinar quién recibe las propiedades».
Pese a ello, los delegados de Equinox Gold se sentaron a la mesa con Morales, Murillo Ortega y Mansell, este último castigado por Estados Unidos el 15 de noviembre del 2021, señalado también de participar en el entramado de negocios y coimas que el régimen han establecido en la industria minera para conseguir recursos financieros.
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En ese año, Estados Unidos sancionó a Capital Mining, que «es una empresa minera nicaragüense y una de varias compañías alineadas con el régimen que operan en el sector aurífero de Nicaragua. Capital Mining es un intermediario en el sector del oro, controlado por Laureano Ortega Murillo (Ortega Murillo) —hijo del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo— y por Mansell Castrillo; dicha empresa es conocida por cobrar a algunas compañías mineras de oro para permitirles hacer negocios en Nicaragua».
Se desconocen en detalles las conversaciones de estos ejecutivos empresariales con la dictadura, pero según medios oficialistas, durante el encuentro «se revisaron los planes de ampliación de sus operaciones y nuevas inversiones en Nicaragua, reiterando la apertura del Gobierno de Nicaragua para las inversiones extranjeras y las medidas de facilitación y atención para las empresas internacionales».
A mediados de este mes, también se conoció la visita del multimillonario y político británico, Nicholas (Nick) Candy, accionista mayoritario de Metals Exploration, empresa del sector minero que el año pasado adquirió el Proyecto Mina La India.
Candy se reunió con el hijo de los dictadores y otros funcionarios, a pesar que el Reino Unido ha sancionado a Rosario Murillo y otros funcionarios por «socavar la democracia y el Estado de derecho; reprimir a la sociedad civil, a la oposición democrática, y por violaciones de los derechos humanos».
La dictadura emprendió el año pasado una persecución fiscal contra las dos principales productoras de oro de Nicaragua. A Hemco que pertenece a la colombiana Mineros, la forzó a pagar 49.30 millones de dólares para resolver una disputa fiscal por supuestos impuestos atrasados del periodo comprendido entre 2019 y 2024.
En una situación similar se vio involucrada la canadiense Equinox Gold, que en junio del 2025 adquirió Calibre Mining y que ahora opera las minas La libertad y Limón. El año pasado le cobraron 36.6 millones de dólares en concepto de supuestos impuestos atrasados.
