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En el marco de la “Búsqueda del Estado de derecho”, juristas, académicos y profesionales se reunieron para un diálogo profundo sobre el significado y la aplicación de este principio en la Unión Europea. Sin embargo, el desafío que se avecina es más fundamental: el Estado de derecho está retrocediendo en Europa, poniendo en peligro la propia democracia.
Desde la Segunda Guerra Mundial, las democracias liberales han construido y mantenido sus contratos sociales sobre tres pilares que se refuerzan mutuamente: la libertad, la prosperidad y el estado de derecho. La libertad individual impulsó un dinamismo innovador; el Estado de derecho garantizó la igualdad de condiciones; y la prosperidad resultante fortaleció la confianza en ambos. Esta dinámica configuró la Guerra Fría y ha sido la principal fuente de legitimidad del proyecto europeo desde sus inicios.
Hoy, este sistema está en crisis. Lejos de beneficiar a todos, la globalización ha provocado que muchos hogares europeos se hundan rápidamente. A medida que la riqueza se ha concentrado cada vez más y la clase media se ha debilitado, cosas que las generaciones anteriores daban por sentadas, como poder costear una vivienda con un salario a tiempo completo, están fuera del alcance de muchos, especialmente de los jóvenes. La movilidad social ascendente se asemeja cada vez más a una quimera.
Sin prosperidad compartida, la libertad se percibe como una farsa. La extendida sensación de que el contrato social se ha roto ha minado la fe en el Estado de derecho —cuya función esencial es limitar el poder— y ha alimentado la ira popular. Los políticos populistas, aprovechando esta creciente frustración y resentimiento en muchos países, han utilizado con frecuencia su poder para debilitar o politizar el poder judicial. Mientras tanto, las instituciones de la UE han demostrado ser demasiado fragmentadas o ineficientes para actuar con decisión y eficacia, incluso en lo que respecta a la defensa del Estado de derecho.
El Estado de derecho representa mucho más que normas codificadas. Es el principio de que la fuerza debe someterse a la razón: la máxima expresión de nuestro empeño por convivir pacíficamente. En su ausencia, el poder se ejerce arbitrariamente y la libertad, desligada de la responsabilidad, se confunde con el deseo o la identidad. Se exige el “derecho” a decir cualquier cosa, sin rendir cuentas por su veracidad o impacto, y se tacha cualquier apelación a la verdad de ataque a la libertad.
Los avances tecnológicos amenazan con reforzar estas tendencias destructivas. A menos que se diseñen e implementen las regulaciones adecuadas, es probable que la IA enriquezca a unos pocos privilegiados, limitando las oportunidades para el resto. Además, delegar la gobernanza en algoritmos no es la forma de revitalizar un contrato social ni la legitimidad democrática que lo sustenta. Si a esto se le suma la creciente instrumentalización de la energía, los datos, la infraestructura y los flujos financieros, los desafíos futuros no harán sino intensificarse.
Lejos de buscar fortalecer el Estado de derecho para abordar estos desafíos, el Estado de derecho se percibe cada vez más como el problema, y el modelo autoritario chino como la solución. Según el reciente libro de Dan Wang, Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future (A toda velocidad: La búsqueda de China por diseñar el futuro), la indiferencia de China hacia los procesos legales le ha permitido convertirse en un “Estado ingeniero”, capaz de “construir megaproyectos sin temor”, en contraste con la “sociedad legalista” estadounidense, que se interpone en su propio camino. “Estados Unidos ya no tiene Estado de derecho”, lamentó Niall Ferguson en un podcast de la Institución Hoover el mes pasado. “Tiene el gobierno de los abogados”.
En nuestro mundo acelerado, la gente busca resultados inmediatos, no debates engorrosos ni una maraña de normas, y China parece ofrecer precisamente eso. El Partido Comunista Chino, sin duda, desea que así lo creamos, promoviendo su particular estilo de autoritarismo capitalista de Estado como un modelo superior que otros deberían imitar. China también ha buscado crear un marco alternativo para la cooperación internacional. En septiembre, el presidente chino, Xi Jinping, presentó una nueva Iniciativa de Gobernanza Global que promete igualdad soberana, cumplimiento del derecho internacional, un enfoque centrado en las personas y la obtención de resultados tangibles.
Pero tras esta retórica atractiva se esconde una visión sombría, donde la ley existe para servir a la autoridad y la libertad es prescindible. En tiempos de creciente desigualdad y menor rendición de cuentas, la democracia podría parecer un precio insignificante a pagar por la eficiencia y la prosperidad, y el apoyo a políticos de extrema derecha sugiere que muchos europeos son susceptibles a esta lógica. Sin embargo, nadie debería minimizar la pérdida de derechos humanos que implica este intercambio. Tampoco debemos olvidar que los valores, sistemas y soluciones arduamente conquistados, desarrollados y consolidados mediante procesos democráticos complejos, son mucho más duraderos que aquellos sujetos a los caprichos autoritarios.
Para resistir este canto de sirena, Europa debe transformar su experiencia regulatoria en capacidad de acción, desarrollando una arquitectura energética resiliente, sólidas capacidades de seguridad y defensa, y una política industrial que no penalice la innovación. Asimismo, debe impulsar una diplomacia que reúna a los actores globales afines en torno a principios y estándares compartidos. Fundamentalmente, debe restaurar y reequilibrar los tres pilares de su contrato social.
Esto exigirá una economía que cree oportunidades para todos, una política que garantice una rendición de cuentas efectiva y una cultura que reconozca la libertad como inseparable de la responsabilidad. Lejos de ser una cuestión de nostalgia, se trata de un requisito indispensable para la estabilidad y el progreso futuros. Solo una renovación de este tipo permitirá a Europa prosperar y seguir siendo un modelo de valores democráticos.
La autora es exministra de Asuntos Exteriores de España y exvicepresidenta sénior y consejera general del Grupo Banco Mundial, es profesora visitante en la Universidad de Georgetown.
Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.
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