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Las elecciones presidenciales de Costa Rica, previstas a realizarse el próximo 1 de febrero, cuentan con 20 candidatos que, entre sus propuestas de campaña, abordan problemáticas de seguridad ciudadana, salud, educación, tecnología, relaciones internacionales y migración. Aunque el tema de las relaciones con Nicaragua y asuntos relacionados con el país aparece únicamente en seis de estas 20 propuestas de campaña, existen posturas encontradas al respecto, incluida la designación de un eventual embajador costarricense en Managua.
Y aunque las elecciones generales de Costa Rica deben centrarse en los problemas internos del vecino país del sur, analistas consultados coinciden en que se debería colocar aún más en la agenda el tema de Nicaragua, especialmente por las relaciones con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Sobre política internacional, en general nunca ha estado muy presente en las discusiones electorales costarricenses. Es un déficit estructural», consideró el especialista en relaciones internacionales y catedrático costarricense, Sergio Araya.
La última encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica arrojó que el 45 por ciento de los votantes costarricenses están indecisos, pero Laura Fernández, del Partido Progreso Social (PPSO), quien se autodefine como sucesora del presidente Rodrigo Chaves, cuenta con un respaldo del 35 por ciento de los votantes. Fernández, apoyada por el oficialismo, no hizo mención a Nicaragua en su plan de gobierno.
Las elecciones de Costa Rica se desarrollan en un contexto en que los ejes más relevantes son la migración y la seguridad ciudadana. Pero los vínculos con Nicaragua son históricos, dado la confluencia natural entre vecinos. Además, el territorio costarricense ha servido de refugio, a quienes huyen de las dictaduras nicaragüenses. De hecho, el gobierno de aquel país ha recibido más de 250,000 solicitudes de refugio desde que estalló la crisis con la represión impuesta por Ortega en 2018.
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Expropiación de bienes de la dictadura
Según una revisión de las propuestas de campaña de los partidos políticos inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Partido de la Clase Trabajadora (PDLCT) se refiere en su plan de gobierno a las «personas luchadoras perseguidas por las dictaduras de Daniel Ortega y Nayib Bukele», y propone la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con estos regímenes, así como la expropiación de los bienes asociados a estas dictaduras.
«Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con las dictaduras de Ortega y Bukele, la expropiación de los bienes asociados a tales regímenes y apoyo activo a las luchas por libertades democráticas, justicia social y ambiental en la región», señala el plan de gobierno del PDLCT.
Mientras tanto, la propuesta del partido Unidos Podemos, cuya candidata es Natalia Díaz, aboga por una relación con Nicaragua basada en el respeto mutuo, con «reglas claras y defensa inquebrantable de nuestra soberanía», aunque advierte que no permitirá que otros gobiernos —sin aludir directamente a la dictadura Ortega Murillo— se aprovechen de la solidaridad costarricense. Asimismo, menciona la necesidad de controlar la «migración desordenada» y de hacer valer los fallos internacionales.
Díaz es exministra de Chaves, pero no es su candidata. «Costa Rica seguirá siendo un país solidario y respetuoso de los derechos humanos, pero no aceptará que su generosidad sea aprovechada o puesta a prueba por decisiones de otros gobiernos», afirma la propuesta de Díaz, quien enfatiza que el respeto de los derechos humanos no puede ser «una puerta abierta a los abusos hacia Costa Rica».
Por otro lado, el Partido Liberal Progresista (PLP) menciona a Nicaragua en el contexto de una reforma legal para abordar la seguridad jurídica en zonas fronterizas. El partido busca hacer justicia a las familias que viven en territorios con cobertura forestal y que se encuentran en un limbo jurídico, impulsando una reforma para «desafectar los terrenos administrados por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en las franjas fronterizas con las repúblicas de Nicaragua y Panamá para dotar de títulos de propiedad a sus ocupantes».
No se aborda lo suficiente
A criterio del especialista en relaciones internacionales costarricense Sergio Araya, las propuestas de campaña no son lo suficientemente sólidas en materia de relaciones exteriores, especialmente en lo referente a Nicaragua, aunque advierte que el país sí está presente en las campañas a través de los temas vinculados a la migración.
