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A medida que pasa el tiempo, miles de nicaragüenses están cruzando el umbral de los 60 años, mientras se achica rápidamente los ciudadanos que son menores de 15 años. Hay menos nicas optando por la maternidad y más adultos arribando a la vejez en condiciones económicas adversas, mientras el mercado laboral se deteriora, según advierte el estudio El precio del envejecer: ¿Quién cuida a quienes nos cuidaron?
A principio del siglo XXI, Nicaragua tenía 2.16 millones de personas menores de 15 años, lo que equivalía al 42.6 por ciento de los 5.07 millones que componían la población total. Desde entonces y tras un rápido proceso de envejecimiento, este grupo descendió a 28.5 por ciento, de una población total de 6.87 millones al finalizar el 2024.
«Estamos ante una transición demográfica acelerada, con menos nacimientos, en combinación con una población mayor que crece en número y peso relativo», advierte el estudio realizado por la organización sin fines de lucro, Puente.
La otra cara de la moneda muestra una población que se envejece rápido. Desde el 2000, la población mayor de 60 años casi se triplicó al pasar de 231,566 personas en ese año a 671,728 en 2024. Se espera que para finales de este año este subgrupo poblacional supere los 700 mil.
«Nicaragua ha entrado de lleno en una transición demográfica que transformará el mercado laboral, la estructura de cuidados, el sistema de salud, el gasto público y las oportunidades de desarrollo económico», señala el estudio.
Según el reporte, el 54.3 por ciento de las personas mayores de 60 años son mujeres, mientras que los hombres representan el 45.7 por ciento.
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Factores del envejecimiento
¿Por qué se está envejeciendo rápido la población nicaragüense? El análisis plantea como una de las razones la reducción continua de la tasa de natalidad en los últimos 25 años. Esta pasó de 26.3 nacimientos por cada mil habitantes a 18.9 nacimientos.
Los nicaragüenses se están reproduciendo menos por el «mayor costo de vida y limitaciones para sostener familias numerosas; mayor acceso a educación, especialmente para mujeres y adolescentes; inserción creciente de las mujeres en el mercado laboral, lo que desincentiva los embarazos frecuentes; mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos y acceso a servicios de salud reproductiva; cambios culturales en las aspiraciones familiares y en la percepción del tamaño ideal del hogar».
La situación se ve empeorada por el fuerte flujo migratorio en años recientes, especialmente de adultos en edad reproductiva. Al respecto, menciona que «aunque no existen registros oficiales completos, diversas estimaciones de expertos indican que alrededor de 850,000 nicaragüenses han emigrado en los últimos seis años, equivalente aproximadamente al 12 por ciento de la población nacional».
Solo en 2021, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) citado en el estudio, el 74 por ciento de quienes emigraron ese año estaba entre 15 y 40 años. Al año siguiente, el porcentaje se elevó a 79. Es decir que ocho de cada diez personas que se fueron de Nicaragua estaban en ese rango de edad.
«En otras palabras: cuando la población joven se marcha, el país envejece más rápido, aun si la natalidad y la fecundidad se mantuvieran estables», sentencia el reporte.
En los últimos años miles de nicaragüenses huyeron de Nicaragua tras la escalada represiva de la dictadura de Daniel Ortega contra la población, a la que persigue y castiga con cárcel y destierro si se atreven a criticar su régimen y las violaciones a los derechos humanos.
Nicas envejecen pobres y sin pensiones
En ese contexto, ¿qué consecuencias está teniendo para la economía el rápido envejecimiento de la población?
En primer lugar, la población que está transitando hacia la vejez lo está haciendo en condiciones de pobreza debido a que la gran mayoría está saliendo de un mercado laboral que no ofrece la oportunidad de garantizar en el futuro una protección social básica. Están saliendo de un mercado del trabajo donde entre el 70 y 80 por ciento es informal, con salarios bajos y volátiles, la rotación es alta y el desempleo encubierto es persistente, sobre todo en modalidades de subempleo.
Por eso, «apenas una de cada cinco personas mayores en Nicaragua recibe una pensión de vejez completa. ¿Qué pasa con el otro 80 por ciento? Significa que más de medio millón de adultos mayores están fuera del sistema previsional o dependen de pensiones reducidas e irregulares que no cubren sus necesidades más básicas», según el estudio con base en un reporte del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
En medio de esa penuria, los adultos mayores se ven forzados a buscar alternativas de ingresos. «La mayoría solo accede a actividades informales, temporales o mal pagadas, sin seguridad ni estabilidad», describen los investigadores del reporte.
La Fundación Puente en su reporte resume así las condiciones de la mayoría de los nicas que están entrando a la vejez: tienen ingresos insuficientes, dificultades para comprar medicamentos, limitaciones para alimentarse adecuadamente, imposibilidad de costear atención médica especializada, dependencia forzada de familiares, deterioro acelerado de su salud física y emocional. Además sufren de vulnerabilidad social, de movilidad y seguridad, reducidas capacidades para ejercer ciudadanía.
Víctimas de la corrupción del INSS
Un elemento que pasa factura a la población que está envejeciendo en pobreza es la corrupción que por años ha sufrido el INSS. Dada esta situación, la entidad se ha vuelto insostenible por lo que la dictadura se ha visto forzada a aplicar ajustes en los últimos años, que ha implicado «reducción de prestaciones sociales claves que profundizan la vulnerabilidad y aumentan la cuota de sufrimiento», de este grupo poblacional.
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Para muestra un botón: las dos reformas realizadas a la seguridad social (2013 y 2019) tuvieron como propósito central reducir el monto mediante la modificación de la fórmula de cálculo. Los expertos estiman que la reducción supera el 30 por ciento en comparación con los montos previos a las reformas.
Además se ordenó eliminar dos ajustes anuales que recibían las pensiones, solo se limitó compensar las devaluaciones del córdoba. Al acabar la política de “deslizamiento cambiario”, se acabó el ajuste, dejando caer el peso de la inflación sobre las espaldas de los pensionados», recuerda.
Es por ello que durante el último quinquenio, los pensionados han perdido aproximadamente un 18 por ciento de su capacidad para adquirir alimentos. «Detrás de este porcentaje hay una realidad concreta: menos frijoles, menos queso, menos tortillas en las mesas de las familias que dependen de una pensión». El futuro no es nada alentador al respecto.