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Una noche de finales de agosto de 2019, “Francisco” salió de la casa donde alquilaba en San José, Costa Rica, para fumarse un cigarro. No acostumbraba fumar, pero solo así calmaba la ansiedad provocada por la persecución que sufría en Nicaragua.
A unos 50 metros, un vehículo marca Hyundai Accent color negro está parqueado. Francisco no le presta atención. Enciende su cigarro, absorbe humo, da vuelta en sus pulmones y vuelve a salir por su boca.
Cuando está por inhalar por segunda vez su cigarro, el vehículo negro se enciende. Francisco sigue sin prestarle atención. El carro avanza y al acercarse a él, disminuye su velocidad hasta detenerse frente adonde él se encuentra recostado a la pared. Desde la ventana trasera izquierda, bajan el vidrio y una persona con un arma pequeña apunta contra Francisco.
El hombre reaccionó rápido, se agachó y corrió a la parte de atrás del vehículo. Dos disparos pegaron en la verja de la casa y él salió corriendo hacia la otra cuadra, donde había más personas. Las personas que estaban en el carro trataron de seguirlo, pero finalmente dejaron que se fuera.
Francisco es un campesino exiliado nicaragüense que desde 2018 llegó a Costa Rica buscando protección tras participar en los tranques contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nos pide no revelar su verdadera identidad porque todavía tiene amenazas en su contra.
Tras el incidente, Francisco se mudó de casa, pero siguió haciendo activismo hasta aquella noche de agosto en que intentaron asesinarlo. Al día siguiente fue a poner una denuncia ante el OIJ por intento de asesinato, pero hasta la fecha, no sabe qué pasó con el caso. “Nunca supe qué pasó porque nunca retroalimentan”, cuenta este hombre.
Francisco asegura que después de eso recibió varias amenazas y ha denunciado hasta tres veces ante las autoridades costarricense, “pero no hacen nada”, indica.
El peligro en Costa Rica
Desde que el régimen Ortega Murillo comenzó a perseguir y a liquidar a sus opositores en Nicaragua, en el año 2018, Costa Rica ha sido la primera opción adonde muchos deben huir para proteger sus vidas e integridad física. Además, es la alternativa inmediata por la proximidad de ambos países.
Sin embargo, en los últimos años Costa Rica también enfrenta una oleada de crímenes y violencia que ha bañado de sangre al territorio costarricense. El 2023 se convirtió en el año con más homicidios en la historia de ese país, con 907. En 2024 hubo 880, y en este 2025 ya se registran más de 760. Las autoridades proyectan que pueda acabar el año con más de 900 muertes.
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Narcotráfico, sicariato, crimen organizado, delincuencia y más se han apoderado de Costa Rica. Esta ola de violencia también arrastra a los nicaragüenses que viven en ese país, que son más de 800,000 según los datos oficiales. De esa cifra, 169,000 son solicitantes de refugio y otros 20,000 tienen su refugio aprobado.
Todos estos nicaragüenses también sufren por la oleada de violencia en Costa Rica. “Es fácil pagarle a un sicario y que ejecute la orden de eliminar a alguien”, señala Gerardo Castaing, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) costarricense.
Castaing indica que esta crisis de seguridad puede ser aprovechada por el régimen de Ortega y Murillo para extender sus tentáculos represivos en el vecino país del sur y que parezca un crimen común.
De hecho, algunos nicaragüenses opositores ya han sido víctimas de sicariato. El mayor en retiro y opositor a Ortega, Roberto Samcam, murió en su apartamento en San José, por ocho disparos que le propinó un joven que se infiltró como repartidor en junio de 2025.
Joao Maldonado, otro opositor de Jinotepe, sobrevivió a dos atentados en su contra en Costa Rica. En ambos casos, el OIJ ha identificado y detenido a algunos sospechosos, pero hasta la fecha no se conocen avances en la investigación.
