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La reciente Resolución No. 04-2026 de la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades (Setec) establece un régimen de “Promoción Limpia” para la carrera de Medicina en Nicaragua. Su disposición más polémica determina que la reprobación de una sola asignatura durante el año lectivo implica la pérdida automática de la condición de estudiante y su expulsión definitiva de la carrera, eliminando por completo el derecho a exámenes especiales, de reparación o cursos de nivelación.
Desde la perspectiva del derecho administrativo vigente, la resolución posee validez formal al haber sido emitida por el órgano que, tras las reformas a la legislación de educación superior, asumió la facultad centralizada para normar los reglamentos de las universidades del país. Sin embargo, la legalidad formal no elimina el debate sobre su legitimidad material.
A nivel constitucional, el endurecimiento extremo de las condiciones de permanencia entra en tensión con el derecho a la educación, el principio de proporcionalidad y las garantías del debido proceso. Tradicionalmente, las expulsiones definitivas del sistema universitario han quedado reservadas para faltas disciplinarias graves, mientras que las insuficiencias académicas se corrigen mediante la repitencia, la pérdida de regularidad u otros mecanismos de recuperación del aprendizaje.
La Resolución 04-2026 introduce un modelo punitivo que dirige toda la responsabilidad hacia el estudiante y omite factores institucionales determinantes en la formación médica. Parte de la premisa de que el cien por ciento del rendimiento depende exclusivamente del alumno, sin contemplar auditorías sobre la calidad docente, metodologías de enseñanza, capacitación del profesorado o desempeño de quienes imparten las asignaturas con mayores índices de reprobación.
Tampoco considera las condiciones materiales bajo las cuales se desarrolla el proceso de enseñanza. La formación en Medicina depende de laboratorios equipados, bibliotecas actualizadas, hospitales docentes, recursos tecnológicos y aulas adecuadas. Ignorar estas variables implica desconocer que el desempeño académico también está condicionado por la calidad de la infraestructura que ofrecen las instituciones.
A ello se suma la eliminación de los mecanismos pedagógicos de recuperación. Al prohibir exámenes de reparación, tutorías especiales y cursos de acompañamiento, la resolución abandona el principio de la educación formativa para sustituirlo por un modelo de exclusión inmediata, donde la universidad deja de ser un espacio de formación para convertirse únicamente en un filtro.
Existe además un profundo desbalance en la aplicación uniforme de esta norma. Un régimen tan restrictivo de permanencia solo podría encontrar cierta justificación técnica y económica si existiera correspondencia con las condiciones de ingreso y con la fuente de financiamiento de los estudios.
En las universidades públicas, encabezadas por la UNAN-Managua y la UNAN-León, ingresan cada año miles de estudiantes bajo un esquema de gratuidad financiado con recursos públicos y sin los antiguos exámenes de admisión que históricamente funcionaban como filtros académicos. Podría sostenerse que el Estado tiene derecho a exigir altos estándares de rendimiento cuando subsidia directamente la formación profesional. Sin embargo, aplicar una “Promoción Limpia” sin un proceso riguroso de selección previa genera un embudo artificial: el sistema admite de manera masiva para luego provocar una deserción forzada dentro de las propias aulas.
La situación resulta aún más cuestionable cuando la misma sanción se extiende al sector privado. Universidades como la Universidad Americana (UAM), la Universidad de Defensa de Nicaragua (UDN-Hospital Militar) o la Universidad Católica Redemptoris Mater (Unica) son financiadas íntegramente por los propios estudiantes y sus familias. En estos casos, imponer desde el Estado una expulsión automática por reprobar una sola asignatura constituye una intervención desproporcionada sobre relaciones educativas sostenidas con recursos privados y limita innecesariamente la autonomía académica y contractual de esas instituciones.
La comparación con los principales sistemas universitarios del mundo también evidencia el carácter excepcional de esta medida. En el Espacio Europeo de Educación Superior, bajo el Plan Bolonia, reprobar una asignatura genera consecuencias económicas y obliga a repetirla, pero no produce la expulsión inmediata del estudiante. En Estados Unidos y Canadá, cuando el promedio académico disminuye, el alumno entra en un período de probation académica durante uno o dos semestres antes de enfrentar una suspensión temporal. En buena parte de América Latina prevalece el sistema de tercera matrícula, donde la baja definitiva únicamente ocurre después de reprobar reiteradamente la misma asignatura.
Ninguno de estos modelos elimina de manera absoluta las oportunidades de recuperación académica desde el primer fracaso.
La Resolución SETEC No. 04-2026 constituye, por ello, una medida pedagógicamente anómala, desproporcionada y alejada de los estándares internacionales de educación superior. Al suprimir los mecanismos de recuperación e ignorar la calidad docente, las condiciones de infraestructura y los desbalances existentes entre admisión, financiamiento y permanencia, la normativa termina convirtiéndose en un instrumento de sanción exclusiva contra el estudiante, mientras exonera de toda responsabilidad a las instituciones encargadas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El autor es doctor en Medicina.