«Pese a ser un país vecino y a las circunstancias específicas que vive Nicaragua, existe cierto consenso en torno a la posibilidad de nombrar un embajador, más por contar con una presencia al más alto nivel que permita monitorear la evolución del régimen Ortega Murillo, y no porque se esté validando ese régimen. Que eso quede muy claro: nadie lo valida», dijo Araya.
Por su parte, el historiador y analista Hugo Vargas aseveró que el tema de Nicaragua debería estar más presente en la campaña, dado que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo representa un problema para la seguridad nacional costarricense.
«Nicaragua, además, es un problema de seguridad nacional para Costa Rica, al igual que el crimen organizado o el cambio climático. La inestabilidad en Nicaragua nos afecta directamente y debería ser un tema permanente en el debate público. Sin embargo, este gobierno ha tenido una postura ambivalente y complaciente hacia la dictadura de Ortega», dijo Vargas.
Ferrocarril hasta frontera con Nicaragua
El Partido Justicia Social Costarricense, cuyo candidato es Walter Rubén Hernández, prevé fomentar con los países vecinos, incluido Nicaragua, «la paz y cooperación», con el objetivo de mejorar las relaciones comerciales y abordar los temas migratorios.
Asimismo, ordenaría al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) evaluar la posible construcción de un ferrocarril que una las fronteras de Costa Rica desde Panamá hasta Nicaragua.
Por su parte, el partido Avanza, cuyo candidato es José Aguilar Berrocal, menciona a Nicaragua en el marco de uno de los principales retos de Costa Rica, especialmente en relación con la crisis migratoria. Además, establece que continuará denunciando violaciones en organismos internacionales y mantendrá el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Nombramiento de embajador en Nicaragua
Ante consultas realizadas por el diario El Observador de Costa Rica sobre el nombramiento de embajadores, 14 candidatos —sin incluir a la candidata del oficialismo, Laura Fernández— respondieron a los cuestionamientos. Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, señaló que se debe contar con un embajador de Costa Rica en Nicaragua, un cargo que permanece vacante desde 2018.
Diez de los 14 candidatos que respondieron a la consulta de El Observador aseguraron que podrían nombrar un embajador y reanudar relaciones con Nicaragua. Cuatro de estos, como el partido Centro Democrático y Social, de la candidata Ana Virginia Calzada, lo rechazan rotundamente, argumentando que el régimen Ortega-Murillo «destruyó la independencia judicial».
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Candidatos como Luis Amador, el Partido Integración Nacional (PIN) y José Aguilar, de Avanza, señalan que sí nombrarían embajador, aunque Aguilar enfatiza que ello no cambiaría la postura de que en Nicaragua se perdió el sistema democrático.
Candidatos que abogan por la migración
En gran medida, el tema de la migración ha sido ligado al de la inseguridad en la campaña electoral. Varios partidos conectan ambos temas. Si bien abordan la migración desde una perspectiva de derechos humanos, también proponen reforzar los controles migratorios para evitar el ingreso de criminales extranjeros al país.
«Sobre la migración, los discursos que la criminalizan han alimentado posiciones neofascistas a nivel global. En Costa Rica, el debate debe darse desde un enfoque democrático. El país se beneficia de la migración en múltiples áreas, especialmente laborales. El control fronterizo y el ordenamiento migratorio son legítimos, pero nunca desde la estigmatización ni el odio», consideró Vargas.
El Frente Amplio (FA), cuyo candidato es el diputado Ariel Robles, incluye a la población migrante nicaragüense en su análisis del contexto social, señalando que Costa Rica pasó de ser principalmente un receptor de población migrante —sobre todo nicaragüense por motivos económicos— a convertirse en un país de tránsito.
Además de Natalia Díaz, que aboga por «controlar la migración desordenada», el Partido Nueva República (PNR) propone diseñar e implementar una política migratoria para erradicar el ingreso ilegal de personas, argumentando que las amnistías y regularizaciones masivas anteriores se realizaron sin considerar su impacto en el mercado laboral.
El PLP asegura que la política migratoria debe ser ordenada, segura y regular, sin arriesgar a los costarricenses con el ingreso de delincuentes extranjeros. Por su parte, el Partido Justicia Social Costarricense (PJSC) menciona que la política migratoria debe revisarse para garantizar los derechos humanos y adoptar prácticas inclusivas contra la xenofobia.
