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A pesar de la enorme distancia geográfica y las diferencias culturales, los regímenes de Managua y Teherán han consolidado un manual de tácticas represivas para asegurar su permanencia en el poder que hacen recordar que fue el mismo Daniel Ortega quien dijo en junio de 2023 que las revoluciones de ambos países eran «gemelas».
La clave ha sido institucionalizar el miedo. De acuerdo con un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU que investigó el caso de Nicaragua, se ha identificado un patrón sistémico que incluye el uso de fuerza letal contra civiles, la criminalización absoluta de la protesta social y una estructura de impunidad que protege a los perpetradores.
Hay una convergencia autoritaria con Irán, donde el país vive intensas protestas que desafían los 47 años de historia de la llamada República Islámica, motivadas en temas económicos y se han extendido, mientras la respuesta ha sido una brutal represión que ha dejado miles de muertos.
No se trata en ninguno de los casos de una reacción desordenada del Estado, sino de una estrategia planificada para eliminar toda crítica y silenciar cualquier voz que represente una amenaza a la hegemonía estatal. El régimen de Ortega, incluso cuando Irán estuvo en protestas en 2022 y también hubo mucha represión, mandó a hacer una visita oficial a Teherán de su canciller de entonces, Denis Moncada.
«Los regímenes represivos suelen utilizar métodos similares para reprimir a la población. No tengo ninguna duda de que estos regímenes estudian y comparten sus experiencias. Por ejemplo, hemos visto que en Venezuela se copiaron muchas de las medidas represivas que Ortega ya había aplicado», consideró el secretario de relaciones internacionales de la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), Héctor Mairena, en declaraciones a LA PRENSA.
La diferencia parece ser ahora que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el respaldo a los manifestantes de Irán, y Ortega esta vez se maneja para evitar confrontarlo, luego de la captura el 3 de enero de su aliado ideológico Nicolás Maduro, a manos de tropas especiales del Ejército de Estados Unidos.
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Abusos documentados por la ONU
Los abusos cometidos por Nicaragua e Irán han sido documentados por mecanismos de Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional. Estos revelan que se ha pasado por fases de violencia aguda, seguidas de una institucionalización del terror. En Irán, desde el Movimiento Verde en 2009 hasta las recientes movilizaciones de 2025, el régimen ha respondido a las demandas sociales con munición real y detenciones masivas.
El Grupo de Expertos identificó en Nicaragua cuatro fases principales desde abril de 2018: el Estado pasó de la masacre abierta en las calles a una fase de control absoluto del poder ejecutivo, sobre todo los órganos del Estado y la población.
La comunidad internacional coincide en que estas violaciones no son hechos aislados, sino que constituyen, en muchos casos, crímenes de lesa humanidad como el asesinato, la tortura y la persecución política. Mientras en Irán se documentan desde hace varios años ejecuciones y disparos directos contra manifestantes —en especial en este momento—, en Nicaragua eso fue en 2018 y luego se ha establecido un sistema de “muerte civil” que incluye el despojo de la nacionalidad y la confiscación de bienes para quienes se atrevan a disentir.
Fuerza letal, la primera respuesta del Estado
La similitud más cruda entre Nicaragua e Irán es la disposición de sus fuerzas de seguridad para utilizar armamento de guerra contra manifestantes desarmados. En el país persa, las protestas por el combustible en 2019 y el movimiento “Mujer, Vida, Libertad” en 2022 fueron sofocados con disparos directos y ejecuciones posteriores, resultando en centenares de víctimas fatales.
En Nicaragua, durante la fase inicial de 2018, la Policía Nacional hizo un uso excesivo y letal de la fuerza, empleando francotiradores y fusiles de asalto AK-47 para “neutralizar” a los ciudadanos en las barricadas.
Este patrón de letalidad intencionada se ve agravado en Nicaragua por la participación de estructuras paraestatales o grupos armados progubernamentales que actúan bajo la dirección del Estado. En Irán y Nicaragua se registra una absoluta impunidad institucional.
Pero en el caso del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se formalizó a la denominada Policía Voluntaria (paramilitares), integrada por excombatientes y empleados públicos leales al Frente Sandinista, para ejecutar operativos violentos como la “Operación Limpieza”. El Grupo de Expertos de la ONU ha confirmado que estas fuerzas actúan de forma coordinada con la Policía Nacional y el Ejército para garantizar la eficacia del ataque contra la población civil.
