Moribundos, enfermos y sin esperanza: así viven las víctimas del Nemagón

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Dos mujeres abandonaron a Bernardo López porque ninguna pudo tener hijos con él. Tiene 61 años y ni un solo vástago. No tiene a nadie a quien heredarle nada y tampoco es que tenga mucho para heredar. Lo único que es de su propiedad, dice, es la pequeña casa de tablas en la que vive en la comunidad El Higueral, en Chinandega. 

La levantó con su esposa y los dos hijos de ella que son producto de otra relación. “Los quiero como si fueran míos porque yo los críe, pero aun así uno se queda con la cosa de que le hubiera gustado tener los suyos propios”, comenta este campesino afectado por el Nemagón, un pesticida tóxico utilizado por empresas bananeras entre los sesenta y ochenta en el occidente del país. 

Bernardo tenía 10 años cuando empezó a trabajar en una finca de un pueblo llamado Tonalá, cerca de Chinandega, cortando matas de bananos. Le decían “cabra” porque así se le conocía a los menores que llegaban a trabajar a las bananeras con sus padres. 

El hombre se dio cuenta que era estéril cuando tenía unos 20 años porque tras varios intentos de tener un hijo con su primera pareja, la mujer no quedaba embarazada. “No pegaba y la cosa es que fui al médico. Me dijeron que no podía tener hijos y yo me sentí como que era inservible, no vine a nada a este mundo”. 

Además de la infertilidad, con los años Bernardo también desarrolló insuficiencia renal. Esa misma enfermedad le quitó la vida a su padre en 2013. “Como a los 20 años ya no me servían a mí los riñones. Me hago diálisis tres veces a la semana, pero me dijeron el año pasado que se está acercando el momento que no me va a servir ya la diálisis”, cuenta. 

Le teme a la muerte, pero está preparado para ella. Desde que se enfermó y vio morir a su padre, sabe que ese día fatal llegará. 

La rutina semanal de este campesino es la misma desde hace 13 años. Cada lunes, miércoles y viernes viaja a Managua para someterse a la diálisis, el tratamiento que lo ha mantenido con vida hasta ahora. Está cansado. Sueña con un trasplante, pero no es nada más que eso. Un sueño. Sus posibilidades económicas no se lo permiten. 

Cada año, tanto a Bernardo como a otros campesinos afectados, les prometen una indemnización económica que nunca llega. Han sido décadas de reclamos y juicios para hacer que las empresas que usaron los pesticidas se hagan responsables de los efectos que tuvo en los campesinos. 

Como Bernardo hay cientos. Algunos desarrollaron cáncer, malformaciones, enfermedades en la piel, migrañas, infertilidad y más. Los que lograron tener hijos, nacieron con algún tipo de padecimiento o malformación. 

El caso ya fue tratado por un tribunal de Chinandega, y más recientemente, en Francia. El próximo 17 de febrero de 2026, un juez de apelaciones de París dictará sentencia para reconocer o no la condena a tres firmas estadounidenses, a las que la justicia de Nicaragua condenó a indemnizar más de 800 millones de dólares por haber contaminado con pesticidas a 1,246 recolectores de bananos como Bernardo. 

Lea también: Karla perdió sus brazos y a su madre en ataque de maras, pero no la alegría de vivir

Las empresas son Dow Chemical, Shell Oil y Occidental Chemical. “Esperamos que el sufrimiento de esta gente humilde sea por fin reconocido e indemnizado”, declaró a la agencia EFE, David Olivier Kaminski, uno de los abogados de los demandantes nicaragüenses quien también enfatizó que más del tercio de estos ya han fallecido. 

Falsas promesas 

Nemagón es el nombre comercial del químico dibromocloropropano (DBCP) y fue utilizado de forma indiscriminada en las plantaciones bananeras del occidente del país desde la década de 1960, cuando estas empresas se establecieron en Nicaragua atraídas por el potencial de cultivo que tiene la región. 

