De forma unánime, los diputados de la Asamblea Nacional —al servicio de la dictadura sandinista— aprobaron a los cinco candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que Daniel Ortega y Rosario Murillo “propusieron” ayer, entre ellos operadores judiciales del régimen acusados de graves crímenes por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
De esta manera, los nuevos magistrados de la CSJ impuestos por el régimen son: Ana Julia Guido Ochoa, Shura Bonilyn Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino.
Según el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, los nuevos magistrados de la CSJ sandinista serán juramentados este jueves 27 de noviembre.
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Comisión Especial aprobó en tiempo récord
En tiempo récord, la comisión especial parlamentaria —presidida por una diputada del Frente Sandinista— realizó el proceso de consulta y dictamen, decidió que no era necesario convocar audiencias con los candidatos y emitió un dictamen favorable a la propuesta de la dictadura.
«Que reúnen los requisitos y no presentan inhabilidades los candidatos y candidatas propuestas a magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia», señala el dictamen de la comisión, encabezada por la diputada oficialista María Auxiliadora Martínez Corrales.
Entre estas nominaciones destacan Shura Bonilyn Welcome Crawford, del Distrito Penal de Juicio de Bluefields; José Manuel Fuertes Toledo, secretario político departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Boaco; el exmagistrado de Apelaciones, Ernesto Rodríguez Mejía, quien despojó de su nacionalidad a 94 nicaragüenses el 15 de febrero de 2023.
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Ana Julia Guido señalada de fabricar casos
Estados Unidos sancionó a Guido en 2020, y a Rothschuh y Rodríguez en 2023. A Guido la señalan de dirigir la institución que fabricó casos contra opositores y de abusar de su cargo como fiscal general, mientras que Rothschuh y Rodríguez participaron en el despojo de la nacionalidad de centenares de excarcelados políticos y críticos del régimen.
La pareja de dictadores envió su propuesta a la Asamblea Nacional justo cuando oficializó las renuncias de los magistrados liberales José Manuel Martínez Sevilla, Virgilio Gurdián y del sandinista Armengol Cuadra López. En ese proceso también surgieron otros posibles candidatos.
Además de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló a la fiscal Guido Ochoa como un funcionario clave en la persecución política a través de la fabricación de casos judiciales.
Según el GHREN, Guido Ochoa recibía órdenes directas de Ortega y Murillo, o instrucciones transmitidas por Néstor Moncada Lau, asesor presidencial en seguridad. Los expertos señalan que la fiscal supervisaba las investigaciones coordinadas entre policías y fiscales en Managua y en otros departamentos del país. Además, enviaba instrucciones de carácter político a fiscales y jueces sobre a quiénes debían procesar.
Fichas del Tribunal de Apelaciones
Ernesto Rodríguez, como presidente del TAM a partir de 2021, transmitía órdenes del magistrado Marvin Aguilar junto con la jueza Karen Chavarría para procesar a presos políticos.
Rodríguez fue quien presidió la lectura de las resoluciones judiciales emitidas por jueces de distrito penal de Managua contra 94 opositores para despojarlos de su nacionalidad. Tras la lectura, declaró que los acusados ejecutaban y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz y la soberanía, y que «no se les puede considerar ciudadanos nicaragüenses».
Fue sancionado por Estados Unidos el 19 de abril de 2023 por estar implicado en graves abusos de derechos humanos.
En el caso de Rothschuh, es magistrado y presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua desde 2021. Señalado de despojar de su nacionalidad a 222 nicaragüenses presos políticos a quienes acusó de ser traidores a la patria.
Por estas razones, según el GHREN, Rodríguez Mejía y Rothschuh Andino actuaron como magistrados de alta jerarquía que usaron sus cargos en el Tribunal de Apelaciones de Managua para ejecutar órdenes políticas de la Presidencia y la Vicepresidencia. Ellos garantizaron la fabricación de casos y la privación arbitraria de la nacionalidad y los bienes de cientos de opositores, y con ello consolidaron la instrumentalización del sistema judicial.