Incluso ante el escrutinio internacional, ambos regímenes han mantenido el uso de la fuerza letal como una herramienta vigente, reportándose muertes de menores de edad en las protestas iraníes de 2025. En Nicaragua, el control territorial es tal que la mera expresión de oposición puede derivar en un despliegue desproporcionado de efectivos para realizar detenciones violentas en domicilios particulares.
La negativa de los Estados a investigar estos crímenes y sancionar a los responsables confirma que el asesinato y la violencia física son políticas de Estado deliberadas para mantener el statu quo.
La tortura y el sistema judicial
El uso de los sistemas de justicia para dar una apariencia de legalidad a la persecución es otro denominador común entre Managua y Teherán. En Irán, las detenciones arbitrarias son seguidas por condenas judiciales sin garantías mínimas y juicios espurios que buscan castigar a los activistas. Nicaragua ha perfeccionado este modelo mediante la fabricación de casos penales y el control absoluto del poder judicial por parte de figuras como el exmagistrado Marvin Aguilar, quien recibía órdenes directas de la Presidencia para condenar a opositores bajo cargos de “traición a la patria”.
Dentro de los centros de detención, la tortura sistemática es una práctica sostenida que busca quebrar la voluntad de los prisioneros políticos. En Irán, los organismos internacionales han documentado métodos crueles de interrogatorio y maltrato físico. En Nicaragua, recintos como el nuevo Chipote y celdas de máxima seguridad como «la 300» (el Infiernillo) —el primero en la Policía, el segundo en el Sistema Penitenciario— son escenarios de tortura física, psicológica y sexual, donde los detenidos permanecen incomunicados y sin acceso a atención médica básica.
El Grupo de Expertos de la ONU destaca que los directores de los sistemas penitenciarios, como Julio Guillermo Orozco, ejecutan órdenes para imponer un trato discriminatorio y deshumanizante a los reos de conciencia en Nicaragua. Esta política incluye la privación del sueño, el aislamiento prolongado y la prohibición de visitas familiares como castigo por la identidad política de la víctima. Tanto en Nicaragua como en Irán, el aparato judicial y carcelario ha dejado de ser un sistema de justicia para transformarse en una extensión operativa del aparato de inteligencia estatal.
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Vigilancia masiva y el destierro
El control de la información es vital para la supervivencia de estos autoritarismos. Recurren a la censura y al bloqueo de medios independientes. Irán implementó un apagón nacional de internet durante el levantamiento de 2019 para ocultar la escala de la matanza y mantiene una vigilancia digital masiva.
Nicaragua ha seguido este camino bloqueando dominios de prensa independiente y utilizando al Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), bajo la dirección de Nahima Díaz —hija del director de la Policía, Francisco Díaz— para interceptar comunicaciones y operar granjas de trolls dedicadas a acosar a críticos en redes sociales.
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Nicaragua ha innovado en la crueldad mediante la expulsión de nacionales y la privación arbitraria de la nacionalidad. Es una táctica de represión transnacional que busca anular la existencia jurídica de la oposición. El despojo de la ciudadanía a los grupos de 222, 94 y 135 personas entre 2023 y 2024, no tiene fundamento en el derecho internacional y deja a las víctimas en situación de apatridia. Esta medida se complementa con la prohibición de entrada al país para cientos de ciudadanos, impidiendo de facto el regreso de quienes podrían movilizar a la sociedad.
Finalmente, la confiscación de bienes y pensiones se utiliza para garantizar la “muerte económica” de los adversarios del régimen de Ortega y Murillo. La Procuraduría General de la República, encabezada por Wendy Morales, ha dirigido el despojo de viviendas y activos de organismos de derechos humanos y universidades privadas. Mientras Irán mantiene el control mediante la ejecución física, Nicaragua ha perfeccionado un modelo donde la confiscación y el destierro funcionan como herramientas de limpieza política para cimentar una autoridad ejecutiva sin límites.
«No tengo ninguna duda de que, tarde o temprano, la justicia internacional y sus distintos mecanismos harán que los criminales paguen por sus delitos. Una vez que se produzcan las transiciones democráticas en estos países, la justicia nacional adoptará el modelo que considere adecuado para aplicar justicia», dijo el opositor Héctor Mairena.
