Claudia Paz y Paz: “No se puede asimilar el dolor que se vive en la región”

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A sus 26 años, Claudia Paz y Paz recién se graduaba de leyes en Guatemala cuando empezó a defender derechos humanos. Era 1992 y la guerra civil desangraba a su país, sobre todo a los indígenas que eran víctimas del dictador Efraín Ríos Mont. 

Años atrás, en 1983, un primo de Paz y Paz fue detenido por el Ejército. Hasta la fecha continúa desaparecido. “Es algo muy difícil de superar”, cuenta esta mujer de pocas palabras, pero con convicción por la justicia. 

De rostro serio, ovalado y arqueado por sus rizos castaños, Paz y Paz trasmite ternura en medio de la dureza de su semblante. Su carrera de casi 35 años acompañando a víctimas y conviviendo con el dolor le han forjado esa coraza con la que se muestra al mundo. “Duermo bien”, asegura. 

Fue la primera fiscal general mujer de Guatemala, entre 2010 y 2014, y durante su gestión se procesó por genocidio a Efraín Ríos Mont. “Era nuestra obligación”, dice sobre aquellos días de gloria para la justicia guatemalteca. Para entonces, en 2013, ella estuvo nominada al Premio Nobel de la Paz. 

Su prestigio como defensora de derechos humanos la llevó a buscar el esclarecimiento de varios casos importantes en la región, como la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, México. “Lo más desafiante era como el crimen organizado, el narcotráfico había penetrado las fuerzas de seguridad municipales, estatales, federales, el Ejército, la Procuraduría”, cuenta.

Su trabajo la llevó también a Nicaragua en donde formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual fue el primero en determinar que Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes opositores en 2018. 

Desde su oficina en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en Costa Rica, donde permanece exiliada por ser perseguida por su trabajo en su país, Paz y Paz habla sobre aquellos días en que investigaba los crímenes de la dictadura Ortega Murillo mientras escuchaba los disparos, cómo la Policía los mantenía vigilados y cómo desde la cancillería la expulsaron a ella y a los demás investigadores. 

¿Cómo se encuentra? 

Con mucha esperanza por cómo está el escenario actual en Latinoamérica. En Centroamérica con esperanza por algunos procesos, pero también obviamente con preocupaciones. 

¿Qué le preocupa? 

Me preocupa mucho el fortalecimiento del autoritarismo en la región, obviamente Nicaragua es la cristalización de una dictadura, pero también El Salvador preocupa mucho, un régimen de partido único. Tenemos ahora elecciones en Costa Rica, ¿a dónde vamos a ir? Y también las tendencias mundiales hacia el autoritarismo. 

A propósito de las elecciones en Costa Rica, hemos visto actitudes autoritarias por parte del actual presidente. ¿Cree que esto se está trayendo desde otros países como Nicaragua o El Salvador? 

Creo que, a diferencia de El Salvador y Nicaragua, Costa Rica tiene una institucionalidad muy fuerte. Una división de poderes muy clara. Hay un Poder Judicial que funciona, hay una Asamblea que también funciona. Aunque las decisiones del Ejecutivo puedan ir por un lado o por el otro, eso se enmarca en una institucionalidad robusta que evidentemente ni en El Salvador ni en Nicaragua no existe. En Guatemala también está muy debilitada, en Honduras también está muy debilitada. 

En Cejil nos preocupan mucho los ataques a la prensa, los ataques en general a los mecanismos de control, la Fiscalía, la Contraloría General de Cuentas, el rol de los jueces. También nos preocupa como nunca que hemos vivido ataques a personas defensoras acá en el territorio. Incluso el Tribunal Supremo Electoral ha sufrido críticas y creemos que no es la mejor manera de comportarse de un Ejecutivo, menos de un presidente. 

Desde 2019 usted vive en Costa Rica como exiliada. ¿Por qué se fue de su país? 

