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El opositor Manuel Antonio Romero, exfuncionario de la Alcaldía de El Cuá, en Jinotega, fue deportado el pasado 5 de febrero desde Estados Unidos y luego capturado por la Policía Nacional en su municipio de residencia, alertaron autoridades de Ciudadanos por la Libertad, CXL Exilio.
Alexander Gómez, miembro del comité de esta organización, explicó que Romero vivía en Tennessee y era solicitante de refugio. “El 4 de enero se presentó a una corte, según se señalaba tenía una multa de tránsito por alguna infracción leve… fue deportado el 5 de febrero y dos días después, el 7 de febrero fue arrestado por la Policía de El Cuá Jinotega, que es su municipio de residencia”.
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Romero trabajó como promotor en el área Ambiental de la Alcaldía de El Cuá. Fue un funcionario vinculado al partido CxL, una organización opositora a la que el CSE quitó la personería jurídica un año antes cuando eliminó la competencia electoral en las votaciones presidenciales de ese año, mientras recrudeció la represión.
El detenido salió de Nicaragua en 2022, cuando se incrementó la persecución política contra funcionarios municipales. En julio de 2022, el régimen de Daniel Ortega intervino la Alcaldía de El Cuá y destituyó al alcalde opositor Isidro Irías Herrera. El sandinismo impuso en noviembre de ese mismo año como alcalde a Raúl Antonio Acevedo Lara. A partir de entonces, se inició una persecución contra exfuncionarios considerados adversarios políticos.
Según Gómez, tras el arribo de Romero a Nicaragua, las autoridades migratorias lo trasladaron a su vivienda en El Cuá. Posteriormente fue detenido en un operativo policial, acusado de haber participado en las protestas de abril de 2018, las cuales fueron brutalmente reprimidas por el régimen de Daniel Ortega. Fue llevado a las cárceles de Jinotega, sin embargo, Gómez agregó que “desde el día 10 de febrero la Policía lo trasladó (al detenido) a un lugar desconocido y no dan información”.
“Nos preocupa que las personas que huimos de la violencia política de Nicaragua estemos expuestas a la deportación. Quedamos más vulnerables ante el riesgo de ser regresados a nuestro país de origen, cuando hay evidencias de la persecución política”, lamentó Gómez.
Agregó que no conocer el paradero de Romero vulnera mucho más los derechos de los ciudadanos nicaragüenses «esto de la persecución selectiva continúa y es arbitraria”, concluyó. Tras su detención, Romero pasa a ser un reo de conciencia. Según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas hay 62 en el país.
Deportar a un opositor es mandarlo a la cárcel
Juan Sebastián Chamorro, coordinador de Ciudadanos por la Libertad Exilio, sostuvo que Romero, de 49 años, “es un preso político evidentemente y su arresto habla que la brutalidad y la represión en Nicaragua no se ha detenido”.
Chamorro añadió que el encarcelamiento de Romero es el más reciente caso de la puerta giratoria del régimen sandinista, que supuestamente libera a algunos y encierra a otros «una de las cosas por las cuales hicimos este lanzamiento de Ciudadanos por la Libertad Exilio, era precisamente para crear las redes de comunicación, solidaridad y apoyo todos los hermanos, no solamente los CXL, sino que también todos los nicaragüenses”.
En relación con los procesos de asilo, subrayó que los jueces deben de estar claros del riesgo de deportar a opositores. “Cuando apoyamos en solicitudes de asilo le decimos a los jueces que el riesgo de regresar a Nicaragua es altísimo, un riesgo contra su vida, a toda esta comunidad del personal judicial, que están encargados de ver todos estos casos, decirles que cuando nosotros decimos de que la gente está en peligro su vida, aquí se está evidenciando”, enfatizó.
Agregó: “A los centenares, creo que son miles de jueces de inmigración que a diario ven estos casos, que sepan que al deportarlo lo están mandando a la cárcel misma”.
Chamorro asegura que aunque hasta ahora no se han confirmado otros casos similares, no descartan que exista subregistro. “Hay un enorme hermetismo de parte de la familia… se me hace muy difícil pensar de que habiendo tanto deportado no hayan habido ya casos anteriores. Es el primero que estamos denunciando porque precisamente hay un interés de que se sepa dónde está él, no me sorprendería que habría otros casos que se han quedado callados», dijo.
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El dirigente opositor agregó que incluso nicaragüenses, con permiso de trabajo en Estados Unidos, están recibiendo cartas para autodeportarse. «El caso de Rafael Antonio (Romero) es un caso que lo pueden sufrir muchos otros nicaragüenses y que tomen nota al momento de retomar una decisión”, exhortó Chamorro, quien demandó libertad y el cese de la represión.
La posición de los jueces estadounidenses se alinea con el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump, mientras el Departamento de Estado demanda la libertad de los presos políticos en Nicaragua y critica frontalmente la legitimidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
