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Ignacio Celso Lino, uno de los 17 indígenas mayangnas que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene como presos políticos desde 2021, se desplomó en diciembre de 2025 en una celda de la cárcel de varones La Modelo, en Managua, cuando le comunicaron la muerte de su hijo Iván Celso Salomon, de 32 años.
El dolor de Celso Lino no podía ser mayor, después de que, en agosto de 2021, la policía de los Ortega Murillo lo encarceló por crímenes que no cometió, los de la masacre del cerro Kiwakumbaih, y la justicia orteguista lo condenó a cadena perpetua revisable, solo porque se trataba de un síndico de la comunidad Suniwás en Bonanza, Triángulo Minero, una autoridad de mucho respeto entre los indígenas, que velaba por las tierras que no tienen dueño y son de propiedad comunal.
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Tres meses después de su detención, los colonos invasores, que actúan protegidos por la policía y el Ejército del régimen, invadieron las tierras que él tenía asignadas y maltrataron a su esposa, Edelma Salomon Justo, quien padecía de cáncer. Casi diez meses después de esa agresión, su esposa murió.
Por eso, cuando se enteró de la muerte de su hijo, el único de sus vástagos que estaba autorizado para visitarlo en la cárcel, Ignacio Celso Lino no lo pudo soportar. Es demasiado el dolor que la dictadura Ortega Murillo le ha infligido a él y a su familia.
Están acabando con la vida de los mayangnas presos
La situación de Ignacio Celso Lino es muy similar a la que están sufriendo otros 16 indígenas mayangnas que actualmente son prisioneros políticos de la dictadura Ortega Murillo. “La dictadura está acabando con sus vidas”, indica a LA PRENSA un líder indígena que pide anonimato para no sufrir represalias.
Dos fuentes más, que también solicitan anonimato, un especialista en temas indígenas y un allegado a las familias de los prisioneros políticos mayangnas, explican que los 17 mayangnas están en prisión solo porque han defendido las tierras indígenas y se han opuesto a la voracidad con que los Ortega Murillo y sus secuaces están acabando con los recursos naturales que hay en el Caribe del país, sean estos forestales, marítimos o mineros.
En total son 17 los indígenas mayangnas que son prisioneros políticos de los Ortega Murillo, pero las fuentes consultadas para este artículo hacen hincapié en seis de ellos, los que fueron acusados por una masacre que ocurrió el 23 de agosto de 2021, en el cerro Kiwakumbaih, en Bonanza, Triángulo Minero, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).
En especial, tres de ellos: Ignacio Celso Lino, de 55 años; su hermano Argüello Celso Lino, de 51 y Donald Andrés Bruno Arcángel, de 42.
El daño a Ignacio Celso Lino
Ignacio Celso Lino se puso tan grave, cuando le avisaron de la muerte de su hijo Iván Celso Salomon, que las autoridades penitenciarias hicieron llamadas para avisar que lo iban a liberar, temiendo que se les muriera en prisión, pero al final no lo soltaron. “Ignacio casi se volvió loco cuando le dijeron que su hijo había muerto, porque era el único que lo visitaba en la cárcel. Tiene más hijos, pero solo el que murió estaba autorizado para visitarlo. Está siendo difícil para Ignacio soportar tanto dolor”, indica un líder indígena a LA PRENSA, aunque pide anonimato para evitar represalias.
Una de las fuentes, el especialista en temas indígenas, señala que, cuando supo la noticia de la muerte de su hijo, Celso Lino “casi se muere por un dolor en el pecho”. Los custodios lo llevaron a una clínica, pero solo lo anduvieron caminando y no le dieron atención médica. Después, lo regresaron a la cárcel.
La familia Celso Salomon habita en la comunidad Suniwás, en Bonanza, Triángulo Minero, pero, en septiembre de 2025, Iván Celso Salomon se trasladó a Estelí para trabajar como guarda de seguridad porque las tierras que él trabajaba como agricultor están ocupadas por colonos invasores protegidos por el régimen Ortega Murillo y no había que comer en el hogar.
Además, eso le iba a permitir estar cerca de Managua y visitar enfrentar menos dificultades para visitar a su padre en prisión, ya que, entre Bonanza y la capital, en línea recta, hay más de 300 kilómetros de distancia. Entre Estelí y Managua, son menos de 150 kilómetros.
Hijo de uno de los presos murió
La muerte de Iván Celso Salomon se produjo debido a un “paro cardíaco”. Llegó a la casa del trabajo, se acostó a dormir y “le dio el ataque”. Cuando lo llevaron al hospital, ya había fallecido. Los familiares y amistades sospechan que lo afectó el drama familiar que sufren los Celso Salomon debido a la represión de los Ortega Murillo.
