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Un nuevo informe del Consorcio sobre Género en Nicaragua revela la magnitud de la represión ejercida por el régimen Ortega Murillo contra mujeres y activistas feministas, documentando más de 120 casos de persecución política entre 2018 y 2025.
La investigación, presentada el 25 de febrero, concluye que estas prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad por motivos de género, al dirigirse de manera sistemática contra lideresas y defensoras de derechos humanos.
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El estudio detalla que las mujeres opositoras al régimen orteguista han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, exilio forzado y pérdida de nacionalidad.
Dentro de la muestra documentaron 42 casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que incluían violencia sexual, amenazas vinculadas a la maternidad y otras formas de violencia de género.
“Exceptuando un caso, la violencia se ejerció en detención y bajo la custodia de agentes de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario, o de personas civiles con aquiescencia del Estado”, se lee en el informe.
Además 52 vivieron detenciones arbitrarias, en 50 de ellas se detallan las condiciones de detención y en 46 el proceso de excarcelación.
Mientras, 61 casos, corresponden a personas forzadas al exilio, de estas 28 fueron desterradas, o sufrieron pérdida arbitraria de la nacionalidad y confiscación de bienes; y 33 casos restantes “corresponden a exilios derivados de la situación de hostigamiento, amenazas y vigilancia constante que las personas sufrieron después de su excarcelación o antes de una detención inminente”, explican.
El informe fue elaborado por el Consorcio sobre Género en Nicaragua, integrado por el Centro Guernica para la Justicia Internacional, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y activistas y defensoras de derechos humanos independientes, que conformaron una alianza para realizar este proyecto de investigación.
Además “documentaron insultos o descalificativos sexistas, machistas, homófobos, transfóbicos, amenazas centradas en la maternidad, y una mayor incidencia en las mujeres detenidas de aislamiento temporal y aislamiento prolongado como forma de tortura y detenciones en condiciones inhumanas y degradantes; manifestando en conjunto una discriminación motivada por razones de género contra mujeres, lesbianas y mujeres trans”.
De los 120 casos investigados, 24 involucraron violación sexual y otras formas de violencia sexual como amenaza de violación sexual y desnudo forzoso, afectando desproporcionadamente a mujeres presas políticas.
14 casos ocurrieron en 2018, temporada inmediata a la represión estatal. Otros tres ocurrieron en 2019, dos en 2021 y 2022 y tres en 2023.
Aunque la violencia sexual se registró con mayor intensidad en el periodo inmediato al estallido social, se ha mantenido en años posteriores.
En 21 de los casos priorizados, las víctimas detenidas fueron obligadas a desnudarse frente a agentes del Estado, también fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas frente a varios agentes de la Policía Nacional y en algunos casos también de personas civiles encapuchadas; otras fueron fotografiadas desnudas. Una mujer fue obligada a desnudarse en una base militar frente a una mujer oficial militar.
Violencia es histórica
Según el estudio, se clausuraron más de 280 organizaciones feministas, con confiscación de bienes y borrado simbólico de su labor.
Las voces recogidas en el informe reflejan la dimensión humana de esta persecución. “Hay un odio a las mujeres, pero no contra cualquier mujer, sino contra nosotras, porque luchamos, porque denunciamos, porque no nos doblegan”, relató una defensora exiliada.
Otro de los testimonios, es el de una excarcelada que tras meses de tortura afirmó: “Nos querían quebrar, hacernos arrodillar, pero seguimos de pie porque nuestra resistencia es también memoria”.
El informe subraya que la persecución no comenzó en 2018. Casos como la denuncia de Zoilamérica Narváez en 1998 y la penalización absoluta del aborto en 2006 marcaron antecedentes de un antifeminismo institucional que se consolidó en la represión masiva posterior.
Los hallazgos se enmarcan en el Estatuto de Roma y en la jurisprudencia internacional, que reconocen la persecución por motivos de género como crimen de lesa humanidad. El documento busca aportar pruebas para futuros procesos de justicia y preservar la memoria de las víctimas.
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De acuerdo al informe la represión contra las mujeres en Nicaragua no solo busca acallar voces críticas, sino también reafirmar un modelo patriarcal de control social. Sin embargo, los testimonios recogidos muestran que la resistencia femenina sigue viva y que la memoria será clave para alcanzar verdad y justicia.
“Fuimos nosotras las que organizamos todo, las marchas, las decisiones. Querían invisibilizarnos, pero nuestra voz se multiplicó”, se lee entre los testimonios compartidos por jóvenes universitarias que lideraron protestas.
Puede leer el informe completo en este enlace.
