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Cinco periodistas nicaragüenses —cuatro mujeres y un varón— vivieron en 2025 su primera Navidad y Fin de Año en el exilio, lejos de sus familias y en un país ajeno, como consecuencia del patrón sistemático de persecución, censura, criminalización y hostigamiento ejecutado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la prensa independiente en Nicaragua.
Desde 2018, tras el estallido de la crisis sociopolítica, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) contabiliza 309 hombres y mujeres de prensa que se vieron obligados a exiliarse para preservar su vida y libertad. «Con estos nuevos casos de exilio, entre 2018 y el cierre de 2025, al menos 309 periodistas han sido forzados a salir de Nicaragua como resultado de su labor informativa», indicó la FLED.
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La FLED detalló que, en uno de los cinco casos, el régimen le negó el ingreso a Nicaragua después de que regresaba de un viaje. «El exilio continúa siendo una alternativa profundamente dolorosa, asumida como consecuencia directa de amenazas, vigilancia constante y riesgos a su integridad personal», insistió.
18 agresiones y ataques documentados
Este 31 de diciembre, el fin de 2025, FLED publicó en su página web el IV Informe Trimestral —de octubre a diciembre, titulado «Entorno digital se consolida como principal vía de ataque contra la prensa independiente en Nicaragua«, en el que documenta 18 casos de agresiones y ataques
Guillermo Medrano, director de la FLED, aseguró a LA PRENSA que, aunque cuantitativamente los casos documentados disminuyeron, «no significa que la situación ha mejorado; por el contrario, muchos periodistas optan por el silencio como una forma de protección tanto para ellos y familias, incluye a periodistas en el exilio por la represión transfronteriza».
De hecho, hay muchos periodistas afectados que optan por no denunciar por temor a represalias y que hay una gran parte de agresiones verbales, escritas y digitales. En diciembre se registraron 10.
«Lamentablemente, las condiciones para ejercer el periodismo siguen endureciéndose, combinando represión estatal con ataques digitales persistentes, desplazamiento forzado de periodistas y disposiciones legales con efectos directos sobre la libertad informativa», advirtió la FLED.
De acuerdo a los registros, la FLED concluyó que «el espacio digital se mantiene como el principal escenario de ataques e intentos de desacreditación contra los periodistas».
Medrano advirtió que otra de las grandes preocupaciones de 2025 es la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, aprobada en octubre de 2024 por la Asamblea orteguista. «Eso directamente avanza hacia el cerco regulatorio de la información en Nicaragua, en la práctica todas las comunicaciones incluidas las digitales quedan sujetas a la vigilancia oficial», indicó.
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En el informe se expone como la violencia digital se ha consolidado como una de las principales formas de agresión contra la prensa independiente. Tras un ejercicio de monitoreo en redes sociales, la FLED encontró que en las publicaciones de cuatro medios independientes, incluido LA PRENSA, hay mensajes cargados de amenazas, lenguaje vulgar y discursos de odio.
«Esta dinámica responde a campañas coordinadas impulsadas por simpatizantes sandinistas y estructuras afines al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, orientadas a desacreditar, intimidar e intentar silenciar a la prensa independiente», apuntó la FLED.
El director de la FLED recalcó que los ataques digitales, por primera vez desde que se documentan las agresiones, han crecido abrumadoramente. «No sólo de simpatizantes, el 72 por ciento de las agresiones, 13 son personas no estatales y nos preocupa porque nos cuestionamos si el gobierno ha logrado que la población crea que el periodismo independiente tiene una agenda antigobierno o es una estrategia fina directamente del gobierno», refirió.
Periodistas bajo «arresto domiciliario»
La FLED destacó en su registró que se confirmó que al menos tres periodistas independientes que permanecían bajo la condición de desaparición forzada, ya que se desconocía de su paradero, se encuentran en realidad bajo «arresto domiciliario de facto» sin garantías procesales ni transparencia sobre su situación jurídica.
Entre ellos figuran Leo Cárcamo, Fabiola Tercero e Irving Guerrero. El 11 de noviembre, tras cerca de 16 meses de desaparición forzada, la dictadura difundió por medio de su aparato propagandista un montaje donde Tercero junto a su madre «desmentían su desaparición». FLED señaló que pese a la narrativa oficial que afirma que Tercero reside en su vivienda sin restricciones, «la falta de proceso legal claro contradice dicha libertad».
Enseguida reveló que en Nicaragua se registra un patrón de hostigamiento contra al menos una decena de periodistas que, sin tener juicios formales, «son obligados a presentarse periódicamente en las delegaciones policiales de sus localidades para firmar libros de actas». También denunció que el paradero de Elsbeth D’Anda sigue siendo desconocido, lo que «constituye una situación vulnerabilidad extrema».
En el informe se destacó los cinco problemas más relevantes identificados en el último trimestre del 2025: censura editorial dentro de los medios en Nicaragua, prohibición de entrevistas sin autorización y vigilancia en mercados, seguimiento a periodistas en el exilio mediante amenazas a sus familiares, periodistas entre la vigilancia territorial y el desplazamiento forzado, y exilio sin protección.
Medrano señaló que el asedio y la intimidación hacia los periodistas en exilio se ha extendido a sus familiares. «Todas las instancias de la represión amenazan a los familiares de periodistas. Hemos conocido nosotros de que muchas ocasiones los interrogatorios a familiares sobre ellos continúa, por ejemplo, si siguen ejerciendo el periodismo, si mandan remesas o si se van a mover a un tercer país, es difícil, complicado, la gente no tiene paz», enfatizó.
En el último apartado aborda la situación que enfrentan periodistas nicaragüenses atrapados en un limbo migratorio, en particular la vulnerabilidad de los hombres y mujeres de prensa en el exilio trasciende las amenazas transnacionales de la dictadura. «Esta crisis se agrava por el estancamiento administrativo en el país de acogida, una problemática denunciada de formar sostenida, que a la fecha, no presenta avances significativos», afirmó la FLED.