En el caso de Samcam, el fiscal general Carlos Díaz declaró a la cadena CNN que la principal línea de investigación apuntaba a un trasfondo político y mencionó la posibilidad de que el crimen haya sido ordenado desde el Ejército nicaragüense.
“No nos vamos a conformar con detener a quienes realizaron la ejecución. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias tratando de determinar quiénes ordenaron este homicidio”, detalló.
No obstante, el presidente Rodrigo Chaves ha evitado referirse en público a estos casos y solo cuando atentaron contra Maldonado negó que hubiera células sandinistas operando en Costa Rica.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha advertido que el estatus de refugiado no garantiza la protección personal y que se ha convertido más que todo en un estatus migratorio.
Una visión similar tiene el defensor de derechos humanos y experto en leyes migratorias, Rommel López. “El estatus de refugiado en Costa Rica sí brinda protección jurídica internacional, especialmente en cuanto al principio de no devolución, el acceso a documentos oficiales, permiso de trabajo y un estatus migratorio estable. Sin embargo, es importante aclarar que la protección internacional no equivale automáticamente a una protección absoluta en materia de seguridad personal”, detalla.
Denuncias archivadas
Pero estos no han sido los únicos casos en los que opositores a la dictadura han sufrido algún atentado o amenazas. De acuerdo con algunos testimonios con los que cuenta el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, hay exiliados nicaragüenses que van al OIJ, denuncian amenazas por parte de régimen Ortega Murillo, les dicen que quedará en investigación, pero luego pasa el tiempo y no les dicen nada. Esto hace presumir que quedan archivadas.
Eso mismo fue lo que le pasó a Francisco. De las tres denuncias que puso por amenazas e incluso el intento de homicidio al que sobrevivió, dice que todavía no le dicen nada y ni siquiera sabe si está bajo investigación.
Las tres denuncias están en poder de la Revista DOMINGO, pero Francisco nos solicitó no hacerlas públicas para no revelar detalles sensibles que podrían dar con su ubicación o la de sus familiares. “Es complicado vivir en esta incertidumbre. He valorado irme de Costa Rica por este mismo motivo”, señala.
Uno de los casos más recientes es el de la periodista Jennifer Ortiz, quien denunció el 13 de noviembre que las autoridades costarricenses le pusieron trabas cuando llegó a denunciar amenazas por parte de fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ortiz no especificó la naturaleza de estas amenazas, pero sí dijo que ponían en riesgo su vida.
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Al acudir a la Unidad de Protección a Testigos del Ministerio Público, Ortiz asegura que le dijeron que bajara el perfil, que se mantuviera en clandestinidad, que se retirara del periodismo y que eliminara todo el trabajo que ha hecho en su plataforma Nicaragua Investiga, durante los últimos ocho años.
“Prácticamente yo tenía que renunciar a mi vida y a la de mis hijos. Tenía que dejar de hacer periodismo, borrar el trabajo de ocho años hecho bajo tanto sacrificio y persecución”, dijo Ortiz a LA PRENSA al denunciar los hechos. Para ella, seguir esas recomendaciones sería darle “a la dictadura exactamente lo que querían”.
A juicio de la periodista, “las autoridades costarricenses están fallando” en su tarea de garantizar protección a los refugiados nicaragüenses. “Una de las cosas que me pareció más preocupantes es una advertencia que recibimos de una fuente dentro de las estructuras del sandinismo que nos dijo que acá en el exilio había un grupo de personas que estaban siendo monitoreadas, y que ellos estaban preparados para actuar”, señaló Ortiz.
En junio de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas advirtió que “las acciones represivas del Gobierno trascienden las fronteras del país y afectan a personas opositoras o percibidas como tales en el exterior”.
Por otro lado, Francisco reconoce que “el sistema judicial de Costa Rica está saturado y no somos prioridad para ellos. Tienen capacidad para investigar, pero no hay un sentido de urgencia por protegernos”.