Yo salí de mi país por temor a ser criminalizada y luego pude volver a Guatemala. En los últimos años, con la fiscal general actual que es una mujer sancionada por más de 40 países, pues esta criminalización aumentó. Presentaron denuncias en mi contra y consideré que no era prudente volver al país. 

¿Por qué se volvió usted incómoda para las autoridades? 

Porque nunca he dejado de ser una voz crítica, sobre todo con la actuación del sistema de Justicia en Guatemala. Y también porque represento una forma diferente de hacer justicia, una justicia respetuosa del Estado de Derecho. 

¿En qué momento de su vida usted decidió dedicarse a defender derechos humanos? 

Desde muy joven, desde que estudiaba Derecho. En Guatemala todavía estaba la guerra (1992). Yo me gradué y no se había firmado la paz. Y tuve la oportunidad de entrar a trabajar a la oficina de derechos humanos del Arzobispado de Guatemala. Ahí aprendí el oficio y la pasión y el compromiso de defender los derechos humanos. Tenía 25 años. 

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Empezó su carrera en medio de la guerra entonces. 

Ahí hay una fuerza muy grande que era la juventud porque también era un poco, no sé cómo decirlo a estas alturas, la inconsciencia, ¿no? A pesar de la situación tan dura de Guatemala, no sentíamos temor y nos sentíamos, ahora lo digo, ingenuamente protegidos, porque trabajábamos dentro de la Iglesia Católica, pero a nuestro jefe lo asesinaron años después en 1998, a monseñor Juan José Gerardi. Entonces era un trabajo desafiante, pero a la vez fascinante porque sentíamos que podíamos hacer algo por las personas que estaban sufriendo las mayores violaciones de los derechos humanos. 

¿Con qué casos se encontró en ese entonces? 

Cuando estábamos en la oficina se acompañaban muchas exhumaciones de personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Estuve en una exhumación de Río Negro donde eran cientos de cadáveres en una sola masacre y eso creo que me inspiró después a trabajar, estudiar, y luego trabajar sobre el tema de genocidio y el caso de genocidio que posteriormente fue juzgado en Guatemala en 2013. 

Usted era la fiscal general de su país en aquel entonces, ¿cuál fue su papel en ese juicio? 

Creo que sobre todo era un caso de Estado. Eran más de 1,700 víctimas en un solo caso, además de 100 testigos, 40 peritos, mucha documentación. El juicio se tenía que traducir al castellano porque que los imputados no hablaban los idiomas indígenas. Requería muchos desafíos de seguridad, desafíos políticos, desafíos de hacer que este juicio fuera posible. Bajo mi supervisión es que se gestionaba todo esto. 

¿Qué tan complicado es procesar a un dictador? 

Es siempre muy complicado. Lo más sencillo en una investigación criminal es ir al círculo más cercano. Donde se inicia una investigación es donde están los tiradores y de ahí puedes ir llegando para arriba o para atrás, digamos, a los otros círculos que pueden ser los intereses económicos detrás del crimen. En este caso, la jerarquía detrás de los soldados o patrulleros que dispararon las armas. 

Entonces siempre es muy complicado subir en la cadena de mando y, en nuestro caso, teníamos acceso a documentos militares, testimonios, documentos y con base a ese análisis, sobre todo documental y peritos militares, se iba reconstruyendo la cadena de mando hacia arriba, que llegaba a Ríos Mont. Por todo un trabajo periodístico también. Se tenían videos de la época. Había un video muy importante que la periodista le preguntaba: “Pero, ¿usted sabe lo que está pasando en tal zona?”. Y él le decía: “Si yo no controlo lo que está ahí ocurriendo, entonces ¿yo qué estoy haciendo aquí?”. O sea, él asumía su responsabilidad por el mando. 

Creo que lo más importante es el trabajo de los sobrevivientes, de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos que nunca desmayaron para avanzar en el caso, nunca dejaron su reclamo de justicia. 

¿Y usted ese reclamo lo tomó como propio? 

Era nuestra obligación. Definitivamente. 

¿Cómo cambió Guatemala después de este proceso? 

