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Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica perciben que en redes sociales circula contenido desinformativo y discursos de odio en su contra, lo cual genera estigmatización y rechazo por parte de la sociedad costarricense, según revela un estudio del programa de la libertad de expresión y derecho a la información de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El informe titulado “Democracia en riesgo: percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación” señala que los contenidos desinformativos sobre los nicaragüenses en Costa Rica han aumentado. Estos “suelen promover discursos de odio que se han naturalizado tanto en redes sociales como en los medios de comunicación”, se lee en el documento.
Según los hallazgos de la investigación, los nicaragüenses en Costa Rica son vinculados a la criminalidad y a la supuesta usurpación de servicios públicos como la educación o la salud.
“Existe una tendencia a atribuir crímenes a personas nicaragüenses o colombianas debido a prejuicios que asocian a ambos países con actividades delictivas. En el caso de las mujeres colombianas, circulan también narrativas falsas relacionadas con cirugías estéticas o con aspectos de su sexualidad”, detalla el estudio.
En Costa Rica viven más de 800,000 nicaragüenses según registros oficiales de la Dirección de Migración y Extranjería de ese país. De esta cifra, 194,000 personas han solicitado refugio tras huir de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y hasta mayo de este año, solamente a 9,216 personas se les ha aprobado.
Desinformación amenaza la democracia tica
De acuerdo con la ponencia, la desinformación es percibida en Costa Rica como “una amenaza seria y en expansión”, que atenta en contra de la democracia de este país. La advertencia llega en medio de un periodo electoral, pues el vecino país celebrará comicios electorales el 1 de febrero del siguiente año.
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8 de cada 10 personas encuestadas para la investigación consideran que la desinformación es “un problema grave”. Además, “una amplia mayoría advierte que puede dañar la reputación de terceros, incentivar expresiones de odio, interferir en las elecciones y poner en riesgo la democracia costarricense”.
Por otro lado, el 28 % de las personas consultadas reconoció haber creído recientemente en un contenido que luego resultó ser falso, principalmente difundido a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp o TikTok.
El estudio profundiza también en los impactos diferenciados en sectores que han sido blanco frecuente de campañas desinformativas, como mujeres políticas, personas migrantes, población LGBTIQA+ y funcionarios judiciales.
La investigación fue presentada en la Asamblea Legislativa de Costa Rica y fue realizada por los académicos Óscar Jiménez, Johanna Rodríguez y Suráyabi Ramírez del programa de libertad de expresión y derecho a la información de la UCR, en alianza con las organizaciones Free Press Unlimited, People in Need y Punto y Aparte.