“Él siempre estaba hablando de que su papá estaba preso, vivía preocupado por él, por la familia. Nunca estaba feliz”, indicó una persona allegada a la familia Celso Salomon, pero que también pide anonimato.
El sufrimiento de Ignacio Celso Urbina, condenado sin pruebas a cadena perpetua revisable por la justicia de la dictadura, por crímenes que no cometió, se acrecentó poco después de su detención junto a su hermano, Argüello Celso Lino, ocurrida el 28 de agosto de 2021.
En enero de 2022, un sujeto identificado como Donald Ariel Castro organizó un grupo de colonos e invadió la propiedad de las familias Celso Lino, ubicada a entre tres y cinco kilómetros al oeste de la comunidad de Suniwás.
No respetaron su autoridad
Varios indígenas acudieron para tratar de detener la invasión y discutieron con Castro y su grupo.
Entre esos indígenas estaba la esposa de Ignacio Celso Lino, Edelma Salomon Justo, quien fue agredida verbalmente por los invasores. “A partir de hoy no les vamos a permitir que entren aquí, si vuelven a entrar y reclamar por estas tierras le regalaremos balazos en sus cabezas”, le dijeron, según consta en denuncias que los afectados han presentado ante organismos internacionales.
Salomon Justo, que padecía de cáncer, falleció ocho meses después, el 22 de agosto de 2022. Allegados dicen que murió sufriendo mucho por la situación de su esposo y el ver que sus tierras fueron usurpadas y ya no había como sustentar a la familia.
Actualmente, Ignacio Celso Lino, quien era el síndico de Suniwás, una autoridad de mucho respeto entre los indígenas, pero que es prisionero de los Ortega Murillo, padece de hernia y de una gastritis no tratada en el penal. Los familiares le llevan medicinas pero los carceleros no se las dan.
Un maestro en prisión
Argüello Celso Lino, de 51 años y hermano de Ignacio Celso Lino, era juez comunal de Suniwás y el encargado de velar por el bienestar de la comunidad.
Además, era maestro de la escuela de Suniwás y guardabosque voluntario en la reserva de Bosawas. Una persona que lo conoce bien, y que estudió con él, señala que siempre fue muy inteligente y que está considerado como uno de los mejores maestros de la zona.
Padece de cálculos en el hígado. El vientre lo mantiene hinchado y se queja mucho del dolor en la prisión. Sin embargo, cuando lo llevan al médico, lo que hacen es una burla, pues lo suben a una ambulancia, lo llevan a la ciudad, pero no lo bajan del vehículo y lo tienen sin tomar agua todo el día. Al final, no lo ve ningún médico y lo regresan a prisión. Encima, cuando le dan recetas, se trata de medicamentos muy caros que no están al alcance de la economía de su familia.
Las cosas se complican para Argüello Celso Lino porque tiene problemas de nacimiento en un pie, no camina bien.
Para “no volverse loco”, explica el especialista en temas indígenas, Argüello Celso Lino se pone a dar clases a los prisioneros que están cerca de él y no saben leer ni escribir.
La familia de él le lleva los lápices y los cuadernos u hojas con las que da las clases, porque los cárceleros se niegan a proporcionar ese material. “Así se mantiene distraído, porque ya tiene cuatro años ahí”, señala la fuente.
Una esposa encarcelada
Donald Andrés Bruno Arcángel vio, en marzo de 2024, cómo la única persona que podía visitarlo en prisión, su esposa Lastenia López Frank, también fue convertida en prisionera política de los Ortega Murillo.
López Frank fue detenida cuando personeros del régimen Ortega Murillo vieron denuncias de familiares de otros prisioneros políticos en las redes sociales y la acusaron a ella de estar sacando información del penal sobre dichos reos para llevarla a esos familiares.
Ahora, con los dos en prisión, él en la Modelo y ella en la cárcel de mujeres La Esperanza, quienes están sufriendo son sus dos hijos, un niño y una adolescente, que no tienen para comer y solo reciben apoyo que les pueden brindar otros familiares.
Bruno Arcángel, de 42 años, es prisionero de los Ortega Murillo desde el 4 de septiembre de 2021, cuando los policías lo llegaron a sacar de su casa, en la comunidad Kibusna. La policía registró toda su casa sin encontrar nada extraño.
Además de guardabosque y miembro activo de la Iglesia Morava, se ganaba la vida en una mina que después fue invadida por los colonos. Se había dedicado a la minería artesanal debido a que es enfermero, pero no encontraba trabajo como tal.
En la cárcel ha sufrido mucho de salud porque padece de la vesícula y en algunas ocasiones siente que se ahoga y no puede respirar, pero los carceleros no le brindan auxilio ni le prestan atención.
Una culpabilidad no probada
El día de la masacre fueron asesinados al menos 13 indígenas mayangnas durante un ataque armado perpetrado por alrededor de 40 colonos o invasores.