Fue un parteaguas histórico. Nunca en América Latina se había juzgado por un tribunal nacional a un exjefe de Estado. Y creo que había mucho dolor de parte de los sobrevivientes, como que no eran ciudadanos. O sea, ¿cómo era posible que ellos hubieran sufrido masacres, violencia sexual, desplazamientos forzados, sus cosechas destruidas, sus casas destruidas, sus familias, sus comunidades y nadie les había oído? 

Que hubiera una audiencia donde se les escuchara, donde estaba sentado el máximo responsable de esos crímenes y le pudieran decir a la cara: “Esto es lo que usted nos hizo”. Y que una juez, un tribunal dijera: “Ellos son culpables”. Yo creo que es muy importante y restaura esa fe en la justicia, en el Estado de Derecho. 

¿Usted o su familia fueron víctimas de la dictadura? 

Sí, mi familia fue afectada. Mi primo es una persona que todavía se encuentra desaparecida. 

¿Qué pasó con su primo? 

Lo detuvo probablemente el Ejército en 1983 y no se volvió a saber de él. Él tendría como 30 años y estaba en una granja, en una zona de Guatemala, en Zacapa, y ahí lo llegaron a detener y desaparecer. 

¿Cómo golpeó a su familia esta desaparición? 

Es algo muy difícil de superar porque en la desaparición forzada no hay un cierre. 

¿Cómo duerme Claudia Paz y Paz después de ver tanto dolor en su carrera? 

(Silencio) Pues intento dormir lo mejor posible porque es indispensable para el trabajo poder cuidarnos entre nosotros y cuidarnos a nosotros mismos. No se puede asimilar el dolor que se vive en la región, los obstáculos, los desafíos. Recuperar, mantener, sostener la esperanza. 

Si es por dormir, duermo bien, pero eso no significa que no me preocupe mucho la situación que vivimos sobre todo frente a un debilitamiento de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, un debilitamiento del multilateralismo y como que vivimos en un nuevo orden que sabemos que el que estaba ya no va a estar, pero no sabemos cuál es el que va a aparecer. 

En Nicaragua usted fue parte del GIEI que determinó que hubo crímenes de lesa humanidad por parte de la dictadura Ortega Murillo. ¿Cómo se dio cuenta que sería parte de este grupo? 

Seguro sabían de que había estado en el GIE anterior, el de México, y alguien debe de haber sugerido mi nombre. Algo muy importante es que esos nombres eran de común acuerdo entre Nicaragua, la OEA y la CIDH, que eran las signatarias del acuerdo y me imagino que hubo consenso, si no, no me habrían nombrado. 

¿Cómo recuerda su labor en Nicaragua? 

Fue muy difícil porque nosotros estábamos en Nicaragua entre julio, agosto, hasta diciembre de 2018. Entonces, nosotros hacíamos nuestro trabajo y se oían los disparos, los bombazos. Era difícil y todo el tiempo teníamos seguimiento, seguridad del gobierno de Daniel Ortega. Entonces no era un momento sencillo, pero hubo mucho valor por parte de las organizaciones nicaragüenses que nos ayudaron a recabar los testimonios, encontrar a las familias, a entender qué era lo que estaba ocurriendo. 

Me dice que tenían vigilancia, ¿les impedían ir a algún lugar la Policía? 

No, pero el problema y el temor que luego se constató es que nosotros pusiéramos en riesgo a las personas con las que nos estábamos entrevistando. Entonces, iniciamos a hacer también entrevistas virtuales con personas que, aunque estuviéramos todos en Nicaragua, mejor era que no supieran que teníamos contacto o personas en lugares que no se podía identificar con qué persona íbamos a hablar. Del todo no funcionó, porque Cenidh fue muy golpeada en ese diciembre y eso yo lo atribuyo directamente a que colaboró, abrió sus puertas a nosotros, entonces sí hubo consecuencias desafortunadamente. 