El pesticida fue desarrollado en los años cincuenta para combatir nematodos, bacterias y plagas en los cultivos de banano. Fue prohibido en Estados Unidos a finales de los años setenta, cuando se descubrieron afectaciones a trabajadores de una fábrica en California, pero se siguió siendo utilizado en Nicaragua hasta mediados de los ochenta bajo los nombres de Nemagón y Fumazone. También hubo afectados en Honduras y Costa Rica. 

El descuido fue tanto que hasta los recipientes en los que venía el pesticida eran reutilizado para almacenar agua en las fincas, recuerda Bernardo. 

Miles de campesinos de la zona que tuvieron contacto con el pesticida terminaron desarrollando enfermedades. Algunos ya han muerto y nunca conocieron justicia para sus casos. 

Anastasio Pérez falleció en 2008 de insuficiencia renal adquirida por trabajar varios años con el Nemagón. Él era originario de Granada y se dedicaba a la venta ambulante. A sus 35, se estableció en Posoltega y consiguió un trabajo cargando sacos en una finca bananera. Ahí estuvo entre 1972 y 1975, relata un familiar que solicita no ser identificado. 

Fue cuestión de tiempo para que los vómitos y las erupciones en la piel aparecieran. De repente, a Anastasio le entraban ganas de vomitar, andaba pálido y se le caía el pelo. “Pensaron que tenía hepatitis o cirrosis porque bebía guaro, pero nada de eso. Tenía insuficiencia renal crónica”, cuenta su familiar. 

Anastasio fue uno de cientos de campesinos que marcharon desde Chinandega hacia Managua entre 1990 y 2006. Reclamaban que las empresas se hicieran cargo de los padecimientos que les provocó el trabajar con el pesticida. 

Pero este campesino ya no vio justicia. A los 63 años fue encontrado muerto en su casa en Posoltega. Ahora, sus familiares quedaron como beneficiarios y continúan reclamando justicia. Ya no es ni por el dinero, dicen. “Es cierto que no devuelven a nuestro ser querido, pero sí esperamos que al menos reconozcan su responsabilidad”. 

Por otro lado, el familiar de Anastasio detalla que todos los años hay personas que se aprovechan de la tragedia. Se hacen pasar por representantes de los afectados, piden dinero para hacer gestiones legales y les prometen que la indemnización llegará. 

“En Semana Santa y para fin de año siempre aparece esa gente pidiendo. Hubo gente que hasta vendió propiedades para pagar y que se agilizara, pero nada. Ya estamos en 2025 y no hemos visto nada”, detalla. 

Sobre la sentencia que se prevé que emita un tribunal francés, esta familiar indica que no tiene expectativas. “El Nemagón es una promesa en la que nadie cree”, sostiene. 

El juicio 

Fue en los noventa cuando los afectados por el pesticida comenzaron a organizarse y a reclamar indemnizaciones a las empresas bananeras. Para entonces ya se contaban las primeras personas fallecidas por el químico mientras que los hospitales de Chinandega recibían muchos casos de mujeres que perdían a sus hijos durante el embarazo o que nacían con malformaciones. 

En 1997, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), realizado a 154 madres en el hospital de Chinandega, demostró que 153 de ellas presentaban altos niveles de químicos en sus cuerpos. Los rastros se encontraban principalmente en la leche materna, la sangre y el cordón umbilical. 

Para entonces, los campesinos afectados hicieron varias manifestaciones y en 1999, marcharon a pie desde Chinandega hasta Managua. Algunos campesinos incluso se quedaron a vivir por años en champas que levantaron sobre el costado oeste de la Asamblea Nacional y amenazaron con no retirarse hasta que las autoridades les ayudaran con sus reclamos. 

Estas personas se movieron de ahí hasta en 2011, cuando la primera administración de Daniel Ortega les regaló casas en el costado norte del parque Pedro Joaquín Chamorro. 

Por otro lado, en 2001, unos 2,400 campesinos llevaron el caso a juicio en el Juzgado de Distrito de Chinandega, aunque muchos no pudieron continuar porque no cumplían con los requisitos. 

