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Hablar de una transición negociada en Nicaragua es, para muchos, un tema incómodo, casi prohibido. Es un trago amargo que despierta emociones legítimas: dolor, rabia, desconfianza. Sentarse a dialogar con quienes han sido responsables de la represión, la cárcel, el exilio y la muerte parece, a primera vista, una claudicación moral. Sin embargo, más allá de la indignación comprensible, la política exige algo más que pureza emocional: exige madurez, responsabilidad histórica y visión de futuro.
La experiencia comparada demuestra que las transiciones democráticas rara vez son procesos ideales o moralmente satisfactorios. Son, en la mayoría de los casos, el resultado de equilibrios precarios, concesiones dolorosas y negociaciones difíciles. Chile es un ejemplo claro. Tras una de las dictaduras más brutales de América Latina, la salida del régimen de Pinochet no fue producto de una ruptura violenta, sino de una transición pactada. Décadas después, con todas sus deudas y contradicciones, Chile goza de una de las democracias más sólidas y estables de la región. No fue un camino perfecto, pero fue un camino posible.
En Nicaragua, la palabra “diálogo” se ha convertido en sinónimo de traición para algunos sectores. El régimen ha instrumentalizado procesos de negociación para ganar tiempo, dividir a la oposición y reforzar su control. Esa realidad explica, aunque no justifica, el rechazo visceral a cualquier mención de una salida negociada. Pero confundir el abuso del diálogo con la inutilidad del diálogo es un error estratégico grave. Renunciar de antemano a la negociación es renunciar a una de las herramientas más poderosas de la política.
Los acontecimientos recientes en la región invitan a una reflexión serena. El caso venezolano muestra que, incluso en contextos de autoritarismo extremo, la presión internacional, la movilización interna y la negociación política terminan convergiendo como mecanismos para abrir grietas en el poder. No se trata de idealizar procesos ni de ignorar sus límites, sino de entender que las transiciones ordenadas —aunque lentas e imperfectas— suelen evitar escenarios de mayor violencia, colapso institucional o guerras fratricidas.
En Nicaragua, la pregunta no es si la dictadura caerá, sino cómo lo hará y a qué costo. ¿Queremos una salida que deje más mártires, más familias rotas y un país aún más devastado? ¿O aspiramos a un cambio que, sin borrar el dolor ni renunciar a la justicia, permita reconstruir el tejido social y sentar bases mínimas de convivencia democrática? La negociación no es impunidad automática; es, en muchos casos, la condición necesaria para que la justicia sea posible en el largo plazo.
Aceptar una transición negociada no significa olvidar a las víctimas ni legitimar a los verdugos. Significa reconocer que la correlación de fuerzas importa y que los cambios políticos duraderos requieren acuerdos, garantías y reglas claras. Significa también asumir que la democracia no se construye desde la venganza, sino desde instituciones fuertes, memoria, verdad y mecanismos de justicia transicional.
Este debate, aunque incómodo, es inevitable. Seguir evitándolo por miedo al costo político solo prolonga la parálisis. Los liderazgos opositores, dentro y fuera del país, tendrán que asumir una posición clara. Figuras como Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y otros referentes de los movimientos opositores no pueden eludir indefinidamente esta discusión. Habrá críticas, sin duda las habrá. Pero liderar no es complacer, es orientar, incluso cuando el camino es impopular.
La historia juzga con severidad la tibieza. Una transición negociada requiere carácter, claridad estratégica y una narrativa honesta ante la ciudadanía. No se puede presentar como una solución mágica ni como una rendición encubierta. Debe explicarse como lo que es: una apuesta difícil, imperfecta, pero necesaria para evitar más muerte, más sangre y más dolor innecesario.
Romper el tabú del diálogo es, en sí mismo, un acto de madurez política. Implica confiar en que la sociedad nicaragüense es capaz de debatir con profundidad, sin consignas vacías ni descalificaciones morales automáticas. Implica pensar no solo en la caída de la dictadura, sino en el país que vendrá después. Un país donde las futuras generaciones no hereden un ciclo interminable de violencia, sino un precedente de resolución política de los conflictos.
La transición negociada no es un fin en sí mismo. Es un medio. Un medio para recuperar la libertad, reconstruir la institucionalidad y abrir el camino hacia una democracia que no dependa de caudillos ni del miedo. Apostar por ella no es debilidad; es, quizás, la forma más alta de responsabilidad histórica que hoy puede asumir Nicaragua.
El autor es un expreso político nicaragüense en el exilio.
