El proyecto de “reemplazo” de la Escuela de Educación Especial Melania Lacayo, en Masaya, que costará más de 199 millones de córdobas, pese a que es anunciado por funcionarios orteguistas como “una obra del buen gobierno sandinista”, será financiado mediante donaciones externas, entregadas por el Gobierno de España.
LA PRENSA revisó las licitaciones publicadas por el Ministerio de Educación (Mined), en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae), encontrando la Licitación Pública 41/2022 de “Reemplazo de la Escuela de Educación Especial Melania Lacayo en Masaya”, que detalla como fuente de financiamiento al Gobierno de España.
La licitación fue adjudicada por un monto de 199,054,940.30 córdobas a la empresa D’Guerrero Ingenieros SA, representada por el gerente general Mario Antonio Zelaya Blandón.
La constructora que se encargará del proyecto de “reemplazo” de la Escuela de Educación Especial Melania Lacayo, en Masaya, está establecida en Nicaragua desde 1991 y, según su sitio web, ha ejecutado más de 140 proyectos de construcción para importantes empresas del sector privado e instituciones públicas de Nicaragua y organismos internacionales.
D’Guerrero Ingenieros SA era una de las empresas miembro de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), fundada desde 1968 y cancelada por la dictadura Ortega-Murillo en marzo pasado junto con otras cámaras que integraban el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Uno de los proyectos más reconocidos de los que se encargó D’Guerrero Ingenieros SA fue la construcción del nuevo Hospital Occidental Fernando Vélez Paiz, en Managua, que tuvo un costo de más de 90 millones de dólares y fue inaugurado en enero de 2018. En los últimos cinco años, al menos públicamente, no se han reportado problemas o fallas en esa edificación.
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En enero de 2022, el orteguismo aprobó a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) lo que llamaron “la nueva” Cámara de la Empresa Nacional de la Construcción (Conacon), que inició con más de 86 empresas afiliadas. Públicamente se desconoce si tras el cierre de la CNC la empresa D’Guerrero Ingenieros SA se sumó a Conacon, que planteó desde su creación —según medios oficialistas— solicitar una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, con el fin de buscar beneficios para todas las empresas que participen en las licitaciones de contratación del Estado de Nicaragua.
Primer gran proyecto para la educación especial en Nicaragua
El proyecto de “reemplazo” de la Escuela de Educación Especial Melania Lacayo, en Masaya, según los documentos publicados en el Siscae por el Mined, tendrá una cancha multiuso y un edificio en el que funcionará el área de administración, recepción, sala de maestros, aula de educación temprana, cuarto eléctrico, sala de educación física y un cuarto de datos.
También se habilitarán un salón audiovisual y nueve pabellones para las aulas A, B, C, D, aula sensorial y de psicomotricidad, taller de cocina, aulas de tecnologías de la información, comedor y cocina, taller de huerto y artesanías.
La empresa constructora además se encargará de la construcción del área de cisterna, generadores, basurero, garita de control de ingreso, acceso peatonal y corredor principal de la escuela.
Para culminar todos los elementos de esta obra, según el documento de adjudicación, la empresa D’Guerrero Ingenieros SA tendrá un plazo de 365 días calendario.
Lilliam Herrera, ministra de Educación, afín a la dictadura orteguista, anunció el pasado 13 de julio el inicio del proyecto «Rehabilitación total de la Escuela de Educación Especial Melania Lacayo en Masaya», colocando la primera piedra en el terreno en el que se construirá, por lo que tomando en cuenta el plazo establecido en la adjudicación divulgada en el Siscae, la obra podría ser inaugurada entre julio y agosto de 2024.
La funcionaria orteguista resaltó que la Escuela de Educación Especial Melania Lacayo, en Masaya, es la «primera» de este tipo en el país, calificándola como una «escuela modelo de la educación especial».
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Cabe mencionar que, según el Mined, en Nicaragua hay 26 escuelas de educación especial, que cuentan con programas de atención educativa inicial, primaria, aulas talleres, educación temprana e inclusión educativa. Sin embargo, estas no cubren ni el 50 % de la población con discapacidad que está en edad escolar, ya que solo atienden alrededor de 3,000 estudiantes y no tienen —como reconoció la ministra Herrera— todos los elementos para ser «escuelas modelo de la educación especial».
El Programa Todos Con Vos, del Ministerio de Salud (Minsa), en 2022 identificó que hay más de 11,000 menores con discapacidad que están en edad escolar. Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor si se toma en cuenta que el Programa solo contabilizó ese año a 181,302 personas con algún tipo de discapacidad, y en 2003, según Encuesta Nicaragüense para Personas con Discapacidad (Endis), divulgada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), dicha población representaba el 10.3 % del total de los ciudadanos nicaragüenses, por lo que si dicho porcentaje se mantiene en este año este grupo se ubicaría en más de 600,000 personas.
Adicional a esto, en Nicaragua no hay una escuela para personas con discapacidad en cada uno de los 153 municipios del país, ni siquiera hay una por departamento. Las 26 escuelas que existen están ubicadas, según el Mined, en Managua, San Marcos, Jinotepe, Diriamba, Comunidad Nuevo Amanecer (Diriamba), Masaya, Granada, Rivas, León, La Paz Centro, Chinandega, Chichigalpa, El Viejo, Corinto, Boaco, Juigalpa, Matagalpa, Jinotega, Estelí, La Trinidad, Condega, Ocotal, Somoto, Bluefields y Bilwi.
Las familias en las que hay miembros con alguna discapacidad, que están en edad escolar y no tienen una escuela cercana o por lo menos dentro de sus municipios, según testimonios recibidos por LA PRENSA, deben asumir altísimos costos de transporte para llegar a los centros escolares de educación especial, costeando taxis que por carrera pueden cobrar hasta más de 100 córdobas, ya que en Nicaragua tampoco hay un transporte público colectivo que brinde condiciones para las personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz.
Dicha falta de accesibilidad al transporte público colectivo, a escuelas especiales cercanas, sumado al alto costo de la vida en el país y las brechas económicas que existen, ocasiona que muchos ciudadanos, padres o madres de personas con discapacidad, opten por desertar del sistema educativo.
A inicios de este año, David López, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feconori), en entrevista con Vos TV señaló la poca cobertura del sistema educativo nicaragüense para las personas con discapacidad y urgió más «esfuerzos para que los avances que hemos tenido vayan fortaleciéndose y que los derechos de las personas con discapacidad, cada persona con discapacidad vaya percibiéndolo en su vida cotidiana como una realidad más evidente”.
