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La crisis política nicaragüense no es únicamente una disputa entre dictadura y oposición ni un debate sobre mecanismos de transición cuya discusión debe ser un punto medular en la dinámica opositora. Es, ante todo, una crisis estructural marcada por la corrupción, la captura institucional y el debilitamiento sistemático del Estado democrático. El país enfrenta hoy una decisión fundamental: impulsar una transformación real o aceptar una reconfiguración política que preserve las estructuras responsables del deterioro nacional, siendo este el peor escenario para la ciudadanía nicaragüense.
En este contexto ha comenzado a posicionarse una narrativa proveniente de sectores ligados históricamente al sandinismo ya sea por afiliación o defensa de la corrupción e intereses políticos oscuros que, bajo discursos de “realismo político”, convivencia o reconciliación pragmática, busca normalizar nuevamente al sandinismo como actor inevitable del futuro político de Nicaragua. Esta propuesta suele presentarse como estabilidad, pero en la práctica responde a una lógica conocida en la historia nacional: resolver las crisis mediante acuerdos entre élites que sustituyen la justicia por la negociación. Lo que muchos sectores opositores identifican desde hace tiempo como un “aterrizaje suave”, acompañado ahora por la idea de un “borrón y cuenta nueva”, orientado a cerrar el capítulo sin desmontar las estructuras que provocaron la crisis, y sin un compromiso real con la justicia.
Para comprender la gravedad de este planteamiento es necesario volver a abril de 2018. Las protestas surgieron como una movilización cívica, espontánea y ciudadana impulsada por estudiantes, trabajadores y sectores sociales diversos que exigían libertades democráticas, fin del autoritarismo y respeto a los derechos fundamentales. Universidades y comunidades se convirtieron en espacios de organización donde predominó la protesta pacífica y la acción no violenta.
Sin embargo, el debate actual intenta reinterpretar esos hechos mediante narrativas que equiparan a ciudadanos movilizados con el aparato represivo estatal. El tema de los tranques ha sido utilizado para sostener esa distorsión, pese a que en su mayoría funcionaron como mecanismos de presión cívica organizados por comunidades locales. Los episodios donde aparecieron armas han sido señalados por numerosos participantes pacifistas como resultado de infiltraciones o dinámicas militares vinculadas a sectores de la disidencia sandinista debido a su pensamiento bélico y mentalidad de sacrificio ciudadano, posteriormente utilizadas para criminalizar toda la protesta y justificar la represión.
Defender el carácter cívico de abril es esencial porque aceptar su criminalización implica legitimar la violencia estatal, cuyos efectos incluyeron asesinatos, detenciones arbitrarias, persecución política y exilio masivo. Abril permitió evidenciar un modelo político sustentado en el autoritarismo, la represión y el control institucional como mecanismos de permanencia en el poder.
En paralelo, también se intenta ampliar el concepto de preso político para incluir figuras déspotas del sandinismo. Personalidades como Bayardo Arce o el fallecido Humberto Ortega no encajan en esa categoría desde una perspectiva ética y política. El preso político es quien es perseguido por ejercer libertades frente al poder, no quien participó en la construcción del sistema que posteriormente reprimió a la ciudadanía. Equiparar ambas situaciones diluye responsabilidades históricas y debilita la noción misma de justicia.
La corrupción fue el eje que permitió consolidar este modelo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional evolucionó hacia una estructura donde partido, Estado y aparato coercitivo se fusionaron, eliminando contrapesos institucionales y generando clientelismo, persecución judicial, censura, deterioro económico y migración masiva. No se trata únicamente de un problema de liderazgo, sino de una estructura política que históricamente ha demostrado ser fallida, autoritaria y profundamente incompatible con principios democráticos.
En este punto resulta clave aclarar una distorsión frecuente: reconocer la naturaleza criminal y represiva de esa estructura no implica perseguir a quienes se identifican como de izquierda. La discusión no es contra ciudadanos ni identidades políticas individuales, sino contra un aparato que, a lo largo del tiempo, ha operado mediante prácticas autoritarias y violaciones sistemáticas de derechos. Nombrar esa realidad busca precisamente lo contrario a la persecución: abrir paso a una pluralidad política auténtica, donde nuevas fuerzas y partidos puedan competir bajo reglas democráticas, respeto institucional y valores republicanos compartidos.
Dentro de este entramado, el Ejército Sandinista ha sido señalado por diversos análisis e informes como un actor con peso económico y político propio, cuya estabilidad terminó vinculada a la continuidad del modelo represivo con apoyo directo de su inteligencia militar, reforzando la percepción de un sistema sostenido por redes de poder interconectadas y opacas dispuestas a todo por defender sus redes macabras ligadas al narcotráfico y organizaciones terroristas Internacionales, esta entidad no puede ser separada del FSLN ya que son lo mismo.
El Aterrizaje Suave 1.0 buscó una salida negociada tras 2018 sin desmontar estas bases estructurales. Hoy, el Aterrizaje Suave 2.0 intenta reproducir esa lógica mediante el “borrón y cuenta nueva”, promoviendo una transición que preserve privilegios políticos y económicos a cambio de estabilidad aparente. El riesgo es repetir el ciclo histórico nicaragüense: sacrificar justicia y reformas profundas en nombre de una paz inmediata que sería una paz negativa, dejando un escenario propicio para el regreso del FSLN con otras caras y con mayor peso de impunidad.
Una transición real exige desmontar las bases de la corrupción, del autoritarismo y de la represión institucionalizada. Esto implica independencia judicial, elecciones libres, despartidización de las fuerzas armadas y policiales, libertad de prensa y justicia para las víctimas, pero también la construcción de un nuevo modelo de partidos políticos representativo, plural y comprometido con valores democráticos mínimos que impidan la repetición de modelos hegemónicos.
Abril permanece como un límite moral y político: el momento en que la ciudadanía perdió el miedo y exigió un país distinto. Nicaragua no necesita un simple reajuste del poder ni un pacto de olvido, sino una transformación institucional que permita cerrar definitivamente el ciclo histórico de autoritarismo y abrir una etapa basada en pluralidad política, responsabilidad histórica y democracia real.
El autor es activista opositor en el exilio. Miembro de Avanza Nicaragua.
