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Durante años, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intentado sostener la imagen de un control absoluto sobre Nicaragua. Sin embargo, esa narrativa se ha ido vaciando de contenido. Hoy el país vive bajo un sistema que ya no gobierna, solo resiste, y esa diferencia es clave para entender su fragilidad actual.
La represión generalizada, la criminalización de toda disidencia y el cierre total del espacio cívico no son señales de fortaleza. Por el contrario, revelan un régimen incapaz de administrar consensos y dependiente exclusivamente del miedo. Los gobiernos fuertes construyen legitimidad; los débiles la sustituyen por coerción.
Nicaragua atraviesa una crisis que va más allá de lo político. El país se encuentra inmerso en un cerco internacional progresivo, donde la dictadura ha dejado de ser vista únicamente como un violador sistemático de derechos humanos y ha pasado a ser considerada un factor de inestabilidad regional.
La presión internacional, particularmente desde Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, no apunta a una intervención militar. Su lógica es distinta: una asfixia estratégica sostenida, basada en sanciones selectivas, aislamiento diplomático y bloqueo del acceso a financiamiento internacional.
Los efectos son visibles. La economía nicaragüense sobrevive sin capacidad real de crecimiento, sostenida artificialmente por las remesas. El Estado funciona por inercia, no por eficiencia. El régimen ya no ofrece futuro, solo control. Este modelo no colapsa de un día para otro, pero se desgasta lentamente desde dentro.
El sostén real del régimen no es el Frente Sandinista como partido, sino el aparato de seguridad del Estado. Y dentro de ese aparato hay una diferencia crucial. La Policía Nacional ha sido convertida en un instrumento político altamente expuesto, sin garantías futuras. El Ejército, en cambio, mantiene una lógica institucional y pragmática.
La pregunta decisiva no es si Ortega perdió legitimidad —eso ocurrió hace años—, sino cuándo el Ejército concluirá que seguir sosteniendo a una familia aislada internacionalmente es más riesgoso que facilitar una salida controlada. Cuando ese cálculo cambie, el desenlace será rápido, aunque no necesariamente caótico.
Cada intento de radicalización —ya sea una represión más abierta, la militarización del poder o un alineamiento más profundo con potencias extra-hemisféricas— no fortalece al régimen, lo debilita.
La caída de un régimen autoritario no garantiza, por sí sola, una transición exitosa. Una transición viable requerirá, en primer lugar, contención inmediata del vacío de poder y garantías básicas de orden público. En segundo término, una restauración institucional gradual, acompañada por la comunidad internacional. Y finalmente, un modelo de justicia transicional que evite tanto la impunidad como la revancha.
En ese proceso, Estados Unidos jugará un rol de estabilización estratégica, mientras que Canadá y la Unión Europea pueden aportar credibilidad, acompañamiento institucional y respaldo en derechos humanos.
El régimen Ortega-Murillo no caerá mañana. Pero tampoco controla el futuro. Gobierna a la defensiva, reacciona en lugar de planificar y depende de un aparato represivo cada vez más costoso de sostener.
Los regímenes no caen cuando pierden legitimidad; caen cuando dejan de ser útiles para quienes los sostienen. En Nicaragua esa utilidad se está agotando.
El autor es ingeniero agrónomo con especialidad en Desarrollo Rural y Biotecnología. Actualmente reside en Canadá en condición de exilio. Escribe desde la experiencia cívica y el compromiso con la democracia, los derechos humanos y el futuro institucional de Nicaragua.
