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En una nueva muestra de lo que analistas políticos califican como «cinismo diplomático», la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo alardeó que entregó este 28 de enero la Escuela de Educación Especial Melania Lacayo, en Masaya. La infraestructura fue presentada como una obra «del buen gobierno», pero ocultó que fue financiada por el Gobierno de España mediante donaciones externas.
El evento, protagonizado por Camila Ortega Murillo, hija de la pareja dictatorial, sucedió apenas tres días después de que el régimen expulsó al embajador de España, Sergio Farré Salva, quien tenía 23 días de haber asumido el cargo. Junto a Farré fue expulsado Miguel Mahiques Núñez y cinco españoles del área de cooperación que previo fueron detenidos.
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Según, medios españoles, la medida obedeció a que presuntamente el embajador español y Mahiques participaron de «actividades incompatibles con su estatus» con «grupos que no son afines a Ortega». España en reciprocidad también expulsó al embajador del régimen en Madrid, Maurizio Carlo Gelli.
LA PRENSA conoció que la Policía orteguista llegó sin aviso a las casas de cooperantes españoles en Managua, les dio unos minutos para empacar «cuatro cosas» y los condujo bajo custodia policial directamente al aeropuerto, donde los obligaron a abandonar el país de forma inmediata.
Lo que ocultó la dictadura
Durante la entrega de la obra este miércoles 28 de enero, marcada por proselitismo político, ubicada en el barrio La Reforma, en la llamada Ciudad de las Flores, participaron integrantes de la Juventud Sandinista, autoridades de la Alcaldía de Masaya, del Ministerio de Educación (Mined), Ministerio de la Juventud y la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES).
«Seguimos construyendo nuestra revolución, seguimos desarrollando nuestra Nicaragua, seguimos construyendo en paz y en soberanía nuestra Nicaragua», dijo Camila, durante la ceremonia de entrega.
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El Mined detalló que la escuela está capacitada para recibir a 264 estudiantes con discapacidad intelectual, auditiva, autismo, multidiscapacidad y visual.
La infraestructura cuenta con aulas de clases, aula sensorial, taller de cocina, aula de tecnología, comedor, cocina, taller para artesanías, cancha multiuso, oficinas administrativas, salas de maestros, salón audiovisual, acceso peatonal para personas con discapacidad y muros perimetrales. Sin embargo, omitieron revelar que la obra se logró alzar gracias a la cooperación española.
El exaspirante a la Presidencia y excarcelado político, Juan Sebastián Chamorro, cuestionó el actuar del régimen. «La dictadura Murillo Ortega va a la vela después de matar», escribió en su cuenta de X.
Enseguida aseguró que el régimen «no pueden ser más descarados», al tiempo que adjuntó la foto de un documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la ejecución de préstamos y donaciones externas de 2025, en el que se confirma que la obra fue financiada por donaciones de España.
Documentos alojados en el sitio web del Tesoro Público del Gobierno de España también confirman que el proyecto se ejecutó bajo licitación pública N. 041-2022 nombrado «reemplazo de la escuela de educación especial Melania Lacayo Aguirre en Masaya» y en la fuente de financiamiento destaca «conversión de deuda con España y recursos del Tesoro».
Obra entregada con 17 meses de retraso
Según el cronograma actualizado que el Mined entregó a la cooperación española, la convocatoria se publicó en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae) el 22 de diciembre de 2022 y fue hasta marzo de 2023 que se otorgó la resolución de adjudicación.
En abril de ese año, el oferente beneficiario habría firmado el contrato e inició la obra el 13 de julio, cuando la entonces ministra de Educación, Lilliam Herrera, colocó la primera piedra en el terreno donde se alzaría la obra.
El plazo de la obra que en ese momento se estableció fue de 365 días calendario, es decir que debió ser inaugurada entre julio y agosto de 2024, no obstante, se inauguró con 17 meses de retraso.
En 2023, LA PRENSA develó que la licitación pública fue adjudicada por un monto de 199.05 millones de córdobas a la empresa D’Guerrero Ingenieros S.A., representada por el gerente general Mario Antonio Zelaya Blandón y como fuente de financiamiento aparecía el Gobierno de España.
El Mined publicó en redes sociales que la obra tuvo una inversión de más de 200 millones de córdobas.
