La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberó al opositor Manuel Antonio Romero, exfuncionario de la Alcaldía de El Cuá, en Jinotega, quien había sido detenido por la Policía tras ser deportado el pasado 5 de febrero desde Estados Unidos. Romero fue capturado el 7 de febrero en su municipio de residencia, denunciaron autoridades de Ciudadanos por la Libertad en el Exilio (CxL).
El opositor fue liberado bajo condición —que se desconoce con exactitud— el sábado 14 de febrero, confirmó en un escueto mensaje Alexander Gómez, miembro del comité de CxL a LA PRENSA.
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Romero vivía en Tennessee y era solicitante de asilo, fue detenido por una multa de tránsito y el 4 de enero le tocó presentarse ante un juez de inmigración quien ordenó su deportación.
Exfuncionario vinculado a CxL
Romero trabajó como promotor en el área Ambiental de la Alcaldía de El Cuá. Fue un funcionario vinculado al partido CxL, una organización opositora a la que el Consejo Supremo Electoral (CSE) —dominado por magistrados orteguistas— quitó la personería jurídica un año antes cuando eliminó la competencia electoral en las votaciones presidenciales de ese año, mientras recrudeció la represión.
El opositor salió de Nicaragua en 2022, cuando se incrementó la persecución política contra funcionarios municipales. En julio de 2022, el régimen Ortega-Murillo intervino la Alcaldía de El Cuá y destituyó al alcalde opositor Isidro Irías Herrera.
El sandinismo impuso como alcalde a Raúl Antonio Acevedo Lara en noviembre de ese mismo año. A partir de entonces, se inició una persecución en contra de exfuncionarios considerados adversarios políticos.
Jueces de EE. UU., descartan solicitudes
Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, en los últimos meses a acelerado el rechazo de asilo a cientos de solicitantes, incluidos nicaragüenses, mediante un mecanismo legal poco conocido fuera de las cortes de inmigración: «pretermission». La figura permite a los jueces descartar las solicitudes de asilo sin celebrar audiencia ni escuchar el testimonio de persecución de los solicitantes.
El Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS, por sus siglas en inglés) alertó que desde diciembre de 2025 se ha registrado un aumento significativo de casos de pretermission, especialmente aquellos vinculados al ACA. Según datos recopilados por la organización, Nicaragua encabeza la lista de nacionalidades cuyos casos han sido bajo esta figura.
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Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se contabilizaban al menos 256 casos de ciudadanos nicaragüenses, a quienes el Gobierno de EE. UU., les planteó la remoción a un «tercer país seguro», aunque no sea el país de origen del solicitante.
Los destinos alternativos más mencionados en el caso de los nicaragüenses son: Honduras, Guatemala, y Ecuador. Lo que significa que cualquier nicaragüense solicitante de asilo en EE. UU., puede ser enviado a uno de estos países sin que su caso haya sido evaluado.
