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El crecimiento y la solidez macroeconómica no garantizan el respeto a los derechos humanos. La historia ofrece numerosos ejemplos de regímenes autoritarios que, aun cometiendo graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas, han utilizado la estabilidad económica como escudo y el crecimiento como legitimación externa mientras intensifican la represión interna.
En el Chile de Pinochet hubo miles de detenidos, ejecutados, desaparecidos y torturados, y se cometieron crímenes de lesa humanidad; sin embargo, las reformas de mercado impulsaron el llamado “milagro chileno” en los años ochenta. Algo similar ocurrió en la España franquista durante el desarrollismo: el autoritarismo, la censura y la persecución política coexistieron con el “milagro español” tras el Plan de Estabilización de 1959. Este patrón se repitió en Indonesia, bajo Suharto; en Corea del Sur, bajo Park Chung-hee; en Singapur, bajo Lee Kuan Yew; en el Brasil de las dictaduras militares de los sesenta y setenta y, por supuesto, se repite en la Nicaragua actual bajo la dictadura Ortega-Murillo.
Lo que mejor ilustra este contraste para el caso nicaragüense es la declaración de la comisión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) del 18 de noviembre, en el marco del Artículo IV; y el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) presentado al Consejo de Derechos Humanos el 30 de octubre de 2025. En conjunto describen una economía con indicadores sólidos en un país gobernado por una tiranía dinástica inmersa en un patrón de represión doméstica y transnacional cada vez más sofisticado. Aunque difieren en enfoque y lenguaje, coinciden en señalar un entorno internacional crecientemente adverso, producto del desmantelamiento del Estado de derecho, el deterioro de la gobernanza y el aumento de la migración forzada.
El FMI reconoce que la economía mantiene un desempeño positivo, pero advierte riesgos a la baja ante la posibilidad de “sanciones internacionales más estrictas y amplias” y frente a la incertidumbre en torno a posibles “acciones comerciales adicionales recomendadas por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU.” El GHREN aporta la dimensión política de estas presiones: documenta detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, confiscación de bienes y despojo de nacionalidad, calificados como crímenes de lesa humanidad cometidos por una estructura estatal jerarquizada bajo las órdenes de Ortega y Murillo.
Ambos organismos coinciden también en que la institucionalidad y el Estado de derecho han sido profundamente socavados. El FMI subraya la urgencia de “mejorar significativamente el Estado de derecho, la transparencia de los procesos administrativos y judiciales relacionados con la propiedad y reforzar el marco anticorrupción y la gobernanza”. Este diagnóstico converge con el del GHREN, que describe “una captura total de las instituciones del Estado”, la ausencia de separación de poderes, el control absoluto del poder judicial, del parlamento, de la policía y de los órganos electorales, así como el uso de nuevas leyes para legitimar y encubrir la represión.
En el ámbito migratorio, ambos informes muestran una Nicaragua cuyo tejido económico y social depende cada vez más de una diáspora expulsada por miedo o persecución. El FMI enfatiza el papel crítico de las remesas para sostener el consumo, la estabilidad externa y las reservas internacionales. Mientras tanto, el GHREN se centra en la situación de los exiliados, sometidos a una política sistemática de represión transnacional que alcanza a sus familias y genera un clima de inseguridad más allá de las fronteras.
El FMI señala que el Sistema Financiero de Nicaragua continúa mostrando fortaleza, pero esta estabilidad podría deteriorarse. La ola de confiscaciones —incluyendo para dar concesiones a empresas chinas— y la implementación de la nueva ley de fronteras, que afecta extensas zonas productivas, inevitablemente afectarán la cartera crediticia, elevando la morosidad y desacelerando el crédito. La estabilidad macroeconómica descrita por el FMI está siendo puesta a prueba por un régimen que, como señala el GHREN, opera mediante un aparato de represión interno y externo.
En realidad, a pesar de los buenos indicadores macroeconómicos, el panorama para el régimen comienza a complicarse. El FMI anticipa una desaceleración en 2026 vinculada a la política arancelaria de EE.UU. y a una posible reducción del ritmo de crecimiento de las remesas. Además, las violaciones a los derechos humanos que han llevado al país a incumplir el tratado de libre comercio DR-Cafta darán lugar a sanciones comerciales severas por parte de EE.UU., lo cual podría desencadenar una contracción económica profunda. Aunque estas sanciones serían temporales y reversibles si el régimen corrigiera las violaciones, difícilmente lo hará porque es el aparato represivo el que sostiene al régimen en el poder.
A ello se suma un creciente repudio internacional que ha llevado al país a un aislamiento casi total. La comunidad internacional demanda mayor presión, mientras el afán sucesorio de la co-dictadora Murillo ha desencadenado una paranoia que impulsa al régimen a perseguir incluso a antiguos aliados. Esa dinámica de desconfianza pone a prueba la estabilidad del propio régimen.
Las señales son claras. La economía, aunque aún resistente, comienza a mostrar fisuras producto de una dinámica autoritaria descontrolada. El cerco diplomático se estrecha, las sanciones se vuelven inevitables y la represión ha alcanzado un punto que empieza a desgastar el poder. La historia demuestra que los autoritarismos que parecen invencibles suelen caer abruptamente cuando convergen la presión externa, el aislamiento y el desgaste interno. Ese proceso ya ha comenzado en Nicaragua. Aunque el camino será difícil, el principio del fin está en marcha, y con él surge la posibilidad real de que el país recupere la libertad, la dignidad y la democracia.
