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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo circuló un comunicado en los medios oficialistas en el que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) —ahora a cargo de la Dirección General de Minas— asegura que todas las concesiones mineras cumplen con las leyes. Sin embargo, investigaciones de LA PRENSA y Fundación del Río dejan al descubierto la mentira y de cómo se beneficia la cúpula del poder y los inversionistas chinos con el oro a través de la competencia desleal y la minería ilegal.
En el comunicado divulgado la tarde del sábado la PGJ señala que las concesiones mineras otorgadas “han cumplido con el debido proceso”; sin embargo, las indagaciones de Fundación del Río dicen lo contrario, han indicado que la actividad de exploración y explotación minera se realiza en áreas protegidas y de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
“El régimen miente… Trata en su comunicado de explicar que ha sido todo un proceso transparente y de libre mercado. Lo cierto es que en la práctica eso no ha sido así. Hay una competencia desleal con otras inversiones que estaban anteriormente y eso se demuestra a través de los beneficios que han tenido las empresas mineras chinas para instalarse en el país”, explica el ambientalista y presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz.
A las empresas que hace referencia Ruiz, son las 16 mineras chinas que operan en Nicaragua desde finales de 2023, que a través de 72 concesiones, tiene en su poder más de un millón de hectáreas distribuidas en distintas zonas del país para la explotación de minerales metálicos y no metálicos. A la lista se suman otras empresas nicaragüenses ligadas a la cúpula del poder como la Compañía Minera Internacional S.A. (Comintsa) y Capital Mining Investment Nicaragua S.A., ambas sancionadas por Estados Unidos.
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Régimen presiona a mineras para beneficiar a empresa chinas
Según el ambientalista, mientras estas empresas son beneficiadas sin muchos requerimientos, las mineras que llevan más años operando en el país son presionadas para despojarse de lotes otorgados con anterioridad. Un ejemplo de esto es Calibre Mining Nicaragua, S.A. (subsidiaria ahora bajo Equinox Gold) que ha renunciado o devuelto al Estado al menos siete lotes entre octubre y noviembre de 2025 alegando “falta de potencial de interés”, pero el régimen “no da detalles alrededor de los motivos reales de estas cancelaciones”, subraya Ruiz.
En octubre del año pasado, Equinox Gold reveló en un informe financiero que enfrentaba un reclamo de 36.6 millones de dólares de parte del régimen, que incluye impuestos, intereses y multas. La empresa candiense señaló que la autoridad tributaria nicaragüense se niega a permitir que se deduzca ese saldo del pago del Impuesto sobre la Renta (IR). Una situación similar enfrenta Hemco Mineros de capital colombiano, que enfrenta un reparo fiscal por 39.6 millones de dólares.
“La persecución vía DGI (Dirección General de Ingresos) que se tiene el régimen ante el sector, son formas de presión para que estas empresas cedan o negocien para favorecer a los intereses asiáticos que son sus socios”, sostiene el ambientalista.
No obstante, la PGJ alega en su comunicado que ambas empresas se encuentran operando “sin restricciones” y que en conjunto exportaron en oro el equivalente a 1,325 millones de dólares en 2025. El presidente de Fundación del Río dice que con este comunicado el régimen “trata de dar tranquilidad al sector y a los inversionistas”.
Falta de transparencia en concesiones otorgadas a los chinos
Sobre las concesiones a empresas chinas, Ruiz destaca que el régimen ha modificado el sistema de evaluación ambiental para facilitarles a estas la exploración y explotación minera y que los contratos se manejan bajo opacidad. “No sabemos cuál es el nivel de inversión de estas empresas, experiencia, ni siquiera tienen página web. Una serie de elementos que evidentemente contradicen la posición que ha presentado el régimen de Ortega-Murillo”, resalta.
La falta de transparencia también es evidente en las solicitudes y otorgamiento de concesiones mineras, desde agosto de 2024, la Dirección General de Minas no actualiza esta información.
Régimen maneja discrecionalmente la minería ilegal
La PGJ asegura que “el aprovechamiento minero, específicamente el oro” es realizado en “convivencia armónica” entre grandes empresas, pequeña minería y minería artesanal, pero según Amaru Ruiz las dos últimas actividades son ilegales porque el régimen “no ha querido regularizar” para mantener a “conveniencia el manejo discrecional de este sector” .
Esa actividad minera ilegal se ha extendido hacia áreas protegidas y en territorios indígenas, entre estas zonas está el río San Juan. El ambientalista menciona que ahí se reporta contrabando, tráfico, trata de personas e impactos hacia el vecino país Costa Rica.
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Precisamente, sobre Costa Rica, el presidente de ese país, Rodrigo Chaves, aseguró, el viernes 20 de febrero, que denunciará ante el Gobierno de Estados Unidos el tema de la minería ilegal que afecta al territorio costarricense. Señaló específicamente el robo del oro y sedimentos extraídos ilegalmente en la zona de Las Crucitas, que termina siendo comercializado en Nicaragua y adquirido por empresas chinas.
Previo al anuncio de Chaves, Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, aseguró que los mineros “se están robando la tierra de los costarricenses a granel”.
Además de “avalar” la minería ilegal, el régimen tiene en su poder los planteles Los Ángeles, ubicado en La Libertad, Chontales; y BHMB Mining Nicaragua, en Palacagüina, Madriz, ambos de procesamiento minero, expropiados en marzo de 2023 y septiembre de 2025, respectivamente. Con estos la dictadura tiene mayor control en la pequeña minería y la minería artesanal que llevan el material de procesamiento a estas plantas.
Según datos oficiales, la actividad minera generó en exportaciones el equivalente a 1,961 millones de dólares en 2025. Esta riqueza se queda en muy pocas manos, y a diferencia de otras actividades productivas, la minería solo genera 6,184 empleos formales, según reportes del Banco Central de Nicaragua (BCN).