La candidata oficialista, por su parte, prevé un refuerzo fronterizo, el aumento de personal migratorio, la detección de migrantes irregulares, la ampliación de la capacidad de los centros de detención y deportación, la expulsión de criminales y un mayor rigor en la naturalización de extranjeros, «exigiendo antecedentes penales apostillados del país de origen». A la vez, se impulsará la integración de la población migrante regularizada a los sistemas educativo y laboral, argumentando que casi 40 mil menores estudian sin estatus migratorio regular en el país.
La candidata favorita es la indecisión
Y aunque la candidata con mayor intención de voto es Laura Fernández, quien se autodenomina sucesora de Rodrigo Chaves, la realidad, según los especialistas consultados, es que quien encabeza las preferencias es la «indecisión», fenómeno que atribuyen a fallas del sistema político tradicional.
«Existen temas más particulares relacionados con la forma en que se ha ejercido la conducción del gobierno en estos casi cuatro años de mandato del presidente Chávez. Esta gestión se ha caracterizado por incidir, promover o eventualmente permitir —por inacción— un escenario de polarización, de tensión y de crispación, que ha dificultado la construcción de acuerdos sociales y políticos en torno a temas que, por su complejidad y profundidad, necesariamente exigen acuerdos pluripartidistas y multisectoriales», consideró Araya.
Araya advierte que, si la indecisión se traduce en abstencionismo, podría propiciar un caldo de cultivo para la emergencia de formas políticas de corte autoritario.
Desde 1998 se observa un aumento sostenido del abstencionismo en el país. Entre 1962 y 1994, los niveles rondaban entre el 16 por ciento y el 18 por ciento, con un pico cercano al 20 por ciento en 1982 debido a la crisis económica. En la última elección, el abstencionismo en primera ronda fue del 40 por ciento, y en la segunda ronda subió al 42 por ciento o 43 por ciento. Esto refleja un desencanto profundo con el sistema político y explica el auge de los populismos, no solo en Costa Rica, sino en muchos países.
«Ese abstencionismo indica que una parte importante de la población no ve el voto como un medio eficaz para resolver los problemas políticos, lo cual es grave porque afecta la legitimidad del sistema. Aunque persiste el respeto por instituciones como el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones, es precisamente ahí donde los populismos buscan erosionar la institucionalidad», mencionó Vargas.
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Partidos atribuyen la inseguridad a la migración
La seguridad ciudadana se consolida como uno de los ejes centrales en los planes de gobierno, con énfasis en el combate al crimen organizado transnacional, el control migratorio y la reforma institucional. Varios planes de gobierno vinculan la migración y la inseguridad con el crimen organizado transnacional y la necesidad de expulsar a elementos criminales extranjeros. El enfoque de seguridad se centra en prevenir que el país se convierta en refugio de estructuras delictivas, lo que implica un vínculo entre la presencia de ciertos extranjeros y la actividad criminal organizada.
Uno de los principales puntos de contraste entre las propuestas es la supuesta vinculación entre delincuencia y migración. Para varios partidos, la migración es abordada desde la óptica de la seguridad nacional y el control fronterizo, bajo el argumento de que el crimen organizado utiliza los flujos migratorios para actividades ilícitas. La propuesta de Natalia Díaz (UP) es la más explícita al establecer una línea dura, al sostener que quien venga a delinquir o a “vivir del sistema” debe ser expulsado, y al rechazar que Costa Rica se convierta en refugio de delincuentes. En una línea similar, el PLP, el PPSO y el PUSC plantean controles estrictos, empadronamientos biométricos, inventarios para deportación y expulsiones inmediatas de extranjeros vinculados a delitos graves.
En contraste, los partidos de izquierda y progresistas rechazan que la migración sea la causa del aumento de la criminalidad y denuncian un discurso xenófobo. El PT, el PJSC y el Frente Amplio sostienen que las personas migrantes —especialmente las nicaragüenses— son víctimas de explotación laboral y discriminación, y que responsabilizarlas de la inseguridad oculta problemas estructurales más profundos. Estos partidos apuestan por la regularización migratoria, la igualdad de derechos y un enfoque centrado en los derechos humanos.