El especialista en temas indígenas, quien tuvo acceso a la documentación del caso, señala que un grupo de indígenas estaba en labores de minería artesanal en el cerro, cuando vieron aproximarse a los colonos apertrechados con armas de guerra, pistolas y armas blancas, machetes incluidos. Lo hicieron en forma de anillo, una especie de formación táctico-militar, para ir barriendo con todo desde el pie del cerro hasta arriba.
El resultado fue trece asesinados, entre ellos dos mujeres, las que primero fueron violadas sexualmente y una de ellas fue desmembrada.
En lugar de investigar exhaustivamente el caso, que es lo que piden actualmente las autoridades indígenas, se dedicaron a perseguir a los mismos indígenas. El día de la masacre, los hermanos Celso Lino no estaban en el lugar, mientras que Bruno Arcángel huyó para salvar su vida.
El líder indígena y el especialista en temas indígenas señalan que, según averiguaciones propias, las autoridades de la dictadura no investigan porque los ataques a los indígenas son promovidos por políticos afines al mismo régimen que operan desde Managua, que tienen interés en los recursos del Caribe. Por ejemplo, en donde ocurrió la masacre, según estimaciones de la empresa minera Hemco, indican ambas fuentes, hay oro para ser explotado durante al menos 120 años.
Invasores son una mafia
En esa “mafia”, a como le llaman las fuentes, también hay funcionarios del Ministerio del Ambiente y de los Recurso Naturales (Marena), así como miembros de la Policía y el Ejército.
“Aunque tras las investigaciones policiales quedó claro que existió la masacre, en ningún momento las autoridades policiales y judiciales comprobaron el nexo de causalidad necesario entre los delitos cometidos durante la masacre y los hoy condenados”, reza un escrito que las autoridades indígenas presentaron en un organismo internacional.
El líder indígena agrega que ya está identificado cómo opera la dictadura en lugares donde hay recursos que explotar. Los colonos atacan y matan, hacen que los indígenas huyan y luego la Policía y el Ejército se toma el lugar para entren los colonos y les prohíban el paso a los indígenas.
Es decir, los indígenas son las víctimas, pero son ellos los acusados por la Policía y la justicia del régimen, para que los operadores de la dictadura puedan explotar los recursos naturales del Caribe sin oposición de los indígenas. Eso fue exactamente lo que pasó después de la masacre en el cerro Kiwakumbaih.
Mayangnas presos mueren lentamente
Ahora, tanto los mayangnas presos por ese caso, como los otros, hasta sumar 17 en total, están muriendo lentamente en las mazmorras del régimen, “como una manera de mandarles un mensaje” a los demás indígenas que se atrevan a defender sus tierras o a denunciar, explican las fuentes consultadas por LA PRENSA.
Además de que no se les probó la culpabilidad, los mayangnas han sufrido de todo en las mazmorras de la dictadura, empezando desde que, una vez al mes, sin incluir visita conyugal, solo les dan entre cinco y 10 minutos de visita a través de una ventana de vidrio con sus familiares, quienes tienen que viajar desde Bonanza hacia Managua, lo que les acarrea gastos de traslado, hospedaje y alimentación.
A los prisioneros no les permiten cocinar en el penal, a pesar de que la comida es muy mala, cruda, mal cocinada, y el agua de tomar es sucia.
Las torturas son constantes, tanto de los carceleros, quienes en las madrugadas les echan agua con hielo, al mismo tiempo que los mantienen en calzoncillos, como de los otros reos, quienes les prohíben que se comuniquen en mayangna.
Las tortursa en la cárcel
Algunas veces, los carceleros los aíslan y los encadenan, lo que dificulta que coman, se bañen, duerman y satisfagan otras necesidades físicas.
A algunos de los indígenas los han abusado sexualmente otros reos comunes y los carceleros con las armas y macanas.
Los abogados que las familias de los indígenas han conseguido tienen temor de denunciar. Por otra parte, en esas celdas, los indígenas mayangnas sufren de la falta de sol, están pálidos y delgados.
La dictadura ha liberado a prisioneros políticos desde febrero de 2023, cuando desterró a 222 de ellos a Estados Unidos. Luego, hizo lo mismo con 19 religiosos, en enero de 2024, y con otros 135 reos políticos en septiembre de ese mismo año. Recientemente, ha realizado excarcelaciones, pero no suelta a los indígenas mayangnas.
Según el especialista en temas indígenas, existe la sensación que a los mayangnas los capturan para que no se conviertan, ante organismos internacionales, en testigos de los abusos que la dictadura comete tanto con los recursos naturales en el Caribe como con las poblaciones indígenas.
Este reportaje fue publicado con el auspicio del Fondo de Canadá para iniciativas locales de la Embajada de Canadá para Costa Rica, Nicaragua y Honduras.