Otras sobrevivientes o personas defensoras tuvieron que salir en aquella primera oleada de exilios y de criminalización. Entonces, no era un trabajo sencillo. No es que ellos escucharan, pero ellos sí podían saber, intentábamos que no, con quiénes nos íbamos a entrevistar. 

¿Cómo fue el trato de las autoridades con el GIEI? 

Nosotros teníamos un mandato de coadyuvancia y en medio de la crisis Nicaragua no solo aceptó el GIE, sino que pidió el GIEI. Entonces había como una expectativa muy grande de colaborar con las autoridades. Yo vivía en Washington en aquel momento y pensaba: «Llegamos a Nicaragua, hablamos con la fiscal general, ella nos va a decir ´tengo problemas tecnológicos para unir los videos o rastrear los teléfonos de los muchachos´. Y nosotros le íbamos a saber ayudar, acompañar técnicamente. Esa era como la idea porque si un estado pide ayuda, la va a aceptar. Sin embargo, no fue así. Jamás tuvimos acceso por la Fiscalía a un expediente. 

Las entrevistas que teníamos con la fiscal general (Ana Julia Guido) que se suponía que era independiente eran en Cancillería frente al ministro de relaciones exteriores (Denis Moncada) de aquel entonces, el canciller. 

¿Alguna institución les facilitó información? 

Nosotros mandábamos solicitudes de información a un correo que nos dieron. Jamás recibimos una respuesta. Si no estoy mal, el único correo que recibimos fue a finales de diciembre: “Por favor, abandonen el país”. 

En todo ese tiempo tuvimos tal vez un par de reuniones donde nosotros insistimos en el acceso de los expedientes, insistimos en la coadyuvancia y si accedimos a los expedientes fue por los defensores, la prensa, que todavía había alguna apertura por ahí, pero por la Fiscalía, por el Poder Judicial, ni siquiera pudimos entrar a las audiencias. Las cárceles menos. 

Ustedes concluyeron que hubo crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, ¿Por qué? 

Sobre todo, por la sistematicidad de los ataques. O sea, hubo como varias etapas. Las manifestaciones pacíficas, la represión, los asesinatos, la criminalización. En aquel entonces era una criminalización como no se vivió después. Entonces es un actuar coordinado y no solo de las fuerzas más evidentes que nosotros señalamos que se ven en la evidencia videográfica disparando, sobre todo la Policía, sino también los hospitales que no daban atención médica, las alcaldías, autoridades locales. No era el uso de la fuerza de una persona que tuvo un mal entrenamiento. Había una decisión deliberada de causar ese daño y por eso concluimos que son crímenes de lesa humanidad y también sugerimos que se investigara al entonces presidente, ahora copresidente Daniel Ortega. 

¿Cómo fue la expulsión del grupo? 

Recibimos una llamada de Cancillería. Nosotros les avisamos que teníamos listo el informe, que lo íbamos a presentar, que lo íbamos a presentar en tal lugar, que si podíamos reunirnos para compartir los hallazgos más importantes, que ellos supieran qué íbamos a dar la conferencia de prensa y la respuesta es que nos teníamos que ir. Y nos llamaron a cancillería, nos dieron poco tiempo para salir. 

En ese momento había un problema del clima que no había vuelos y entonces nos costó mucho encontrar los pasajes. Ahí ya comenzaron a llamar: “Bueno, ¿quieren que los acompañemos a Costa Rica? ¿Los podemos escoltar?”. Honestamente, no fueron groseros, pero era evidente que les éramos muy incómodos en el país. 

¿Toda esa comunicación era con el canciller Moncada? 

Si no estoy mal fue la vicecanciller (Arlette Marenco). 

Después del GIEI, ¿ha seguido trabajando en el caso de Nicaragua? 

Personalmente hay un agradecimiento y conformamos un equipo que nos hizo crecer a todos, pero no. Creo que en lo personal sí hemos seguido Nicaragua porque se nos quedó obviamente en el corazón, y yo desde acá, desde Cejil aportando a lograr justicia y que la democracia regrese. 

