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Funcionarios de organismos de derechos humanos condenaron este miércoles la orden de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo girada a empleados públicos, de instituciones y municipalidades, para que expresen su apoyo al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue capturado el 3 de enero por el Ejército de Estados Unidos.
Salvador Marenco, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, caracterizó la maquinaria de vigilancia de la dictadura que empuja estas agendas como un «esquema de terror generalizado» que se ha vuelto «parte de la política de crímenes de lesa humanidad» de la dictadura, persiguiendo a la población tanto por motivos políticos como religiosos.
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La dictadura en Nicaragua «ha implementado este crimen de lesa humanidad contra personas opositoras, pero también contra su propia gente, o podrían, entre comillas, decirle, su propia gente. Es decir, en general, los funcionarios están sometidos a una situación de desgaste de dignidad constante, una situación de denigrarles como personas, y básicamente utilizarlos únicamente como fichas políticas para demostrar un apoyo inexistente al régimen», concluyó.
Trabajadores del Estado amenazados
La campaña mencionada profiere amenazas contra los trabajadores del Estado y militantes del partido oficialista, enfatizando que quienes no se expresen contra la captura de Maduro serán considerados «traidores». Asimismo instan de manera paralela a todos los funcionarios a ejercer vigilancia y espionaje sobre sus colegas. LA PRENSA hizo estas revelaciones el martes 6 de enero.
Este tipo de orientaciones anulan los derechos fundamentales de los ciudadanos. «No únicamente se trata de la confiscación y cancelación de más de sesenta medios de comunicación en el país, haciendo de Nicaragua un país que está sin libertad de prensa, sino que también la violación de la libertad de expresión se ha traducido en el día a día, a nivel micro, a la prohibición de las personas en la utilización de redes sociales de manera libre, o en la generación de la autocensura para la utilización de estas redes», explicó Marenco.
El defensor se refiere a la persecución implacable de Ortega y Murillo a los medios independientes. Esta ha causado el exilio de 309 profesionales independientes desde 2018, según un reciente informe de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). Sin embargo, pese a la saña de la dictadura, centenares de periodistas continúan ejerciendo en el exterior en un contexto hostil.
La captura de Maduro mantiene a la dictadura en alerta. Desde su detención, además de las amenazas mencionadas, se han registrado capturas de varios individuos —por lo menos seis ciudadanos— que habrían realizado publicaciones en redes sociales, celebrando la caída del dictador en Venezuela. Pero además conversando sobre las implicaciones que podría tener para el régimen de Nicaragua, según reportó LA PRENSA.
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«La libertad de expresión es uno de los tres derechos pilares fundamentales para considerar un Estado democrático de derecho en general, y por ende está recogido en distintos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc.», pero Nicaragua ha desconocido los instrumentos internacionales en distintas ocasiones, a pesar de que por su naturaleza no puede desentenderse de sus responsabilidades.
Marenco mencionó, por ejemplo, la salida en mayo de 2025 de la dictadura de Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) como muestra de repudio porque LA PRENSA recibió el premio Guillermo Cano en homenaje a su lucha por la democracia.
«No sólo es el tema de la violación de la libertad de expresión en la población, porque esto más allá va en torno a la autodeterminación de las personas, y también viola derechos políticos y viola también, además, el derecho a la libertad de conciencia», señaló el experto.
«Es decir, un solo acto tiene una multiplicidad de afectaciones para la población, impactando, además, en la dignidad de esta población, en la dignidad de los trabajadores del Estado, puesto que están obligados a la publicación de estos mensajes so pena mínimamente de perder su empleo, de amonestarse, o incluso en actos más graves, de considerar incluso que son traidores a la patria, y hasta arriesgar su libertad», agregó.
«Hablar es subversivo en Nicaragua»
Pablo Cuevas, director de la Defensoría de Derechos Humanos, una organización nicaragüense con sede en Miami, asegura que «una de las principales características (del régimen Ortega-Murillo) es que son abusivos».
«No respetan el derecho de los ciudadanos de opinar de una u otra manera. Por eso se obliga a los trabajadores públicos a dar su respaldo a Maduro so pena de despido o cárcel. Cada uno de los trabajadores ofrece su fuerza laboral, en ese sentido debería respetárseles. Pero en Nicaragua hablar de derecho es subversión».
Cuevas criticó el doble rasero del régimen que ha apelado al derecho internacional con la detención de su homólogo Nicolás Maduro. «Son personas con doble moral, mientras están hablando o exigiendo respeto al derecho internacional, no respetan el derecho individual de cada ciudadano nicaragüense. Invocan el derecho internacional cuando les conviene y condenan el derecho internacional cuando los señalan», dijo Pablo Cuevas.
Venezuela fue un aliado incondicional de Daniel Ortega desde que asumió el poder en 2007 y con su respaldo económico fue un aliado importante para instalar a la dictadura. Entonces el fallecido caudillo venezolano Hugo Chávez estableció un esquema de cooperación que benefició al régimen nicaragüense. Manejaron un presupuesto promedio de 500 millones de dólares al año, entre 2007 y 2016. Ese dinero fue administrado por el Estado de manera discrecional.
