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Mientras el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno evitaron abordar la crisis de empleos que se está desarrollando en las empresas de zona franca, nuevos números recién actualizados por el Banco Central de Nicaragua (BCN) sobre ese sector revelaron que la planilla hasta octubre del año pasado retrocedió a niveles de hace seis años y se alejó una vez más del histórico 140,866 registrado en julio del 2022.
Las nuevas estadísticas revelan que en octubre las 170 empresas que operaban hasta ese mes en ese régimen arancelario especial, despidieron a 3,176 trabajadores, la reducción más dramática que se había reportado en el 2025, lo que refleja que lejos de superarse la crisis que comenzó en el 2022, esta se está profundizando.
Hasta octubre la planilla alcanzó 111,680 trabajadores, por debajo de los 114,856 que habían hasta septiembre de ese año, lo que indicaría que en ese mes más de 3,000 personas se fueron al desempleo, según las cifras del BCN.
De esta manera y sin aún conocerse la evolución en los últimos dos meses del año pasado, en diez meses un total de 7,002 personas pasaron a engrosar el desempleo, cifra que se profundiza si se compara con octubre del 2024, es decir en los últimos 12 meses, cuando habían 122,523 trabajadores.
Es decir que en doce meses, hacia atrás a partir de octubre, a 10,843 trabajadores de estas empresas, en su mayoría maquilas, los enviaron al desempleo, a un ritmo de casi mil personas por mes.
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Fondo Monetario ignoró la crisis
Fuentes dijeron a LA PRENSA en semanas recientes que «se cree que el Gobierno está negociando con Estados Unidos, pero el arancel del 18 por ciento tiene al sector confección y textil casi sin órdenes de trabajo, esperando el resultado de (esas conversaciones sobre) los aranceles. Pero las empresas están despidiendo personal y hay empresas al borde de cierre».
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El sector recibió con alivio la decisión de Washington de no tocar el DR-Cafta, como parte de la investigación que realizó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, sustentada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Tocar el tratado habría implicado un arancel adicional al ya anunciado por Donald Trump, esto hubiese terminado de ahogar a las empresas y desatado una oleada masiva de salida de textileras, mucho más de la que está por ocurrir este año.
Y pese a la profundidad de la crisis de empleos en zona franca, el Fondo Monetario Internacional (FMI), no abordó la misma en el reciente informe sobre el estado de la economía en el marco del Artículo IV, donde se reveló que el Gobierno le dijo que no tenía ningún plan para apoyar el retorno e inserción al mercado del trabajo de los miles de migrantes que se esperan sean deportados este año desde Estados Unidos.
El régimen de Daniel Ortega le informó al personal técnico del Fondo que no ven «la necesidad de medidas adicionales para los migrantes que regresan, más allá de las políticas laborales vigentes, ya que estas políticas no distinguen entre migrantes y otros solicitantes de empleo».
No existe una estrategia de empleo
Lo anterior implicaría que ante la ausencia de una estrategia en el mercado del trabajo, los migrantes que regresen a Nicaragua no podrán refugiarse en las empresas de zona franca, porque las mismas no están contratando.
Tal es la crisis que estalló en agosto del 2022, a raíz de la caída de pedidos en Centroamérica por parte de las marcas en Estados Unidos por el exceso de inventario a raíz del impacto de la pandemia en las ventas, que solo en Nicaragua casi 30,000 personas han quedado sin trabajo.
En concreto, cuando se compara la cifra de octubre de 2025 con julio del 2022, un total de 29,186 trabajadores han sido despedidos, una crisis sin precedente en este sector, que actualmente no cuenta con una organización empresarial que busque apoyo en el mercado de Estados Unidos para contener la destrucción masiva de empleos.
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Sector zona franca está debilitado
El régimen de Ortega, en su guerra contra el sector privado organizado, en el 2023 ordenó quitar la personería jurídica de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), que antes, en conjunto con las empresas, buscaba solución a los problemas del sector.
Se teme que el desempleo se haya agudizado en diciembre y parte de enero, porque en medio de esta crisis las empresas, forzadas por un acuerdo multianual, a inicios de este año debieron aplicar un ajuste de 6.7 por ciento en el salario mínimo, el cual subió a 9,986.46 córdobas, unos 627.08 córdobas más comparado con lo que ganaban hasta diciembre del año pasado. En el 2025 estos trabajadores tenían una paga mínima de 9,359 córdobas.
Generalmente las empresas responden a estos ajustes salariales con despidos para poder hacer frente a un aumento en sus costos de producción, lo que empeoraría las perspectivas para los trabajadores que hasta octubre habían sobrevivido a esta crisis.
De hecho, desde el 2022 hasta el 2025, al menos 17 empresas de zona franca se habían retirado de Nicaragua, según muestran las cifras del BCN.
«Muchas empresas que están en Nicaragua están aperturando empresas en Guatemala y El Salvador. Nicaragua puede perder más de 20,000 empleos si se continúa con aranceles del 18 por ciento», advirtió la fuente empresarial consultada por LA PRENSA a inicios de este año.
