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Los cambios en el panorama venezolano, tras la caída del dictador Maduro el 3 de enero en un operativo militar de Estados Unidos, y la influencia del presidente Donald Trump sobre la región, trae a colación la cuestión de las deudas aún no saldadas por la familia Ortega Murillo al pueblo de Venezuela.
Analistas coinciden en que si Estados Unidos impulsara una exigencia de pago —vía presión diplomática o sanciones adicionales—, a Nicaragua, por el desvío de fondos administrados por Albanisa y criticados por operar fuera de la ley del presupuesto nacional. Estos fondos, según investigaciones independientes, beneficiaron a negocios privados ligados a la familia Ortega-Murillo y aliados del régimen orteguista.
El economista Enrique Sáenz en entrevista pasada a LA PRENSA dijo que el destino de los fondos, «se trató de la mayor privatización en la historia económica de Nicaragua, porque Ortega y las empresas bajo su control se apropiaron de la totalidad de esa cooperación”.
Las críticas al uso de los fondos se sustentan porque los detalles de su uso y destino siguen sin conocerse, salvo algunas empresas que gracias a investigaciones periodísticas se conoció y que abarcan la industria de la comunicación, con la compra de canales de televisión y otras vinculadas a los combustibles. Además la familia dictadorial usó ese dinero para adquirir propiedades, incluido un hotel en Managua.
Golpe podría empezar con empresas ya sancionadas
El politólogo nicaragüense Félix Maradiaga, dijo a LA PRENSA que Estados Unidos podría golpear duramente los negocios corruptos de la familia Ortega-Murillo a través del juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York, iniciado en enero de 2026.
«Este proceso destapa un vasto esquema de corrupción y de lavado de dinero. Los negocios sucios de los Ortega-Murillo como Albanisa, Bancorp y Albacaruna, se erigieron sobre miles de millones en petróleo venezolano subsidiado desde 2007, desviados para enriquecer al régimen. EE.UU. ya sancionó estas entidades en 2019 por corrupción, congelando activos y a varias operadores», indicó.
A su criterio, testimonios sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) podrían revelar más nexos con el régimen Ortega- Murillo. «Sin embargo, aún no sabemos el alcance, pero los lazos chavistas-orteguistas son irrefutables. En El Carmen, el nerviosismo crece».
En Venezuela se realizó una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en primera discusión el 22 de enero de 2026, la cual podría agravar la presión sobre Nicaragua en el contexto de las deudas históricas derivadas de los acuerdos petroleros chavistas.
Bajo el nuevo marco, que prioriza contratos de participación productiva donde las operadoras privadas asumen riesgos y costos sin generar deudas para el Estado venezolano, se reduce la posibilidad de condonaciones o refinanciamientos opacos como los que beneficiaron a Albanisa en el pasado.
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Deuda ha estado pendiente
El tema de la cooperación venezolana con Nicaragua ha estado bajo escrutinio desde hace años. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela en 2019 por Estados Unidos, planteó públicamente la exigencia de pago por el dinero «malversado» —según la oposición venezolana— bajo el dominio de Hugo Chávez, que también podría incluir el aporte enviado a Managua.
Eliseo Núñez, analista político y exdiputado nicaragüense, enfatizó en entrevista con LA PRENSA que estos fondos nunca fueron un regalo. «Ese dinero era bajo un convenio con Albanisa y definitivamente es exigible por parte de Venezuela».
«Según cálculos no oficiales, deben andar por 5 mil millones de dólares. Una auditoría al Bancorp arrojó (en 2019) que Albanisa tenía unos 2,500 millones en activos líquidos y liquidables de esa operación», los cuales Venezuela podría exigir con perfecta legalidad.
Bajo los gobiernos de los dictadores Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2026) en Venezuela, y el dictador Daniel Ortega (desde 2007) en Nicaragua, millonarios recursos petroleros fueron canalizados hacia Managua, principalmente a través de mecanismos como Albanisa, una empresa mixta entre la estatal venezolana PDVSA y la nicaragüense Petronic.
Esta cooperación fortaleció el régimen de Ortega, permitiéndole financiar programas de asistencia social que aumentaron su popularidad interna y su prestigio internacional. Pero todo ello estuvo marcado por una falta de transparencia crónica.
Datos oficiales e investigaciones independientes indican que Nicaragua recibió más de 4,950 millones de dólares en fondos venezolanos desde que Ortega volvió al poder en 2007. Estos recursos se materializaron principalmente en préstamos de los llamados «petrodólares», dinero recaudado de la venta de crudo venezolano durante una temporada de precios altos.
Albanisa permitía al régimen de Ortega la adquisición de ese crudo en condiciones favorables, que luego vendía a gran beneficio. Una parte del crudo se pagaba al contado y el resto se convertía en deuda a largo plazo con bajos intereses.
En su punto álgido, estos petrodólares representaron una inyección vital para la economía nicaragüense, financiando, además de las antes mencionadas iniciativas asistencialistas, también proyectos en comercio, subsidios energéticos, producción agrícola y forestal.
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Sin embargo, la bonanza no duró. En 2018, la cooperación se desplomó en un 73.4 por ciento respecto a 2017, reduciéndose el botín a apenas 27.2 millones de dólares en préstamos de PDVSA. Esta caída se atribuye principalmente a la profunda crisis económica y política en Venezuela bajo el gobierno de Maduro, quien enfrentó acusaciones de ilegitimidad por parte de más de 50 países, incluyendo Estados Unidos.
Ricardo Lizano, periodista retirado y exembajador de Costa Rica en Venezuela, dijo en entrevista con LA PRENSA que «las relaciones entre el gobierno de Trump y el gobierno de Nicaragua se van a ir deteriorando aún más de lo que ya están».
Delcy Rodríguez, sucesora de Maduro, ha abierto al régimen chavista a la colaboración con Washington, aceptando inversión en la industria petrolera y el restablecimiento de la misión diplomática estadounidense en Caracas.
«Yo creo que se va a ver afectada» Nicaragua, juzgó Lizano. «Creo que se va a ver afectada porque el gobierno de Venezuela, por las razones que sea, o por acuerdo, o por distanciamiento, se va a ir acercando, por lo menos tratando de entender mejor con el gobierno de Estados Unidos y eso va a implicar que de alguna manera el gobierno de Venezuela se aleje de los gobiernos que son hostiles al gobierno de Estados Unidos», explicó.
«Aún antes de la situación geopolítica que ha acercado el gobierno de Venezuela al de Estados Unidos, la cooperación venezolano-nicaragüense había ido disminuyendo. Tal vez tengan sus coincidencias ideológicas, tal vez mantengan sus opciones, pero ya no hay recursos», sentenció Lizano.