¿Qué fue lo que más le impactó de Nicaragua? 

El control absoluto del Estado. Si había control en Guatemala con todos sus defectos, pero siempre ha habido jueces independientes. En la Fiscalía había personas que pensaban diferente. La Policía no se atrevía a dispararle así a las personas. La Asamblea tenía algún contrapeso. Pero ahí (En Nicaragua) había sido una labor de cooptación muy sostenida en el tiempo y que ahora entendemos que es absoluta, que no se permite la disidencia. 

¿Lo que más le conmovió? 

Lo que más me conmueve, obvio, es trabajar con las familias, con las mamás, los papás, los hermanos, los abuelos de los chicos que fueron asesinados. 

¿Algún caso en particular? 

Hay muchos casos de mucha gravedad, o sea, el genocidio en Guatemala obviamente fue muy grave, pero eso no minimiza que Nicaragua sea muy grave también. Algo que sí es característico que creo que también hay que señalar es la represión transnacional. Empezamos conversando que yo no quiero ir a Guatemala porque me pueden criminalizar, me pueden llevar a prisión, pero yo no siento que a mí me vayan a perseguir aquí. Y a los nicaragüenses si les han perseguido en Costa Rica. 

Yo viajo con mi pasaporte. A los nicaragüenses les han quitado la nacionalidad, el pasaporte, la pensión, las certificaciones, los títulos, o sea, es una persecución que se extiende más allá de las fronteras. 

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En Costa Rica hay casos de opositores asesinados. 

Sí. Desafortunadamente ocurrió este asesinato de un defensor de derechos humanos, Roberto Samcam, pero ya habíamos sufrido dos tentativas de asesinato de otro opositor. No lo vemos como un hecho aislado y sí nos produce una enorme preocupación porque son personas que tenían la protección internacional. O sea, se supone que el Estado de Costa Rica debió de haberlos protegido. Y aunque afortunadamente se avanzó en la investigación de los autores materiales, justamente la persona que disparó es la persona prófuga. 

¿Cree que las autoridades de Costa Rica han hecho suficiente para esclarecer el caso? 

Todos seguimos esperando que se avance hacia quienes estaban detrás. Desde aquí le hemos hecho un llamado a las autoridades de Costa Rica, así como a los mecanismos internacionales de que refuercen la protección de las personas nicaragüenses que se vieron forzadas a venir acá a Costa Rica. 

Quisiera insistirle, ¿cómo hace usted para continuar con su vida con tanto sufrimiento con el que ha convivido? 

(Silencio, seguido de un suspiro) Desde 1992 hasta ahora ha sido una vida y creo que en cada momento hemos logrado dar un paso para adelante, aunque luego haya habido un paso para atrás y pensar que son procesos, pensar que no estamos solos en esos procesos, que somos redes, que estamos construyendo voces, por ejemplo, junto con los exiliados nicaragüenses, los salvadoreños, los guatemaltecos. Esperemos que no sigamos sumando países. 

Es una lucha constante y extendida por recuperar la democracia en nuestra región. También te llena de fuerza y para mí estar en el territorio en el caso de Nicaragua concretamente sí fue de mucho dolor de los familiares, pero también nos entrevistamos con los chavalos que habían estado en la resistencia, que habían estado en las marchas, que habían salido a la calle para buscar una Nicaragua mejor por la solidaridad con los señores adultos de la tercera edad. Eso te llena de fuerza, de energía y entendés que sí es posible el cambio. 

Usted ha acompañado a muchas personas en su carrera, ¿alguien la acompaña usted? 

Pues afortunadamente mi familia, mis compañeras acá, mis compañeros en Cejil, el movimiento de derechos humanos. 

¿Ha pensado en algún momento dejar esto y dedicarse a otra cosa? 

¿De cuánto tiempo es un momento? (Ríe) En un instante tal vez sí, pero creo que respirar hondo y agarrar fuerza te ayuda a seguir.