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El modelo corporativista que el régimen sandinista consolidó en la reforma constitucional del 2014 se sostuvo durante más de una década gracias a un pacto tácito entre el poder político y las élites económicas. Ese acuerdo, que había sido presentado como un mecanismo de estabilidad y crecimiento, se derrumbó abruptamente en el 2018, cuando la represión de la dictadura sandinista contra las protestas ciudadanas reveló la verdadera naturaleza del sistema, un régimen dispuesto a sacrificar cualquier alianza con tal de preservar su control absoluto.
La ruptura del pacto no solo expuso la fragilidad del modelo, sino que convirtió a varios de sus antiguos beneficiarios en víctimas directas de la maquinaria represiva que ellos mismos habían contribuido a legitimar.
El quiebre de abril: el fin de la estabilidad pactada
Las protestas de abril de 2018 marcaron el punto de no retorno. La respuesta violenta del régimen (con más de 300 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos) destruyó la narrativa de estabilidad que había sostenido la alianza con el sector privado.
Muchos empresarios, que durante años habían privilegiado la estabilidad económica sobre la institucionalidad democrática, se encontraron ante un régimen que ya no buscaba consensos, sino obediencia.
La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, lo había advertido en su discurso de despedida ante Amcham el 29 de octubre de 2018: “La comunidad empresarial valoraba más la estabilidad que la sostenibilidad”.
Ese reconocimiento público reflejaba un patrón que se volvió insostenible tras la masacre de abril. La élite económica descubrió que la estabilidad que habían defendido no era más que una fachada que ocultaba un proyecto autoritario dispuesto a aplastar cualquier forma de disenso.
De aliados a enemigos: la persecución de los empresarios
Tras el quiebre de abril del 2018, el régimen pasó de la alianza al castigo. Varios empresarios y figuras vinculadas al modelo corporativista fueron encarcelados, despojados de sus bienes y forzados al exilio. Entre ellos: José Adán Aguerri, expresidente del Cosep y figura clave del pacto empresarial; Luis Rivas, alto ejecutivo del sector financiero; Michael Healy, presidente del Cosep al momento de su captura (fallecido el 25 de enero 2024); Álvaro Vargas, vicepresidente del Cosep; Arturo Cruz, académico del Incae, exembajador y uno de los intelectuales que respaldó el modelo previo a 2018.
La caída de estas figuras fue especialmente simbólica. Todos ellos habían participado, en mayor o menor medida, en el modelo de diálogo y consenso que definió la década anterior. Sin embargo, ninguno cruzó la línea de apoyar la represión, los asesinatos o la violencia desatada en 2018.
Cuando el régimen ordenó la represión indiscriminada, ellos no se prestaron a justificarla ni a legitimarla. Por el contrario, muchos rompieron públicamente con el Gobierno y se alinearon con las demandas ciudadanas.
Ese gesto (romper con el poder, rechazar la violencia y ponerse del lado del pueblo) les costó la libertad. Fueron encarcelados, humillados y convertidos en rehenes políticos. Y aunque formaron parte de un modelo corporativista que debilitó la institucionalidad del país, también es justo reconocer que, llegado el momento decisivo, no se prestaron a legitimar la represión ni a justificar los crímenes del régimen.
Esa capacidad de rectificar, de reconocer el error histórico y de ponerse del lado correcto de la historia, es una lección importante, cambiar para bien es loable, incluso cuando se llega tarde.
El reemplazo del capital nacional: el giro hacia China, Rusia y nuevos aliados externos
Aunque el pacto con las élites nacionales se rompió, el modelo corporativista no desapareció. Simplemente fue reconfigurado.
Los espacios que antes ocupaban los empresarios nicaragüenses comenzaron a ser llenados por capital chino y ruso, que encontró en el régimen un socio dispuesto a entregar concesiones estratégicas a cambio de respaldo político, financiero y tecnológico.
El resultado es un modelo donde el capital nacional queda marginado, mientras actores externos se convierten en los nuevos beneficiarios del esquema de poder.
En ese contexto, el modelo de dependencia geopolítica que sostiene al régimen nicaragüense enfrenta un escenario adverso. La presencia china, rusa y potencialmente iraní, en sectores estratégicos de Nicaragua se está convirtiendo en un punto de fricción directa con la política exterior estadounidense, lo que abre la posibilidad de nuevas sanciones, restricciones financieras y medidas de aislamiento, con el objetivo de sacar a la dictadura e iniciar un proceso de transición a la democracia.
La historia reciente de Nicaragua deja una paradoja amarga, el pacto que debilitó la democracia terminó destruyendo a quienes lo sostuvieron y entregando el país a intereses externos.
Las élites económicas que aceptaron un modelo sin institucionalidad terminaron enfrentando la misma maquinaria autoritaria que ayudaron a consolidar. Y el régimen, en su afán de sobrevivir, sustituyó al empresariado nacional por actores extranjeros cuya presencia está siendo amenazada por el nuevo rumbo geopolítico en la región.
No dudo que pronto estaremos de nuevo a la reconstrucción del Estado de derecho, esperando no volver a cometer los errores del pasado.
El autor es expresidente de Hagamos Democracia.
Miembro del Bloque de Centro Derecha, Concertación Democrática Monte Verde.