En 2006, la jueza primero de Distrito de lo Civil y Laboral de Chinandega, Socorro Toruño, condenó a Shell Oil Company, Dow Chemical, Occidental Chemical, Dole Fruit Company y Standart Fruit Company a pagar 805 millones de dólares a unos 1,248 extrabajadores de fincas bananeras. Otras cuatro empresas quedaron absueltas de responsabilidad. Estas fueron Dole Fresh Internacional Limited Company, Chiquita Brand Internacional, Del Monte Fresh Product Company y Del Monte Tropical Fruit Company.

Lea también: Dolor y estafa en la repatriación de una nicaragüense

Entre las evidencias presentadas por un buffete de abogados que representaba a los afectados, había documentación interna de estas compañías que en el año 1957 realizaron muestras de laboratorio que revelaban que el uso del pesticida causaba daño a los riñones, además de esterilidad. 

También se presentó un memorando con fecha del 15 de septiembre de 1977, remitido por la Organización de Protección al Medio Ambiente a la empresa comercializadora Occidental Chemical, donde se prohibía el uso del pesticida en Estados Unidos. 

Este fallo fue confirmado en casación por la Corte Suprema de Justicia (CJS) y como las empresas no querían cumplir, los demandantes llevaron en 2008 el caso a Francia, siguiendo un procedimiento llamado “exequátur”, que permite aplicar en este país un fallo de un tribunal extranjero. 

Sin embargo, en aquella ocasión, el tribunal francés rechazó el caso. El abogado Barnard Zavala explicó entonces a medios de comunicación que “no nos admiten el reclamo porque los jueces no tenían jurisdicción sobre las empresas”. 

El tribunal francés consideró que la jueza Toruño “no era competente” para llevar el caso, además de que las empresas pidieron que se juzgara en Estados Unidos porque consideraban que la justicia en Nicaragua estaba amañada. 

Luego de eso, en 2011, la Dole Fruit Company se acercó para negociar con los abogados de un grupo de afectados y acordaron un finiquito por 16 millones de dólares. Luis Ángel Castillo, uno de los líderes de los demandantes, explicó en aquel entonces que a pesar de que no era una negociación justa porque correspondía a menos del 5 por ciento de lo demandado, “con ella dejábamos constancia de que la compañía con mayor capacidad económica aceptaba la culpabilidad de los daños”. 

Sin embargo, pese a algunos fallos judiciales y al reconocimiento internacional de la tragedia, la compensación para la mayoría de los afectados sigue sin llegar porque las empresas demandadas han encontrado estrategias legales para evadir responsabilidades durante años. 

En mayo de 2022, los demandantes volvieron a acudir a un tribunal francés en buscar de hacer cumplir la sentencia, pero fueron rechazados nuevamente. Los abogados apelaron y consiguieron que el próximo 2026, la justicia francesa dicte una nueva sentencia en la que reconocerá o desestimará el fallo. 

Dicha sentencia sería aplicable en toda la Unión Europea, en donde las empresas también tienen intereses. 

El abogado David Olivier Kaminski explicó a la agencia EFE que si bien el fallo de 2006 hablaba de unos 800 millones de dólares, estos ahora se han incrementado a 2,000 millones debido a intereses y retrasos. 

Demasiado tarde 

Cualquiera que sea la resolución del caso en París, a Bernardo López ya no le sirve de mucho, dice. “Pongámosle que digan que van a dar el dinero, pero después van a buscar más excusas para no darnos nada. Así es esa gente”, indica. 

Los familiares de Anastasio Pérez tampoco tienen muchas expectativas. “Todos los años es el mismo cuento. Mi abuelo murió en 2008, hace 13 años. Estamos en 2025 y no hemos visto ni un solo peso”, reclaman. 

Más allá del optimismo de los abogados, a Bernardo no le va ni le viene porque la vida ya le dio a él su propia sentencia. “El dinero está bien porque sí hace falta, pero ya a estas alturas ¿qué voy a hacer para salvarme? Para cuando resuelvan algo ya voy a estar muerto”.