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Las propuestas sobre política migratoria de los tres candidatos que hoy lideran la intención de voto en las elecciones presidenciales de Costa Rica del próximo 1 de febrero, muestran visiones profundamente distintas sobre el papel del Estado, la seguridad y los derechos humanos, en un escenario electoral todavía dominado por la indecisión.
Según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), correspondiente a diciembre de 2025, Laura Fernández encabeza la intención de voto entre las personas decididas a participar, con un 30 por ciento de apoyo. Le siguen Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, con un 8 por ciento, y Ariel Robles, del Frente Amplio, con un 5 por ciento. No obstante, el estudio muestra que el principal bloque del electorado sigue siendo el de las personas indecisas, que alcanza el 45 por ciento, un porcentaje muy superior al respaldo individual de cualquiera de las candidaturas y que mantiene abierta la disputa presidencial.
En ese contexto, según una revisión de LA PRENSA a las propuestas de los candidatos, las iniciativas migratorias de los principales contendientes revelan modelos de país difícilmente conciliables.
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Seguridad y control como eje central
La propuesta de Laura Fernández, candidata oficialista, es la que plantea el endurecimiento más claro de la política migratoria. Su plan de gobierno concibe la migración como un asunto de seguridad nacional y control fronterizo, con un fuerte componente tecnológico y policial.
Entre sus principales planteamientos figuran el cruce de bases de datos internacionales en los puntos de ingreso autorizados, el aumento de efectivos de la Policía Profesional de Migración y la ampliación de los centros de aprehensión para personas en condición irregular. También propone reformas legales para suspender automáticamente cualquier trámite migratorio a extranjeros vinculados con delitos graves y endurecer los procesos de naturalización mediante mayores exigencias documentales.
El enfoque oficialista apuesta por la disuasión y por una política de “cero tolerancia” frente al crimen transnacional, bajo la premisa de que el control estricto es una condición para preservar el orden interno.
Regularizar antes que castigar
El planteamiento de Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), se mueve en una dirección distinta. Su propuesta no gira en torno a la securitización de la migración, sino a la corrección de lo que considera un sistema colapsado por la burocracia y los atrasos administrativos.
El eje central de su plan es la implementación de una amnistía migratoria que permita regularizar a miles de personas extranjeras que ya residen y trabajan en el país, así como resolver la mora de más de 15,000 expedientes pendientes. A ello se suma una estrategia de control laboral, con operativos en centros de trabajo del Gran Área Metropolitana y zonas turísticas para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Aunque incorpora mecanismos de fiscalización, la propuesta liberacionista prioriza el orden institucional y la reducción de la informalidad, más que el endurecimiento de las fronteras o la ampliación de la capacidad de detención.
Un giro humanitario
En el extremo opuesto se ubica la propuesta de Ariel Robles, del Frente Amplio, que rechaza explícitamente la criminalización de la migración y plantea un cambio de enfoque hacia la protección de derechos humanos.
Su plan propone revertir medidas que dificultan el acceso al refugio y al trabajo formal, reducir la mora de más de 170,000 solicitudes de asilo pendientes y fortalecer la atención humanitaria a personas en tránsito. Robles también plantea garantizar derechos específicos a poblaciones como el pueblo Ngäbe y a los trabajadores migrantes del sector agrícola, así como impedir que centros de atención temporal se utilicen como espacios de detención.
Además, se compromete a no participar en esquemas de cooperación internacional que impliquen la recepción de vuelos de personas deportadas desde Estados Unidos, al considerar que esos mecanismos revictimizan a la población migrante.
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Tres visiones, un electorado indeciso
Las diferencias entre las propuestas no son de matiz, sino de concepción. Mientras Fernández plantea una política migratoria centrada en el control, la vigilancia y la expulsión, Ramos propone ordenar y regularizar un sistema saturado, y Robles apuesta por un modelo humanitario basado en la integración y la protección internacional.
Aunque los tres encabezan hoy las mediciones de intención de voto, la amplia proporción de personas indecisas sugiere que ninguna de estas visiones ha logrado todavía consolidar una mayoría. En ese terreno abierto, la política migratoria podría convertirse en uno de los temas que definan el sentido de la campaña y, eventualmente, el rumbo que tome el país.
Siete candidatos participan en debate de migración
Por otro lado, siete candidatos presidenciales participaron ayer en el debate de migración organizado por la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio, en el que destacaron la importancia de crear políticas públicas sobre el tema migratorio. Los candidatos que participaron son: Ana Virginia Calzada, David Hernández, Marco Rodríguez, Boris Molina, Claudio Alpízar, Ronny Castillo y Walter Hernández.
Por su parte, el candidato Ariel Robles Barrantes, del partido Frente Amplio, aunque confirmó su asistencia, horas antes la canceló.
Cabe destacar que estos candidatos no encabezan la lista de intención de votos del CIEP UCR. Los organizadores explicaron que se envió invitación a los 20 candidatos, pero la mayoría no atendió la invitación.
