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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) admitió el retiro de Nicaragua de la organización, una membresía que databa de 1952, luego de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo estallara en furia por el otorgamiento del Premio Mundial a la Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano 2025 al diario LA PRENSA, símbolo de la resistencia informativa nicaragüense.
La decisión fue confirmada en una carta oficial enviada a la Directora General de la Unesco, Audrey Azoulay, quien expresó su “profundo pesar” por el abandono, advirtiendo que ello privará al pueblo nicaragüense de los beneficios de cooperación en educación, cultura y comunicación que la organización ha promovido durante más de siete décadas.
“La Unesco actúa plenamente dentro de su mandato cuando defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa en el mundo”, respondió Azoulay, en una clara respuesta al furibundo reclamo del régimen sandinista, que acusó a la agencia internacional de ser “un instrumento diabólico al servicio de traidores y antipatriotas”.
En virtud de la Constitución de la Unesco, la retirada de Nicaragua, miembro desde 1952, será efectiva el 31 de diciembre de 2026.
Valdrack Jaentschke, canciller del régimen, fue quien firmó la carta anunciando la salida del organismo y dijo que era una «soberana y firme decisión» de abandonar la organización por sus «inaceptables e inadmisibles acciones» contra Nicaragua.
Un premio por informar desde el exilio
La concesión del Premio Guillermo Cano a LA PRENSA —fundado en 1926 y el periódico más antiguo de Nicaragua— fue resuelta por un jurado internacional independiente que, según explicó la organización, valoró especialmente “el coraje ejemplar del medio para seguir informando a la población nicaragüense pese a la prisión de sus directivos, la confiscación de sus instalaciones y el exilio forzado de la mayoría de su personal desde 2021”.
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Desde entonces, LA PRENSA ha continuado operando en formato digital, con periodistas dispersos en el exilio, trabajando desde Costa Rica, España, México, Alemania, Canadá y Estados Unidos, en condiciones precarias y bajo constante amenaza de represalias contra sus familiares que permanecen en Nicaragua.
La dictadura, por su parte, arremetió contra el galardón acusando a LA PRENSA de fomentar “intervenciones militares y políticas de Estados Unidos en Nicaragua” y descalificando el premio como una “expresión diabólica de traición y antipatriotismo”.
No obstante, la Unesco subrayó que su mandato específico desde 1997 es promover la libertad de prensa, y que la elección de LA PRENSA como ganadora de 2025 fue conforme a procedimientos autónomos y profesionales, desligados de presiones políticas.
Aislamiento progresivo ante la comunidad internacional
La ruptura con la UNESCO se inscribe en un patrón creciente de aislamiento internacional del régimen Ortega-Murillo, que en los últimos años ha roto relaciones o abandonado instituciones multilaterales que osaron denunciar las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua.
En 2021, el régimen denunció la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) y posteriormente, en 2022, se retiró formalmente de esa organización, confiscando la sede en Managua.
La iracunda reacción ocurrió después de que misiones independientes documentaran crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las protestas de 2018, así como elecciones nacionales fraudulentas y la instalación de un Estado policial.
En marzo de 2024, Nicaragua también retiró la invitación a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y expulsó a los funcionarios de la representación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cerrando aún más las puertas a la observación internacional.
Además se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del Programa Mundial de Alimentos, de la Organización Internacional para las Migraciones y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de Corte Centroamericana de Justicia.
Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han reiterado que el país vive bajo un “régimen de terror de Estado”. Ellos han documentado ampliamente detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, confiscaciones ilegales, destierros y despojo de nacionalidad a ciudadanos críticos, acciones que califican como crímenes de lesa humanidad.
Persecución a LA PRENSA libre: un crimen prolongado
La entrega del Premio UNESCO/Guillermo Cano a LA PRENSA también es una vindicación frente a años de ataques sistemáticos contra la libertad de prensa en Nicaragua.
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Desde 2018, al menos 54 medios de comunicación han sido cerrados, decenas de radios clausuradas, canales de televisión confiscados, y se ha forzado al exilio a cerca de 300 periodistas, muchos de ellos bajo amenazas directas de cárcel o represalias contra sus familias.
La redacción de LA PRENSA fue allanada violentamente en agosto de 2021; sus principales ejecutivos, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Cristiana Chamorro, fueron encarcelados bajo cargos fabricados de lavado de dinero, mientras sus bienes fueron confiscados y adjudicados a instituciones estatales bajo control de la familia presidencial.

Otros medios como Confidencial, 100% Noticias, Radio Darío y Esta Semana han sufrido igual suerte: confiscaciones, cierres y ataques judiciales coordinados contra sus periodistas y familiares.
Actualmente, el acceso a la información independiente dentro del país es casi inexistente, debido al control absoluto del régimen sobre los medios tradicionales, la censura de plataformas digitales, y la criminalización del periodismo bajo acusaciones de “ciberdelitos” o “traición a la patria”.
Además, Nicaragua se ubicó en el puesto 172 de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2025 presentada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), convirtiéndose en la nación con peor desempeño del continente americano, incluso por debajo de Cuba y Venezuela.
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Según el informe divulgado el viernes 2 de mayo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha erradicado la prensa independiente a través de censura, amenazas, encarcelamientos y exilios forzados, obligando a los medios críticos a operar únicamente desde el extranjero bajo condiciones de precariedad.
RSF advirtió que la represión contra el periodismo en Nicaragua no solo ha sido sistemática, sino legalizada mediante la confiscación de medios, la aprobación de leyes represivas y la criminalización de periodistas.
Nicaragua, fuera de la UNESCO
Durante décadas, la Unesco impulsó en Nicaragua programas de alfabetización, protección de sitios patrimoniales como las Ruinas de León Viejo, y cooperación en ciencia, educación, cultura e información.
La retirada de la Unesco agrava la condición del país y coloca a Nicaragua cada vez más hondo dentro del grupo de países parias en el mundo, como China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Eritrea, donde la represión, la censura y el aislamiento son el último refugio de las dictaduras.