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La reforma constitucional del 2014 no solo modificó artículos legales, redefinió la relación entre poder político y poder económico en Nicaragua. Bajo el discurso de “diálogo y consenso”, el régimen sandinista institucionalizó un modelo que, lejos de fortalecer la democracia, terminó por debilitarla. El artículo 98 reformado fue el corazón de ese proceso, convirtió en mandato constitucional una alianza cerrada entre Gobierno, empresarios y trabajadores, excluyendo a la ciudadanía y a los partidos políticos del diseño de las políticas económicas.
Lo más revelador es que la propia exposición de motivos de la reforma exaltó abiertamente a uno de los empresarios más influyentes del país, don Carlos Pellas Chamorro, citándolo como referente del modelo de alianza entre el Gobierno y el sector privado. Que un texto constitucional invoque la figura de un empresario específico no es un gesto menor, es la señal de que el pacto corporativo no solo existía, sino que se legitimaba desde la cúspide del poder político. La Constitución se convirtió en un instrumento para consagrar una relación privilegiada entre el Ejecutivo y un grupo reducido de élites económicas.
Ese modelo, presentado como modernización, fue en realidad la arquitectura de un pacto que permitió al Ejecutivo avanzar sin resistencia en la concentración de poder. Y en ese pacto, la figura de José Adán Aguerri, entonces presidente del Cosep, jugó un papel decisivo. Su liderazgo fue clave para articular la participación empresarial en las mesas de negociación con el Gobierno, facilitando un esquema donde el sector privado obtenía beneficios económicos mientras el régimen consolidaba su control político.
La naturaleza de esta alianza quedó expuesta públicamente el 29 de octubre de 2018, cuando la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, pronunció su discurso de despedida ante Amcham Nicaragua. En esa intervención, Dogu afirmó con claridad que los empresarios nicaragüenses le habían expresado durante años que preferían la estabilidad económica por encima de la institucionalidad democrática. Su frase fue contundente: “La comunidad empresarial valoraba más la estabilidad que la sostenibilidad.”
Ese testimonio diplomático confirmó lo que muchos ya intuían, que la élite económica había aceptado un pacto tácito donde la prosperidad de corto plazo justificaba el silencio ante el deterioro institucional.
Durante más de una década, los grupos empresariales más influyentes disfrutaron de acceso privilegiado a decisiones fiscales, regulatorias y productivas. La cercanía al poder se convirtió en un activo económico: exoneraciones, estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica selectiva y un clima político controlado. Mientras el país mostraba crecimiento, los beneficios se concentraban en sectores estrechamente vinculados al Gobierno: Banca, Agroindustria, Energía, Construcción y Zonas Francas.
A cambio, el régimen obtenía algo aún más valioso: legitimidad económica y silencio político. Mientras las instituciones democráticas eran cooptadas (el Poder Judicial, el sistema electoral, la Asamblea Nacional) la alianza con el gran capital funcionaba como un escudo. El país parecía estable, la economía crecía y el autoritarismo avanzaba sin ruido.
La reforma al artículo 98 de la Constitución fue la consagración jurídica de ese pacto. Al definir que las políticas económicas debían construirse exclusivamente entre Gobierno, empresarios y trabajadores, la Constitución dejó fuera a los partidos, a la sociedad civil, a las comunidades territoriales y a cualquier actor no controlado por el Estado. La democracia quedó reducida a un mecanismo formal, mientras las decisiones reales se tomaban en mesas cerradas.
Este modelo no solo debilitó el Estado de derecho, lo sustituyó. Las instituciones dejaron de ser espacios de deliberación pública y se convirtieron en instrumentos del Ejecutivo. La ciudadanía perdió canales de participación. El pluralismo político se redujo a una fachada. Y el régimen consolidó un poder que, con el tiempo, se transformó en una dictadura abierta, dura y sangrienta.
La ruptura del pacto en 2018 no cambió el hecho fundamental, para entonces, el daño institucional ya estaba hecho. El Estado de derecho había sido erosionado durante años con la colaboración (activa o pasiva) de quienes se beneficiaron del modelo. La crisis solo reveló lo que ya existía: un país sin contrapesos, sin instituciones independientes y sin mecanismos democráticos capaces de contener el poder.
La experiencia nicaragüense deja una lección clara, cuando el poder económico y el poder político se fusionan bajo un esquema corporativista, la democracia se vuelve prescindible. Y cuando las élites económicas aceptan ese pacto a cambio de estabilidad y beneficios, el autoritarismo encuentra el terreno perfecto para consolidarse.
El autor es ingeniero. Expresidente de Hagamos Democracia. Miembro del Bloque de Centro Derecha. Concertación Democrática Monte Verde. Miembro Conservador de Ciudadanos por la Libertad (CxL) Exilio.
